María Ruiz
El ámbito escolar, que debería ser un santuario de aprendizaje y seguridad, se ha convertido en un escenario donde la violencia contra la infancia se manifiesta de manera alarmante. Las estadísticas revelan que, entre 2015 y 2020, los casos de lesiones por violencia sexual en menores de cinco años aumentaron un 76.1 por ciento, y en el 78.5 por ciento de estos casos los agresores eran personas cercanas, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad en entornos supuestamente seguros.
En el contexto educativo de San Luis Potosí, la realidad es aún más preocupante. Las activistas Claudia Cuéllar y Mariana Juárez han dedicado más de cinco años a trabajar directamente en espacios escolares, identificando la ausencia de protocolos y normativas claras que permitan una atención oportuna y eficaz a las víctimas.
En septiembre de 2023 presentaron una ambiciosa iniciativa que busca modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia al proponer que cada zona escolar o escuela pública cuente con un área o unidad de género especializada. Estas unidades, ya existentes en otros ámbitos públicos y privados, permitirían orientar y atender a las mujeres, niñas y adolescentes que sufren cualquier forma de violencia, aportando herramientas de prevención y respuesta inmediata.
Aunque en 2023 se introdujeron modificaciones a la Ley de Educación estatal para reforzar la prevención de la violencia en las escuelas, la falta de una estructura operativa definida impide la aplicación efectiva de dichas reformas.
Este vacío normativo y estructural deja a miles de niñas y adolescentes sin protección en espacios que deberían ser seguros, y evidencia una deuda pendiente por parte del Estado en materia de políticas públicas.
Además, la responsabilidad recae en diversas comisiones legislativas, entre ellas la de Igualdad de Género, con la diputada Roxanna Hernández Ramírez a la cabeza; la de Derechos Humanos, en la presidencia de Marco Antonio Gama Basarte; la de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, encabezada por el diputado Juan Carlos Bárcenas Ramírez; y la de Niñez, Niñas, Adolescentes, Juventud y Deporte, liderada por Mireya Vancini Villanueva, las cuales han mostrado una notable inacción ante la urgencia de establecer medidas protectoras en el ámbito escolar.
La omisión legislativa no solo refleja una falta de sensibilidad ante el problema, sino que perpetúa el riesgo para quienes más necesitan un ambiente seguro para crecer.
