Estela Ambriz Delgado
El diputado local Marco Gama Basarte presentará este martes en el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para incluir a las mujeres privadas de su libertad en el estado en las campañas de reparto de insumos de salud menstrual, pero se deja el término de “personas menstruantes” que las invisibiliza, además de que es un derecho que ya se encuentra plasmado en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Luego de que la semana pasada tuvo que ser cancelada la visita al Centro Penitenciario Único Femenil del Xolol, en el municipio de Tancanhuitz, donde sesionaría la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, debido a la inasistencia de tres legisladores, entre los que se encontraba Gama Basarte, él mismo hace esta propuesta que, de acuerdo con la maestra en política criminal Claudia Espinosa Almaguer, se trata de un trabajo mal construido.
La iniciativa pretende reformar la fracción II del artículo 133 de la Ley de Salud del Estado, en el que se determinan las acciones que podrán emir la Secretaría de Salud y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y en la fracción II se indica que “de conformidad con la suficiencia presupuestal que se tenga, programas de entrega de insumos de salud menstrual de manera gratuita, con el fin de garantizar la seguridad de las personas menstruantes; priorizando a la población con mayor grado de marginación social y pobreza”, agregando que estos serán extensivos a aquellas mujeres recluidas en los centros penitenciarios en el estado, en coordinación con las autoridades correspondientes.
La también consejera suplente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) señaló que esta propuesta mantiene el uso de un lenguaje misógino que borra a las mujeres, ya que además de estas no existen otros seres humanos que menstrúen, por lo que invitó al diputado a que se revise a fondo con sus asesores.
Apuntó que a pesar de que no se tenga el tiempo para avocarse a cada reforma que proponen, en alguien recae la responsabilidad de lo que se plantea y ese tipo de lenguaje es misógino, así como formar parte de ideas de extrema derecha, progresistas, impensadas y mal reflexionadas que borran el sexo.
Además, especificó que este derecho para las mujeres privadas de su libertad ya se encuentra determinado en el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, donde se establecen derechos específicos como el acceso a insumos para salud menstrual de manera gratuita y en cantidad suficiente, además de su acceso a servicios de salud, educación, y capacitación laboral, entre otros.
“Entonces sí hay una irresponsabilidad, no sé si de los asesores, pero hay un trabajo mal construido, porque no puede ser que tu estés pensando una política dirigida a proveer toallas sanitarias y que no seas ni siquiera capaz de nombrar a las mujeres”.
