Por Victoriano Martínez
El jueves 5, Marcela Alemán y Roberto Cuello, padres de la niña que padeció abuso sexual en un jardín de niños en Rioverde, y Silvia Castillo, madre de un joven asesinado, viajaron a la Ciudad de México para bloquear avenidas en protesta porque las autoridades no les han cumplido los compromisos hechos para poder hacerles justicia.
El viernes 6, familiares y amigos de Franky, un joven tapatío preso aquí, viajaron desde Jalisco para manifestarse frente a la Fiscalía General del Estado para exigir justicia porque se le acusa de un delito que nunca cometió.
Tres casos que llevan años y que representan una muestra de dos formas en la que la procuración de justicia en el Estado le falla a las víctimas: por omisión o por acción errónea. En el segundo caso, genera nuevas víctimas.
Tanto en el caso de Lía, la hija de Marcela Alemán y Roberto Cuello, como en el de Alan, el hijo de Silvia Castillo, no hay duda de su condición de víctimas y el hecho de que a varios años de cometidos los delitos no haya sanciones para los responsables exhibe la ineficiencia de la FGE.
En el caso de Franky, su condición de víctima se da en tanto –conforme a la versión de su defensa– se le aplica en sentido opuesto el principio de presunción de inocencia: se presume culpable y se le mantiene preso hasta que demuestre lo contrario.
Sus defensores revelaron que en una próxima audiencia intermedia, se autorizarán o no, entrevistas tanto a la víctima como a un testigo, lo que será clave para que el procedimiento judicial en contra de Franky se suspenda.
Una posibilidad que no sólo dejaría mal parada a la FGE por su mala interpretación de la presunción de inocencia, dado el señalamiento de los familiares de Franky en el sentido de que la Fiscalía se ha dedicado a destruir las pruebas de la defensa, cuando su función es demostrar que una persona detenida es culpable.
Son tantos los casos en los que se falla a la víctima por omisión, que hasta han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ésta ha ordenado la reapertura de investigaciones, como en el de Karla Pontigo. Salir a exigir justicia desde más allá del ámbito estatal como ahora lo hacen las madres de Lía y Alan parece volverse una necesidad.
Tampoco es la primera ocasión en que se señala a la Fiscalía como destructora de pruebas. El caso del empresario Eduardo Olivares, víctima de robo en su negocio, muestra que no sólo se destruyen pruebas para inculpar a inocentes, sino que también para encubrir a culpables que, como en su caso, involucra a policías.
Como estos casos de omisiones y de acciones erróneas se pueden encontrar más. Lo que difícilmente se llega a ver es una actitud proactiva desde la Fiscalía que favorezca la procuración de justicia. Todo lo contrario. Hasta casos en los que la víctima recurre a un amparo (por ejemplo, el número 1136/2018, ante el Juzgado Cuarto de Distrito) para ser reconocida como tal.
Una actitud con muy poca correspondencia con el lema plasmado en el logotipo de la FGE: probidad, justicia, profesionalismo.
