Por Victoriano Martínez
El clima de inseguridad, además de los crímenes atroces, balaceras y en general la incidencia delictiva que genera temor en más del 80 por ciento de la población, también provoca pérdidas para el sector productivo, al grado de que se ve obligado a modificar sus operaciones.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del INEGI, durante 2021 el 29.7 por ciento de los negocios redujo sus horarios de producción o comercialización, el 17.4 dejó de manejar efectivo, el 24.5 por ciento canceló inversiones, el 12 por ciento dejó de comercializar o de hacer negocios, y en el 5.1 por ciento los dueños dejaron de asistir a su negocio.
Se trata de medidas que tienen que ver con efectos directos por los delitos que se cometen en contra de las empresas de todos los tamaños que han provocado una percepción de inseguridad entre los negocios del 71.1 por ciento.
Durante 2021, el INEGI estimó que la situación de inseguridad en el Estado representó un costo para las empresas por 3 mil 76 millones 540 mil 918 pesos, de los cuales 2 mil 67 millones 430 mil 222 pesos correspondieron a gastos en medidas de protección contra la delincuencia y mil 9 millones 110 mil 696 pesos a pérdidas a consecuencia del delito.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona presumió el pasado lunes en su informe de gobierno una inversión de tres mil millones de pesos en la reestructura de los cuerpos de seguridad en el último año, una cifra que resulta inferior al costo que para el sector empresarial tuvo el clima de inseguridad.
El gobierno actual no es ajeno al costo que la iniciativa privada enfrentó por la inseguridad durante 2021, ya que la cuarta parte del año ya se encontraba a cargo de garantizar la seguridad pública y los cambios en ese sentido, con la Guardia Civil Estatal como principal bandera, se dieron hasta entrado este año.
La ausencia de datos, durante el informe de Gallardo Cardona, sobre los resultados en la incidencia delictiva por los cambios en el esquema de seguridad impiden saber si se tuvo algún efecto en las pérdidas que la inseguridad provocó en los negocios, aunque –de haberlo tenido– habría sido un dato infaltable por el impacto favorable para la imagen de quien todo lo hace con esa intención.
En consecuencia, lo más previsible es que el costo de la inseguridad para las empresas se haya mantenido en una tendencia creciente en grado alarmante, según lo muestra la ENVE del INEGI en los últimos 10 años, a pesar de que se trata de un ejercicio bianual.
En 2011, la inseguridad le costó a las empresas 397 millones 968 mil 866 pesos: 147 millones de pesos 471 mil 2 pesos en gastos en medidas de protección contra la delincuencia y 318 millones 176 mil 365 pesos por pérdidas a consecuencia del delito.
Comparado con el costo de la inseguridad en 2021, los dueños de negocios gastaron 14.02 veces lo que diez años atrás, las pérdidas se multiplicaron 3.17 veces, lo que arroja que el costo total de la inseguridad se multiplicó por 7.73.
La enorme diferencia en el crecimiento del gasto en medidas de protección (14.02) contra el aumento en las pérdidas (3.17) resulta un indicador de que lo que invierten los empresarios para protegerse tiene un cierto grado de eficiencia.
Pero el hecho de que el incremento en el costo total sea del 673.06 por ciento tendría que entenderse como que los dueños de negocios han tenido que enfrentar con sus propios recursos lo que la autoridad no ha podido garantizarles.
Una tendencia en el crecimiento del gasto en protección contra la delincuencia que muestra cómo la inseguridad generó una nueva actividad: los servicios de seguridad privada pasaron de ser un negocio de 147 millones 471 mil 2 pesos en 2011, a redituar 2 mil 67 millones 430 mil 222 pesos, cual si se tratara de una carga impositiva más… porque los impuestos formales no dan resultados.
