Por Victoriano Martínez
¿Qué pasó entre las 10 de la noche del jueves y las 3 de la mañana del viernes en las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado y la Procuraduría General de Justicia del Estado en transición a Fiscalía General del Estado?
Sólo quienes estuvieron ahí podrán saberlo, porque las versiones que se den únicamente por una de las partes involucradas y sin un respaldo documental confiable, siempre dejarán abierto un amplio espacio a la especulación en una sociedad acostumbrada al sospechosismo, sobre todo cuando se trata de actos de autoridades que a pulso han perdido credibilidad.
La afirmación de que un operativo tan aparatoso es una “inspección que forma parte de los convenios de colaboración que tiene la PGR con procuradurías o fiscalías en todo el país, así como la Procuraduría de Justicia Militar, y tienen como finalidad que todo se encuentre en orden y en reglamento en cada corporación policial, ya que nadie está por encima de la ley”, es poco de fiar.
Los convenios de colaboración de la PGR con las procuradurías de justicia militar y las estatales tienen una larga historia. El más antiguo localizado en la Normateca Sustantiva de la PRG se firmó en Mazatlán y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 1993.
Después de aquel, se han firmado cuatro convenios: en Quintana Roo publicado el 27 de abril de 2001 en el Diario Oficial; en San Luis Potosí publicado el 26 de junio de 2007; en Acapulco, publicado el 23 de noviembre de 2012, y el más reciente firmado en la Ciudad de México el 22 de noviembre de 2014.
En la misma normateca de la PGR aparecen en total 46 acuerdos, manuales, protocolos y convenios de esa instancia federal en los que está involucrado el estado de San Luis Potosí.
No obstante, ninguno de esos documentos establece que se pudieran realizar inspecciones tan inquietantes como la ocurrida hace dos noches. Se habla de intercambio de información, pero en un ambiente de cordialidad y colaboración, sin los desplantes de la noche del jueves que abrieron un amplio espectro de especulación, que los intentos de aclaración poco pudieron mitigar.
Si se trató de una acción derivada de los convenios de colaboración, no tendría por qué tardar tanto la explicación a ofrecer públicamente y ésta no tendría que darse por sólo una de las partes. Una explicación así tendría mayor sentido si hubiesen dado de manera conjunta los involucrados: los responsables del operativo, los titulares de la PGJE y la Policía Ministerial del Estado.
Cinco horas pueden ser el tiempo necesario para una inspección, pero si fue en un marco de colaboración, el hecho de que sólo la parte inspeccionada, y después de diez horas y media de concluida la inspección, ofrezca información a medias tiene muy poco de explicación convincente y sí mucho para alentar especulaciones en un clima de inseguridad de por sí muy enrarecido.
