Eduardo Delgado
Está mañana personal del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado (SUTSGE) se instaló en plantón en las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y anunciaron que no le permitirán salir a la presidenta, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, denunció el representante jurídico de la Comisión, Marco Barrera Vázquez.
Advirtió que el asunto “es político, no laboral” y que data desde la gestión del ex presidente Jorge Vega Arroyo, quien presidió la comisión durante el periodo 2013-2017, cuando comenzó la indebida intromisión del sindicato con el ofrecimiento de sindicalizar a los empleados de la Comisión que son de confianza.
Ello, explicó, derivado de que la Comisión Nacional de Derechos Humamos (CNDH) emitió una recomendación contraria a la pretensión del SUTSGE, originada por la queja de María de Jesús Almendárez Prieto, conocida como “Marychuy,” quien fue víctima de abuso y acoso sexual de parte de Juan Martín Gática Izaguirre, colaborador cercano de Bernardina Lara Argüelles, líder de organización sindical.
Antes, también a raíz del caso de “Marychuy”, el sindicato mayoritario de burócratas “volteó” a la Comisión, a cuyos empleados les ofrecieron agremiarlos.
Lo que originó un añejo litigio, dijo, porque “es absurdo que una agrupación con miles de trabajadores adheridos y con otro patrón, pretenda meterse a una institución que tiene 100 trabajadores nada más”.
En ese contexto, expuso que la intención de la agrupación encabezada por Bernardina Lara “es secuestrar políticamente a la Comisión”, luego de que la CNDH giró una recomendación a favor de María de Jesús, quien se percató de que el sindicato “le estaba jugando sucio desde el interior de la Comisión Estatal”.
La CNDH determinó que “no debe de haber injerencias” en la CEDH y en consecuencia desde las 11:00 horas de esta mañana personal del sindicato se instaló en plantón a interior de las oficinas, donde anunciaron que no le permitirán salir a la presidenta.
“Son empleados de otras dependencias, ajenas al organismo y no es un tema laboral, es político”, reiteró el abogado Marco Barrera.
