Por Victoriano Martínez
La relación de Rodrigo Joaquín Lecourtois López, recién nombrado titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), con actividades fiscalizadoras ha estado ligada a la gallardía y no precisamente para el ejercicio de las mejores prácticas, sino todo lo contrario.
En la experiencia laboral que menciona en su currículo, Lecourtois López sólo ha ocupado un cargo directamente relacionado con la fiscalización, y fue por 79 días como contralor interno al cierre de la administración municipal que encabezó Ricardo Gallardo Juárez.
Como experiencia cercana a labores de fiscalización podría incluirse el cargo que ocupó antes de llegar a la contraloría municipal: asesor adscrito a la Unidad de Investigación y Análisis Legislativo del Congreso del Estado. En los hechos, asesoraba a José Guadalupe Torres Sánchez, entonces diputado que llegó a presidir la Comisión de Vigilancia.
A Lecourtois López le tocó vivir el escándalo de la ecuación corrupta, que estalló con la revelación en video por parte del diputado panista Enrique Flores Flores de la confabulación entre diputados y auditores de la entonces Auditoría Superior del Estado (ASE) para limpiar cuentas públicas municipales a cambio de un moche del 10 y hasta el 20 por ciento de lo observado.
Torres Sánchez, su asesorado, fue uno de los cuatro señalados como operadores de la llamada ecuación corrupta, y hoy se le ubica como uno de los promotores de su nombramiento como titular del IFSE.
Tras esa experiencia, no directa pero sí cercana a una institución fiscalizadora, Lecourtois López fue nombrado el 13 de julio de 2018 como contralor interno del Ayuntamiento encabezado por Gallardo Juárez por un periodo muy corto, los 79 días que le quedaban a ese trienio.
Entre los expedientes que entregó a la siguiente administración, encabezada por Xavier Nava Palacios, Lecourtois López incluyó uno como caso cerrado que evitó que el nuevo Ayuntamiento pudiera determinar una sanción en contra de Gallardo Juárez por el desvío de 13 millones 881 mil 278. 31 pesos y violaciones al artículo 134 de la Constitución federal y 135 de la local.
Un desvío que fue acreditado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) el 6 de enero de 2017 y, tras impugnaciones hechas por Gallardo Juárez, ratificado por la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenó al organismo electoral una investigación exhaustiva y la aplicación de una sanción.
El 16 de marzo de 2018, el CEEPAC confirmó la violación constitucional y estableció el monto de los desvíos, pero se dijo no estar facultado para sancionar y dio parte al órgano de control interno del Ayuntamiento para que determinara la sanción.
Un expediente que Lecourtois López entregó a la siguiente administración como concluido sin ninguna sanción con el simple argumento de que consideraron que no había falta y, en consecuencia, no había nada que hacer. Como cosa juzgada, el nuevo contralor interno municipal, José Mejía Lira, se declaró imposibilitado para retomar el caso.
Son las dos experiencias cercanas de Lecourtois López con temas de fiscalización que, según auditores de la entonces ASE y de la propia Contraloría General del Estado, no acumulan la experiencia de cinco años en el tema que exigía la convocatoria para elegir al primer titular del IFSE, es decir, se le eligió sin cumplir ese requisito.
Durante la entrevista con los diputados dentro del proceso de selección, Lecourtois López mencionó lo que podría ser una experiencia relacionada con la fiscalización, aunque en el extremo opuesto. Dijo que cuando Héctor Mayorga, el primer titular de la ASE, casi al cierre de su gestión emitió sanciones contra servidores públicos, como abogado promovió recursos de revocación.
“Yo como abogado impulsé algunos juicios, algunos recursos de revocación, y es fecha que pues no se han resuelto, entonces yo digo que para empezar hay que hacer un análisis de cuáles están susceptibles ya de caducidad o de prescripción, es algo que apremia y hay que realizar de inmediato”, dijo.
Poco faltó para que agregara “para poder decirle a mis clientes a quienes les promoví su recurso de revocación que por fin su asunto ya quedó resuelto”.
Si el nombramiento de Héctor Mayorga en 2007 fue visto como una maniobra auto protectora del entonces gobernador Marcelo de los Santos, con el actual nombramiento la sospecha de ese tipo de maniobras va más allá de la protección post sexenal a una especie de auditorías en tiempo real tomadas como bandera para operar un encubrimiento en tiempo real.
