Cierre de oficinas perjudica a trabajadora con un hijo discapacitado
Eduardo Delgado
En representación de empleadas y empleados, afectados por la suspensión de actividades de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), algunos de la tercera edad o con hijos con discapacidad, el abogado Fidel García Vargas interpuso este martes cuatro demandas de juicio político en el Congreso del Estado en contra de Juana Lara Díaz, presidenta de esa instancia, encargada de resolver controversias entre patrones y trabajadores.
La demanda incluye a la secretaria de la JLCA, Sofía Gabriela Cuadra Santoyo, porque la permanencia de inactividades, desde el pasado 19 de marzo a la fecha, ha violado el derecho a la justicia de trabajadoras y trabajadores, cuyos juicios se encontraban en proceso y quedaron suspendidos o de empleados que han sido despedidos de manera injustificada a causa de la pandemia y no les ha sido posible proceder por la vía legal.
“Como en el caso de cuatro personas, una de ellas una joven, madre de un niño con discapacidad, a la que se le ha negado la justicia por el cierre de la Junta y por tanto se encuentra en el absoluto desamparo”, condenó el abogado Fidel García.
Otra demanda es de una mujer de la tercera edad, cuyo juicio estaba culminado antes de la contingencia sanitaria y sólo restaba ejecutarlo, dijo. “Ella está frustrada por el cierre del tribunal, se encuentra sufriendo y más porque por la pandemia no consigue dan trabajo, además de que también es discapacitada”, añadió.
En su despacho, estimó, acumula unos 750 casos, “con historias y cuadros semejantes”.
Indicó que las cuatro demandas de juicio político se sustentan fundamentalmente en que la Constitución Política y el decreto emitido por el secretario de Salud, el pasado 31 de marzo de 2020, “se establece que la impartición de justicia es una actividad esencial que no debe suspenderse”, finalizó.
