Eduardo Delgado
El incremento del 100 por ciento en las multas a los automovilistas que sean detectados en estado de ebriedad o con aliento alcohólico quedaría como una medida disuasoria y recaudatoria, si no cuenta con logística, manuales, protocolos y aparatos certificados para detectar el consumo de bebidas embriagantes en conductores, opinó Francisco Salazar Soni, especialista en seguridad.
Al requerirle su opinión acerca del aumento de las sanciones económicas, como se contempla en la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de la capital para el próximo año, expuso que un primer problema consiste en que debe tener los objetivos específicos.
“Normalmente es impulsar una política de no alcohol, pero a la vez impulsar controles de alcoholimetría, lo que permite disuadir conductas de riesgo y legitimar, sobre todo, las acciones implementadas por el Ayuntamiento”, añadió.
El segundo problema, estableció, radica en que “muchas veces no hay recursos para la adquisición de los equipos de alcoholimetría”, además de que se requieren impresoras e insumos, como boquillas, papel térmico y calibradores, entre otros.
Otra cuestión a resolver es la inexistencia de manuales para la implementación de operativos anti alcohol.
“No hay una guía de control y vigilancia, de control de tránsito y no hay protocolo para la implementación de puntos de revisión”.
Además de que, por lo general, en los retenes “están ausentes” los representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
También es indispensable que los aparatos que miden el nivel de alcohol en la sangre estén certificados por la Norma Oficial Mexicana, pues en la mayoría de los municipios “los compran sin certificar”.
De modo que en algunos conductores les resulta positivo y a otros no, porque los dispositivos utilizan el aire expirado para detectar e identificar la presencia de alcohol.
“Si el aparato no cumple con la norma o no está regulado va a ser mucho muy difícil que en un momento dado sea una prueba fehaciente ante el Ministerio Público”, precisó.
Otro factor importante son los médicos legistas certificados en controles de confianza.
“Sin todo ello lo más seguro es que no tenga un objetivo claro y preciso, lo cual crea más problemas que soluciones a la ciudadanía y sobre todo que tengan un fin estrictamente recaudatorio, más allá de la prevención de accidentes relacionados con la ingesta de alcohol”, aseveró Salazar Soni.
Sostuvo que son más eficaces y precisas las pruebas de sangre y están reglamentadas con arresto forzoso de 36 horas, independientemente de que se tramite un amparo, como en la Ciudad de México.
“Habría entonces que analizar los aspectos jurídicos, objetivos, la logística y el impacto en la sociedad, porque la mayoría de las veces esto sale peor”, advirtió.
“En lugares donde hemos implementado los puntos de revisión van de la mano de la presencia de agentes del Ministerio Público, para el cumplimiento de órdenes de aprehensión y de presentación, y revisión de vehículos para detección de armas de fuego. Se hace un control más amplio”, resaltó.
A su parecer, el incremento de las multas no inhibe a los automovilistas a conducir en estado de ebriedad ni con aliento alcohólico.
“El homicidio calificado y el secuestro tienen 60 años de condena, pero eso no le importa a la gente, el delito se va a seguir cometiendo”.
Precisó que la disuasión de las conductas ilícitas de los automovilistas debe ir acompañada de una política de consumo de alcohol y conducción de vehículos, pues de otra manera esa medida “no va a servir”.
