Aprobación de las reformas a la Ley Electoral era un riesgo que tenía que tomar el Congreso del Estado
Leticia Vaca
La invalidación de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí que fue aprobada el pasado 30 de junio por el Congreso local no afectará el proceso electoral 2020-2021, y en este sentido diputadas coincidieron en que será aplicada la normativa anterior.
Dicha resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se da por no haber llevado a cabo una consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en San Luis Potosí.
Al respecto, la diputada Alejandra Valdés Martínez, representante del Legislativo ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), dijo haber hecho la advertencia de que se corría el riesgo de impugnación al no tomar en cuenta a las comunidades y pueblos indígenas.
Asimismo, reconoció que “desde ahí estábamos violentando sus derechos a participar en la política, desde ahí ya se veía venir este tema, obviamente que aplaudo mucho que la Suprema Corte haya determinado esto. Tendrá que haber algún mecanismo que podamos implementar en el Ceepac, para que haya lineamientos que de verdad hagan que se lleve a cabo una representación de gente en las comunidades indígenas”.
Asimismo, puntualizó que se debe buscar implementar lineamientos que permitan la participación en los partidos políticos de jóvenes, gente con discapacidad, pueblos indígenas y el tema de la paridad de género.
La consulta a comunidades y pueblos indígenas
no se habría llevado a cabo por falta de voluntad
Finalmente, Valdés Martínez acusó que desde el Congreso del Estado no se buscaron los mecanismos para poder llevar a cabo dicha Consulta. “Faltó voluntad, hay mecanismos para hacer consultas, en otros estados donde también tienen mayor número de comunidades indígenas pudieron hacer la consulta con mecanismos que ellos crearon… es difícil porque hay comunidades que no tienen ni luz, pero en estas se pudo llevar a cabo otro mecanismo de consulta; yo estuve en la Huasteca y veo a la gente muy interesada en la política, en quiénes los van a representar; sí faltó voluntad para poder llevar a cabo estas consultas”, remarcó.
Aprobación de las reformas a la Ley Electoral,
un riesgo que se tenía que tomar: Sonia Mendoza
Aparte, la diputada Sonia Mendoza Díaz, integrante de la Comisión Especial para la Reforma Político Electoral, justificó que se tenía la necesidad de hacer una reforma en tiempo y forma, “lo que pasa es que se va a aplicar la Ley anterior, el Congreso tenía que correr el riesgo de hacer una reforma a la Ley Electoral, era una Ley necesaria, sin embargo seremos muy respetuosos de los que la Suprema Corte ha decidido”.
Además, aclaró que siempre se dijo que la consulta indígena era un tema prioritario, pero, debido a la pandemia, fue imposible llevarla a cabo, “sin embargo dejamos a salvo todo lo que tuviera que ver con temas indígenas. Fueron temas muy generales y siempre se habló en la Comisión de posponer la consulta, jamás no hacerla”, puntualizó.
Defendió que no hubo una omisión del Congreso del Estado al no aplicar la consulta indígena. “Era un riesgo que teníamos que tomar como Congreso. Se hicieron foros, con expertos, servidores públicos, con ciudadanos, creo que el trabajo se hizo (…) teníamos la obligación de hacer una revisión puntual de la Reforma Electoral, lo hicimos de manera respetuosa, era necesaria, acataremos la resolución, sin embargo lo que va a pasar es que la Ley anterior es la que se va a aplicar”.
Suspensión de la Consulta Indígena
Para las consultas a pueblos y comunidades indígenas, misma que se informó sería aplicada en más de 400 comunidades indígenas en la entidad, el Congreso del Estado, a través de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) había aprobado cuatro millones 370 mil pesos, mismos que no fueron ejercidos al ser cancelados los trabajos de consulta el pasado mes de marzo.
El pasado 23 de marzo integrantes del Grupo Técnico Operativo para la Consulta Indígena denunciaron que el Congreso del Estado sólo realizó pagos por un total de 16 mil 700 pesos; al respecto, el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Rolando Hervert Lara, dijo que la responsabilidad de entregar el reporte de los trabajos realizados era de la Comisión de Asuntos Indígenas.
A inicios de junio, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito concedió la suspensión de plano a los integrantes del Grupo Técnico Operativo (GTO) para la consulta indígena y ordenó al cubrir el adeudo de sueldos y gastos aplicados en la preparación del proceso consultivo que los diputados suspendieron de manera arbitraria el pasado 18 de marzo.
No obstante, para el mes de agosto integrantes del Grupo Técnico continuaban con la exigencia del pago por los trabajos realizados.
