Construcción de lienzos charros atiende a intereses del gobernador y no de la gente: polítólogo

Abelardo Medellín

Aunque la inversión en centros de espectáculos en los municipios es importante, no es un tema relevante que deba ser prioridad del gobierno estatal, opinó Hugo Alejandro Borjas García, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por el Instituto Universitario Ortega y Gasset.

Lo anterior en referencia al ofrecimiento de construir lienzos charros en los municipios, que hizo el pasado 3 de julio el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien informó públicamente que invertiría en la construcción de estos recintos a cambio de que los ayuntamientos donen parte de las ganancias a las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) de cada demarcación.

Sobre el tema, Borjas García comentó que antes de construir centros de espectáculo como lo supone un espacio para la charrería, el estado tiene que analizar si este tipo de obras son prioritarias.

“No estoy en contra de que se realicen estos eventos y espectáculos para la gente, pero todo esto tiene que tener un estudio previo porque tampoco se tiene dinero para tirar, hacer y deshacer. Los gobiernos tienen la obligación de administrar lo mejor posible el dinero del Estado, el ámbito municipal ni se diga”.

El doctor apuntó que la propuesta del gobierno se revela a sí misma como una decisión que atiende únicamente a los intereses del gobernador Gallardo Cardona, y como en el ámbito federal y en otros países, se trata de una iniciativa de proyecto público que se hace para satisfacer un gusto personal.

“Igual Andrés Manuel [López Obrador] tenía gusto por el béisbol y se invirtió en béisbol, en otros gobiernos ha ocurrido lo mismo. Los gobernadores creen que pueden vaciar el presupuesto público para sus gustos personales (…) nosotros hoy en día estamos viviendo una situación en la que el gobernador le gusta la charrería y utiliza este espacio para hacer una política pública en la que el ‘estado se beneficia’. No, hay muchas otras cosas por las cuales el dinero se puede invertir y recibir una mayor retribución”.

El especialista precisó que este tipo de políticas públicas de orden personalista podrían ser frenadas por el resto de los poderes (como el Legislativo) o por entidades encargadas de velar por la sana aplicación de los recursos (como la Auditoria Superior de la Federación), pero no intervienen debido a que, por encima de eficientizar el gasto, se mueven por intereses políticos.

“Vivimos anclados en el beneficio político, en cuánto me es rentable que ocurra esto, esto es clave política, no es por el bienestar de la gente. Lo hemos visto en otros gobiernos, pero en San Luis Potosí es un descaro total como el beneficio político es lo que prima”.

Además, comentó que los alcaldes de los municipios que ya han levantado la mano para aceptar la construcción de un lienzo charro no lo hacen porque sepan o tengan estudios sobre la conveniencia o pertinencia del proyecto, sino porque deben atender al beneficio político que les significa estar a la orden del gobernador.

“Ocurre también que, en los alcaldes, desgraciadamente en San Luis y en todo México es donde más se nota la falta de preparación de las autoridades. Siempre el ámbito municipal ha sido el más golpeado, el más maltratado, porque llega gente que conoce el pueblo, pero no conoce de la administración pública”.

Borjas García apunto que, por la experiencia local, es poco probable que el gobierno dé marcha atrás con proyectos como estos, aunque la ciudadanía esté en contra, aunque la imposición de proyectos no prioritarios por parte del gobierno ha provocado que incluso organismos autónomos denuncien las afectaciones al Estado de Derecho de la entidad.

“No sabemos en qué se está gastando el dinero, no dan cuenta de para qué sirve, si realmente se justifica ese gasto”, dijo.

Finalmente, el politólogo señaló que actualmente la población es consciente de que los lienzos charros, la Arena Potosí y temas similares vinculados con el gusto del gobernador no son temas prioritarios de la administración, pero no habrá intervención del Poder Legislativo debido a que las y los diputados que los integran piensan en su beneficio político.

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