Estela Ambriz Delgado
El doctor en Economía José Manuel Ortega Herrera informó que se mantiene la investigación sobre los nexos entre empresas, gobernantes, y funcionarios públicos en el caso de la presa El Realito, para dar con los responsables de la obra que casi triplicó su costo inicial.
La investigación denominada “Los trasvases como forma de acumulación del capital: análisis financiero político” es parte del Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia (PRONAII) “Los trasvases como dispositivos de desigualdad e inseguridad hídrica, prácticas colectivas para la justicia hídrica”; se eligió el caso de El Realito debido a su representatividad al ser una obra que no funciona e infló sus costos de manera exponencial.
“El Realito es muy representativo, pensamos puede demostrarse en muchas obras, pero en específico El Realito se ve a todas luces que es una obra que no funciona, que triplicó su costo. Del inicial al final es altísimo, la sociedad potosina está endeudada hasta 2034 pagando 24 millones de pesos mensualmente a la empresa, y hay fallas reiteradas que hacen pensar que hay algo mal en el trasvase”.
El catedrático explicó que se investiga a fondo el financiamiento de la obra del trasvase como un mecanismo de enriquecimiento, por lo que es necesario indagar desde la parte de las asignaciones de los contratos o de las licitaciones, y el recorrido que han tenido: la licitación, construcción, supervisión y al final la operación, con la finalidad de medir la eficiencia económica y operativa de El Realito.
Para lo anterior se revisarán los contratos, licitaciones y razón por la que se dan las reiteradas fallas, así como la elevación del costo, pues de inicio el presupuesto aprobado era de 2 mil 382 millones 463 mil 909 pesos y quedó en 6 mil 611 millones 161 mil 332 pesos, 2.8 veces más de lo estipulado, y a partir de eso detallar quiénes fueron los beneficiados.
Ortega Herrera indicó que realiza un seguimiento de los corporativos o empresas encargadas de la construcción, pues Aquos se conforma de otras cuatro empresas y de manera paralela tiene que hacer un cruce con los tres órdenes de Gobierno, al ser diputados y funcionarios de las instituciones relacionadas con el agua, como la Comisión Estatal del Agua (CEA), Interapas y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de tal manera que se pueda establecer algún tipo de vínculos como acciones en alguna de las empresas.
Entre algunos hallazgos preliminares de la investigación se encuentra que Aquos se conformó un año antes por varias empresas, entre las que está Aqualia, Gestión Integral de Agua (44 por ciento) y Aqualia Infraestructura (5 por ciento); ambas empresas filiales del Grupo FCC, anteriormente Fomento de Construcciones y Contratas, S. A., dedicado a la gestión del agua cuyas principales líneas de negocio son medioambiente, agua e infraestructura.
Destaca que en 2015 Carlos Slim adquirió el 25 por ciento del Grupo FCC, tomando por tanto el control de Aqualia. En 2019 vendió 25 por ciento de la misma a IFM, e inclusive una de las empresas que estaban precalificadas y que perdieron era Grupo Carso, en donde también Slim tiene participación.
Asimismo, Conoinsa (50.999 por ciento) es otra de las empresas que conforman Aquos, la cual opera y mantiene infraestructuras para la provisión, distribución, y tratamiento de agua potable, y es subsidiaria de Empresas ICA S.A de C.V., también de Carlos Slim; y Servicios de Agua Trident (0.001 por ciento), una filial estadounidense de la empresa japonesa Mitsui and Co. especializada en el sector del agua.
El investigador precisó que generalmente estos conglomerados empresariales tienen los mismos dueños, participan grandes accionistas que tienen tentáculos en varias de estas empresas, o conforman compañías para poder entrar al concurso de las licitaciones públicas.
De las coyunturas políticas destaca que al momento de la licitación en 2009 coinciden los tres órdenes de gobierno pertenecientes al Partido Acción Nacional (PAN): en la presidencia de la República Felipe Calderón Hinojosa, Marcelo de los Santos Fraga como gobernador de San Luis Potosí, y en la presidencia municipal de la capital, Jorge Lozano Armengol.
A partir de 2012, cuando culmina la construcción de la presa, coinciden los tres órdenes de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI): Enrique Peña Nieto a nivel federal, Fernando Toranzo Fernández en el estatal y Mario García Valdés en lo municipal, además de que desde 2009 siempre se encontró al frente de la CEA a Urbano Díaz de León.
Ortega Herrera afirmó que, de encontrarse un vínculo claro, pondrían la información a la disposición de las autoridades, lo que considera muy probable, ya que en varias ocasiones los accionistas de tienen vínculos directos con el poder político.
“Lo que nos interesa es mostrarlo y ya las instancias correspondientes harán lo propio, pero que vean que hay una prueba fehaciente, con nombre y apellido, que es lo que queremos, porque al indagar en las empresas, indagas en los consejos de administración, en los accionistas, y muchas veces los accionistas o estos consejos resultan ser los vínculos directos con el poder político”.
El catedrático también puntualizó que por una parte el objetivo es señalar los vínculos político- económicos, así como comprobar que la asociación público privada no es tan eficiente como se decía, además de que la empresa privada tampoco es la panacea de la construcción y eficiencia en términos de obra pública, sino que por el contrario, es una fuente de capital donde lo único que queda asegurado son sus pagos por muchos años por parte de los contribuyentes.
“El Realito fue una obra como tantas otras en el país, que se aprovechó para enriquecer a políticos y empresarios, sin hacer nada o muy poco, o haciendo un trabajo pésimo”, señaló el profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Escuela Superior de Economía del Politécnico Nacional.
