Estela Ambriz Delgado
En el marco de la Primera Jornada Ambiental del campus centro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), se llevó a cabo la conferencia “Proyecto 466: Organizaciones y comunidades en conflictos socio-ambientales en San Luis Potosí”, en la que se destacó la importancia del trabajo interdisciplinario para que se cumpla el derecho humano a un ambiente sano en el estado, lo que actualmente no sucede.
En la conferencia participaron los catedráticos e investigadores Manuel Alejandro Lizardi Jiménez, Guillermo Luevano Bustamante, y Violeta Mendezcarlo Silva, quienes integran este proyecto del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT). Explicaron diversos aspectos del mismo en los que llevan cinco años de trabajo, de los diez en total que tomará concluirlo.
Lizardi Jiménez indicó que en el proyecto 466 se propone desarrollar una línea transversal de conocimiento para desarrollar y proponer instrumentos jurídicos, técnicos y sociales para la preservación, conservación y manejo de la diversidad biológica, reconociendo la importancia que tiene la biodiversidad y sus relaciones con las sociedades humanas.
El investigador abordó el proceso que se ha llevado a cabo en San Luis Potosí, con la recopilación de datos sobre los problemas ambientales del estado, así como un monitoreo de la contaminación, en el que destaca el agotamiento del acuífero, así como la contaminación por actividades como la minería y la perforación de pozos profundos.
“¿Qué es lo que hacemos nosotros? Revisar que hay arsénico, que hay cianuro en diferentes lugares de Luis Potosí, eso más o menos yo diría que es una contaminación clásica. ¿Lo hemos podido combatir? No, inclusive hay datos de 2017 o 2022 donde todavía hay metales pesados en el agua”.
En este sentido, explicó que el problema de que haya metales pesados en el agua es que, al ser tomada por las personas, genera problemas toxicológicos que pueden ir desde irritación hasta afectar los pulmones, o inclusive cuestiones neurológicas.
Manuel Lizardi señaló que, al ver la situación del estado, se detecta que el problema es que no se cumple el derecho humano a un ambiente sano, por lo que en conjunto con Violeta Mendezcarlo presentaron un artículo a nivel internacional para denunciarla situación.
El catedrático informó también que dentro del proyecto se trabaja en la biodegradación de los hidrocarburos mediante el diseño de biorreactores, en los que puedan habitar diversas bacterias que consumen los hidrocarburos para subsistir.
El reto es hacerlo a escala industrial, para lo que plantean una efectivización de derechos humanos con la elaboración de biorreactores de bajo costo.
Por su parte, Guillermo Luevano Bustamante explicó que la parte del proyecto en la que trabaja consiste en ofrecer servicios legales gratuitos en distintas áreas en temas de derechos humanos, concretamente en comunidades del estado afectadas por cuestiones ambientales.
Mencionó tres casos de éxito en los que el acompañamiento legal ayudó a frenar graves afectaciones al medio ambiente.
Uno de estos casos fue en el municipio de Santo Domingo, donde se planeaba hacer un mega tiradero industrial; otro en el municipio de Villa de Guadalupe, en el que se pretendía hacer una presa a través del despojo de los derechos de aguas de sus habitantes para llevarla a una zona industrial en Matehuala.
El tercer caso fue de un gasoducto de la empresa Iberdrola en una comunidad indígena de la Huasteca, del que no se les había informado de los riesgos de pasar un tubo de gas por debajo de sus tierras ni consultado al respecto.
Tras exponer los tres casos, el catedrático enfatizó la importancia del trabajo interdisciplinario en las ciencias, a fin de que el derecho se complemente de los contextos sociales y las diversas perspectivas.
Asimismo, Violeta Mendezcarlo Silva explicó que en el proyecto 466 trabaja en el laboratorio de análisis legislativo y políticas públicas en contextos emergentes, desde donde se generan propuestas de política pública y nuevas normativas.
“Tratamos de bajar los aspectos técnicos hacia la normalización, lo que significa que haya un mínimo necesario de cumplimiento para los diferentes actores involucrados, en los problemas que nosotros estamos detectando, tanto para las empresas como para los estados como para la sociedad en general”.
