Estela Ambriz Delgado
En la reunión que sostuvieron ejidatarios de La Pila y anexos con el procurador agrario nacional, Luis Hernández Palacios, para solicitar información relativa a la firma del convenio de ocupación previa en 30 hectáreas ejidales, con la empresa Mexicana de Técnicos en Autopistas (META), S.A. de C.V, quedó de manifiesto que la representación de la dependencia en San Luis Potosí avaló el mismo sin informar a sus superiores, por lo que será investigado.
Tras cuestionar directamente al representante local de la Procuraduría Agraria (PA), Álvaro Pineda Maldonado; y al subdirector jurídico, César Ortega, sobre la firma del contrato sin examinar diversos términos de su legalidad, los ejidatarios acudieron a una reunión el miércoles 10 de enero en las oficinas centrales de la dependencia en la Ciudad de México, para plantear la situación y presentar documentos sobre diversas irregularidades en los pagos.
Como indicó María del Carmen Gómez Silva, se informó a Hernández Palacios sobre los cuestionamientos al representante local, y su afirmación de que ellos eran independientes para firmar este tipo de convenios respecto a las oficinas, que la valoración se hizo el mismo día que lo recibieron, el 3 de noviembre de 2023, sin oficio alguno que lo acompañara, y que la revisión no implicó la elaboración de algún dictamen.
Asimismo, los ejidatarios explicaron que las actas de asamblea que forman parte del expediente que la PA inscribiría en el Registro Agrario Nacional (RAN), junto con un convenio de liberación de derecho de vía del 25 de noviembre de 2022, no establecen la firma del convenio de pago de recursos para dicha liberación y aún así les dieron el dinero, aunque con varias irregularidades.
Al respecto, presentaron un informe bancario en el que se demuestra el desvío y uso indebido de millones de pesos, así como un documento oficial donde la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) cuestiona a su representante legal en el estado, Antonio Toranzo Díaz de León, por la negativa a entregar informes sobre la autorización para la ocupación de tierras y el pago de la misma.
En el documento que entregaron al funcionario federal, señalan la realización de la asamblea del 6 de noviembre de 2022 como un acto ficticio, sumado a que en la supuesta orden del día se establece la lectura de un convenio de ocupación previa que fue manejado de una forma irregular, pues este se firmó hasta 2023, además de que no establece un pago anticipado y diverso al contrato de ocupación previa.
“Nunca se realizo una asamblea el 6 de Noviembre del 2022, lo que se concertó fue una entrega de dinero sin el aval formal de la SICT, quienes “negaron” tanto en el Centro San Luis Potosí como en oficinas centrales de la misma la existencia de ese trámite, eso si con la complicidad de funcionarios que buscaban sacar adelante de forma encubierta el trámite Entonces la firma del convenio de pago del día 25 de Noviembre del 2022 se trató de una acción tendiente a coptar a los ejidatarios y el pago que se realizaría de manera irregular”.
Asimismo, solicitan que se les informe si existió un dictamen y/o valoración de la legalidad del convenio de ocupación previa por parte de Pineda Maldonado, y que la PA emita una opinión jurídica sobre el convenio de ocupación previa considerando los anexos que acompañaron el mismo, así como la relación de los acuerdos de la asamblea señalada y el convenio de pago, y que evalúe los alcances de la medida cautelar emitida por el Tribunal Unitario Agrario en el expediente 568/2022 de fecha 28 de junio del año 2022.
La ejidataria María del Carmen informó que el procurador Hernández Palacios se comprometió a responder por escrito sus solicitudes, así como a revisar el actuar del representante local en relación a los hechos planteados y los documentos que aportaron.
