Por Victoriano Martínez
La noche del 23 de agosto de 2016, en la Casa de Gobierno, el entonces gobernador Juan Manuel Carreras López recibió a un grupo de representantes de las agrupaciones Ciudadanos Observando, Acción Ciudadana y Ciudadanos Hasta la Madre, quienes le solicitaron que actuara contra una serie de actos de corrupción emprendidos por la gallardía desde el Ayuntamiento de la capital.
Carreras López y su secretario de Gobierno, el hoy diputado Alejandro Leal Tovías, no sólo reconocieron como reales lo denunciado por sus interlocutores, sino que les aseguraron que estaban al tanto. “Sabemos todo eso que nos están comentando, y mucho más”, les dijo el ex gobernador.
Por casos documentados por la administración carrerista no había obstáculo para actuar. La limitante en aquel momento, según dijo Carreras López, estaba en que no se contaba con el marco legal para combatir la corrupción y anunció a sus visitantes que “en los próximos meses” se aprobarían las leyes y reformas con las que se crearía el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Aseguró que se pondría un freno a las corruptelas de la gallardía, pero para hacerlo con efectividad habría que respetar el timing que, a su juicio, con la creación del SEA tendría los instrumentos necesarios para actuar.
Se crearon las leyes y se realizaron las reformas, pero el freno que pondrían a extorsiones, tráfico de influencias, irregularidades en asignación de obras y compras fantasma como la del caso Sandra Sánchez Ruiz, que en la reunión reconocieron tener documentado que se daban desde la administración municipal gallardista, nunca apareció.
En julio de 2017 se inició el proceso de integración de los órganos del SEA intencionalmente de la manera más desaseada y desorganizada que, con el paso del tiempo, resultó obvio que el verdadero timing carrerista estaba comprometido con un pacto de impunidad con los Gallardo: Carreras anunció su lucha anticorrupción en su toma de protesta y la postergó todo su sexenio.
A pesar de la simulación en la creación del SEA, el sexenio de Carreras López terminó con la estructura organizativa del Sistema instalada mal que bien y con las primeras acciones en curso: uno de los seis módulos de la Plataforma Digital Estatal en operación y los trabajos de la elaboración de la documento con la Política Estatal Anticorrupción avanzado.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA) encabezó estos trabajos, y esta semana quedó concluido el documento, de 343 páginas.
Por ironías del combate a la corrupción y la impunidad, este viernes 25 de febrero el documento fue presentado públicamente por Ricardo Gallardo Cardona, en su calidad de gobernador del Estado, como su “Plan de la Política Estatal Anticorrupción”, con toda la parafernalia propagandística que los caracteriza.
Tan hueca resulta la promoción que se hace Gallardo Cardona con el documento surgido del SEA, que ni siquiera es capaz de atender una de las prioridades en él señaladas, como la “plataforma digital estatal con una base de datos robusta”, en la que desde noviembre debió publicar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal (declaraciones 3de3).
Ante esa política anticorrupción, la administración de Gallardo Cardona muestra en los hechos la anti política: ni él ni ningún funcionario de la Secretaría Particular, ninguno de los integrantes de la Contraloría General del Estado, ni de la Secretaría General de Gobierno han publicado sus declaraciones 3de3. Si quienes deben poner el ejemplo no lo hacen, ¿por qué lo haría el resto?
Ironías del combate a la corrupción y la impunidad: proclamarse un férreo combatiente para lograr un verdadero cambio y acabar con la herencia maldita, pero sólo de dientes para la promoción de imagen. Con sus actos borran el documento elaborado en colaboración con investigadores de la UASLP. Mucho trabajo que termina archivado.
Lo que hace 2 mil 12 días era presentado ante aquellas tres agrupaciones civiles como el instrumento para frenar las corruptelas de la gallardía, ahora es presentado por el máximo representante actual de quienes serían un blanco obligado de aquellas acciones anunciadas como su plan para combatir las corruptelas de Carreras López et al, quienes lo iniciaron.
Una herencia maldita que entre lo heredado dejó sembrado el instrumento que Carreras López entretuvo todo el sexenio para garantizar impunidad a la gallardía y dejarles abierta la posibilidad de participación que hoy se le revierte y lo convierte, con su gabinete, en blanco de la lucha anticorrupción… a menos que sea parte de la simulación del pacto de impunidad, y siga vigente.
