Angélica Campillo
El encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras compareció ante el pleno del Congreso del Estado para responder los diversos cuestionamientos de los diputados de la LXIII Legislatura.
De acuerdo con Ruiz Contreras, quien se encuentra al frente de la Fiscalía General del Estado desde el 23 de septiembre del presente año, los datos que presentó en su comparecencia fueron con base en la información que se ha obtenido en la unidad de estadística de planeación de informática de la FGE.
Falta de credibilidad en la FGE
Durante su intervención, la diputada del partido Movimiento Ciudadano (MC), Emma Idalia Saldaña Guerrero, cuestionó a Ruiz Contreras sobre lo que está haciendo la FGE para mejorar la confianza de la ciudadanía, y favorecer e incrementar la cultura de la denuncia, con el fin de abatir la llamada cifra negra que tiene a San Luis Potosí en el lugar número siete, a nivel nacional, esto, luego de que, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021, en el 94.5 de los delitos cometidos no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación durante el año 2020.
En ese contexto, el encargado de despacho de la FGE apuntó que la omisión de una política de persecución penal es lo que ha generado una falta de credibilidad en la dependencia, situación que ha encontrado en los dos meses que lleva al frente de la misma.
Dio a conocer que situaciones como la impunidad al no atender todos los casos de manera oportuna, la falta de fiscales en la institución, su falta de especialización, la falta de peritos, la incorporación de peritos que no tienen ninguna experiencia y la falta de convocatoria alguna para su contratación, ha generado que en la institución no se dé seguimiento al sistema profesional de carrera y al no tenerlo, tanto la incorporación de agentes de la dirección de métodos de investigación, de peritos, y de fiscales de manera eventual, sin ninguna capacitación, sin ningún perfil determinado ha provocado la falta de expectativa en la FGE por parte de la ciudadanía, trayendo consigo que no confíe en la institución.
Ante ese diagnóstico, el encargado de despacho de la FGE aseguró que se implementarán acciones de manera inmediata durante el tiempo que esté al frente de la institución, para poder subsanar las omisiones que se han detectado.
Ruiz Contreras expuso que en lo que va de 2021, se han brindado más de 55 mil atenciones, lo que ha provocado la apertura de más de 42 mil carpetas de investigación, generando la obligación de la Fiscalía de integrar las mismas.
Acciones para dar rapidez a la integración de carpetas de investigación
Por su parte, el diputado René Oyarvide Ibarra del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) cuestionó a Ruiz Contreras sobre las acciones que va a emprender para dar rapidez a la integración de las carpetas de investigación y posteriormente, procurar que esos procesos culminen de una forma pronta y expedita, en aras de regresarle la confianza a los ciudadanos.
Ante ello, el encargado de despacho de la FGE mencionó que el nuevo Sistema de Justicia Penal no implica que todos los procesos lleguen a juicio. Agregó que mediante esa última razón en que el proceso debe llegar a juicio, donde se prueba el hecho y la responsabilidad de aquellas personas que son acusadas, existen diversas vertientes en las cuales se debe concluir el procedimiento, entre ellas: el procedimiento abreviado, las formas de solución alternas, los mecanismos de solución, tanto en la sede de procuración de justicia como ante el Poder Judicial, donde existen salidas alternas, incluso el perdón, el sobreseimiento que puede plantear en su momento la FGE.
Procedimientos abreviados
Según lo manifestado por el encargado de despacho de la FGE, se detectó un tema muy preocupante en esta gestión, en el sentido de que, de enero de 2021 hasta el 23 de septiembre del presente año se habían autorizado solamente 89 procedimientos abreviados; y de esa fecha al día de hoy, se han autorizado 75, con una expectativa de pena de 412 años de prisión, así como cerca de cuatro millones de pesos en cuanto a la reparación del daño.
Reveló que en el periodo que lleva al frente de la FGE, se han desarrollado 21 juicios, en 15 de ellos se obtuvieron sentencias condenatorias y en seis sentencias absolutorias.
Explicó que, a través de los medios alternos de solución de conflictos, se han generado acciones con la finalidad de que no se judicialice la carpeta de investigación, dándole certeza a la ciudadanía de que en la sede ministerial pueden obtener una reparación del daño, a través de la restitución del daño, a través del pago, a través del bien que les fue robado, “la última propuesta que se tiene es de acudir al juicio”.
La expectativa de la Fiscalía es que lleguen a juicio al menos dos procesos por mes, sin embargo, en la actualidad se están programando más de 30 juicios al mes, lo que ha colapsado el Sistema de Justicia Penal, acusatorio y oral.
En ese sentido, se pretenden llevar a cabo acciones de sensibilización donde todos los entes involucrados deben de participar, como la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la Defensoría Pública, los defensores particulares, entre otros.
Feminicidios
La diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas del PVEM abordó el tema de los feminicidios y las investigaciones, a lo que el encargado de despacho de la FGE señaló que en lo que va del 2021, se tienen registrados 21 casos, en cuatro se logró la orden de aprehensión y dos han sido ejecutadas. No obstante, en el año van 50 muertes violentas de mujeres no catalogadas como feminicidios todavía.
“Es un delito delicado, no el de mayor impacto que incluso está por debajo de la media nacional, pero no bajaremos la guardia”.
Homicidios
Dolores Eliza García Román, legisladora del PVEM, le solicitó a Ruiz Contreras el número de carpetas abiertas por homicidios: en lo que va del año se han cometido 538 homicidios de los que solamente el 20 por ciento han tenido una conclusión a través de la judicialización.
Exámenes de control y confianza
Ante el cuestionamiento del diputado del Partido Acción Nacional, Rubén Guajardo Barrera, sobre los empleados de la FGE que se han sometido a los exámenes de Control y Confianza, el encargado de despacho de la dependencia comentó que de 655 elementos, 132 no cumplieron el examen de control y confianza, por lo tanto 523 están aprobados; pero el anterior fiscal no emprendió un procedimiento para sancionar o darlos de baja.
Perspectiva de género
En relación a la pregunta de la diputada del partido Redes Sociales Progresistas, Gabriela Martínez Lárraga, sobre las acciones con perspectiva de género, Ruiz Contreras declaró que en la FGE el 60 por ciento son hombres y 40 por ciento mujeres, y en varios cargos de toma de decisiones hay mujeres al frente. Respecto a la trata de personas migrantes dijo que hay 47 carpetas de investigación por explotación laboral y una sentencia de 22 años de prisión.
Rezago carpetas
Ante el cuestionamiento del legislador Salvador Isais Rodríguez del Partido del Trabajo, el encargado de despacho de la FGE indicó hay más de 30 mil mandamientos o solicitudes de investigación y solo a 10 mil se le ha dado cumplimiento.
“Empezamos por darle identidad con la balización de unidades, que los agentes porten la vestimenta adecuada, pues eran confundidos con grupos delictivos por las unidades y la forma en que se conducían”.
Para finalizar, Ruiz Contreras acusó que el exfiscal Federico Garza Herrera únicamente entregó el acta correspondiente al despacho pero no la FGE como tal, lo que generó suspicacia, “se encontraron inconsistencias que en su momento se darán a conocer, además de una falta de liderazgo”.
“La Fiscalía era dirigida por otras personas que actuaron de manera indebida, pues de 89 procedimientos abreviados, 70 fueron autorizados por una comisión, 19 de ellos por un vicefiscal y un director de delegaciones, sin facultades y eso es irregular y un delito”.
