Angélica Campillo
El que el Ayuntamiento de la capital potosina pague 290 mil pesos mensuales al abogado José Mario de la Garza Marroquín por asesoría externa, habla de la falta de capacidad de las y los trabajadores del área jurídica del municipio, manifestó el vocero de la organización civil Ciudadanos Observando, Guadalupe González Covarrubias.
Para el activista, la contratación de De la Garza Marroquín es una terrible irresponsabilidad y deja en evidencia al Ayuntamiento, ya que se ha visto cómo la primera síndica, Maribel Lemoine Loredo, con todos sus asesores realmente no hacen su trabajo, por lo que consideró que debería de haber una limpia a fondo de “aviadores”” y gente que no cumple con el perfil y que no muestra capacidad en el área jurídica.
“El que el Ayuntamiento de la capital potosina esté contratando un despacho jurídico externo revela algo importante: habla de la negligencia, la irresponsabilidad y la falta de capacidad que tiene el propio Ayuntamiento”, criticó el vocero de Ciudadanos Observando.
A consideración de González Covarrubias, el Gobierno Municipal blinda sus acciones jurídicas al contratar un despacho externo que les haga el trabajo debido a las deficiencias con las que cuenta en dicha área.
Apuntó que la exigencia es que se vayan todos los “malos funcionarios” que no tienen la capacidad, y que el alcalde Enrique Galindo Ceballos empiece a cuestionar para qué está la primera síndica, que es abogada, y que ha tenido durante su trayectoria muchos señalamientos en su proceder. El más reciente, según expuso, en la actual administración municipal, donde ha tenido situaciones cuestionables con gente ligada a temas de seguridad que ha querido meter a que brinden sus servicios.
Para finalizar, el activista aseveró que si es mucho o es poco lo que se le paga a De la Garza Marroquín, la administración debe explicar a la ciudadanía qué acciones desarrolla para justificar su salario, que al finalizar este 2022 sumará 4 millones 350 mil pesos.