Ciudad de México, (14 de Abril).- Un total de 156 de 703 altos mandos de los 31 estados del país y del Distrito Federal que en los últimos cinco años han sido sometidos a exámenes de control y de confianza han reprobado las evaluaciones, revela una investigación realizada por EL UNIVERSAL.
La lista negra, que representa 22% del total de los mandos que se sometieron a exámenes, incluye a procuradores, subprocuradores, fiscales, vicefiscales, directores de policías estatales, investigadoras y ministeriales, así como a subsecretarios de Seguridad Pública, titulares de los centros penitenciarios y de combate al secuestro, de acuerdo con información obtenida vía la Ley de Transparencia.
De los 156 altos mandos que resultaron reprobados, 77 realizaron sus exámenes en los centros de evaluación de la PGR y el resto de ellos en el de la Policía Federal. No obstante, esta última institución se negó a dar información detallada sobre los cargos de quienes no aprobaron.
La PGR, por su parte, sí ofreció el desglose: tres son procuradores, 34 subprocuradores, 15 fiscales, cuatro vicefiscales, siete directores de la Policía Ministerial, cinco titulares de la Policía Investigadora y un coordinador de la Policía del estado.
También hay un director de la Policía Operativa, un subsecretario de Desarrollo Policial, un coordinador general de la PGJE, tres subsecretarios de prevención y reinserción social, un subsecretario de Formación y Desarrollo Institucional y un director de la Secretaría de Seguridad Pública.
Todos los funcionarios en materia de seguridad fueron sometidos a exámenes patrimoniales y de entorno social; sicométricos y sicológicos, médico y toxicológico, y al polígrafo.
En el caso de los funcionarios que obtuvieron la calificación de reprobados es porque se observaron en ellos indicadores de riesgo para el desarrollo de sus funciones. Es decir, sus características, hábitos y conductas no se apegaron a los principios constitucionales que rigen la actuación de un servidor público.
Millonaria inversión para certificarlos
El costo de la certificación policial ha sido elevado: de 2009 hasta finales del año pasado se invirtieron más de 10 mil millones de pesos a fin de realizar 800 mil evaluaciones, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De esta cifra, 5 mil 770 millones se destinaron al pago de evaluaciones y a dotar de infraestructura, equipamiento y personal a 38 centros de Evaluación y Control de Confianza que actualmente operan en todo México. Los otros 4 mil 400 millones se utilizaron en capacitar y actualizar a 3 mil 133 especialistas que han realizado las evaluaciones.
Para expertos consultados por EL UNIVERSAL, lo peor es que en muchos casos los gobernantes en turno han mantenido en sus cargos a los funcionarios reprobados, pese a que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que quienes no obtengan la certificación deberán ser separados del servicio público. Esto significa, en la práctica, un desperdicio de recursos, señalan.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, organización que le ha dado seguimiento a las evaluaciones, recrimina que pese al gasto invertido los gobernadores no acataron los resultados, pero eso, dice, no les importa porque no hay una consecuencia al respecto.
Raúl Benítez Manaut, investigador de la UNAM, sotiene que los mandatarios estatales tiraron a la basura el dinero que les dio la Federación para las evaluaciones, y no están cumpliendo con los compromisos de mejorar la calidad de las corporaciones policiacas, depurándolas para que disminuya el crimen.
“A los gobernadores en realidad no les interesa mejorar la situación de seguridad pública de sus estados, lo que les interesa es utilizar a las policías como cuota de poder, y si están vinculados con el crimen organizado tenerlos con el crimen y recibir dinero. No les está importando la ciudadanía”, reitera el académico.
Ambos especialistas consideran que los altos mandos deberían dar el ejemplo y renunciar a sus cargos si resultaron reprobados.
“En toda organización jerárquica, los de arriba tienen que poner el ejemplo a los de abajo, y si hay mandos que están reprobados o hay sospechas de que tienen actividades delincuenciales, pues el ejemplo sería la renuncia, ya sea de ellos [por iniciativa propia] o del gobernador que se las debe de pedir”, dice Benítez.
“Imagínate que tienes un trabajo y la persona que te manda es una corrupta o está involucrada con el crimen, y entonces esa persona sigue siendo tu mando y, posiblemente, lo más seguro es que te obligue a hacer cosas que tú no debes hacer, pero es tu mando”, ejemplifica Morera.
Permanecen en sus cargos
En octubre del año pasado, tras una riña que se registró en un penal de Ciudad Obregón, cinco reos fueron golpeados por custodios con un bat de aluminio. Uno de ellos, Cristian Aragón López, tuvo que ser intervenido de emergencia y debido a las severas lesiones le extrajeron un riñón. Así como ese caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora (CEDH) ha detectado que en los penales de esa entidad han muerto internos por una serie de abusos y negligencias de los funcionarios penitenciarios, quienes han incurrido en graves violaciones a los derechos humanos.
El coordinador de estos centros penitenciarios es Ricardo Ornelas Saavedra, quien en 2011 fue evaluado en la Dirección General de Control de Confianza de la Policía Federal y obtuvo una calificación reprobatoria bajo la observación de “no recomendable”. A pesar de ello, el funcionario continúa en su puesto y no ha vuelto a realizar otra evaluación.
EL UNIVERSAL pudo corroborar que decenas de funcionarios reprobados siguieron en sus cargos luego de conocerse los resultados de los exámenes.
En Oaxaca, otro servidor público penitenciario que no aprobó los exámenes en abril de 2011 y mayo de 2012, fue Emmanuel Castillo Ruiz, que hasta el 15 de febrero de 2014 fue subsecretario de Readaptación y Prevención Social del estado. Ahora, Castillo Ruiz funge como vicepresidente de la Asociación de Correccionales de América, capítulo México, y en marzo pasado, con esa representación, realizó un recorrido por el penal de El Hongo, en Baja California.
Los evalúan tres veces y “no aprueban”
En el listado de altos mandos reprobados en poder de este medio aparece Ramón Domínguez Perea, actual fiscal especializado en Prevención del Delito de Chihuahua, quien asumió el cargo el 3 de noviembre de 2010.
El funcionario ha sido sometido tres veces a exámenes de control y confianza: la primera en febrero de 2011, luego en agosto de ese año, y la última en junio de 2012. En todas ha sido clasificado como “no aprobado”. Nunca fue removido por el gobernador César Duarte.
En Durango, Sandra Angélica Vázquez Parra fue vicefiscal de zona en la región Laguna. Tras reprobar las evaluaciones en abril de 2011, renunció al cargo seis meses después. Actualmente es candidata a diputada federal por el Partido Morena.
El 12 de octubre de 2011, en la misma Fiscalía de Durango, tras la salida de Vázquez Parra, Juan Soto Ledezma fue nombrado vicefiscal de la región Laguna. En noviembre de ese año realizó las pruebas y reprobó. El 10 de abril de 2012 lo removieron de esa fiscalía y lo nombraron vicefiscal de Derechos Humanos. El 26 de mayo de 2014 se le tomó protesta como subsecretario operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, donde continúa en el cargo.
Óscar Humberto Herrera López fue procurador general de justicia de Nayarit en 2011. Reprobó los exámenes en junio y en septiembre de ese año. Una vez que acabó la administración de Ney González Sánchez dejó el cargo. Anteriormente había sido presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nayarit.
En Oaxaca, José de Jesús Silva Pineda, quien fue nombrado subprocurador de la mixteca en enero de 2011, tras asumir el cargo de gobernador Gabino Cué, no pasó las evaluaciones en abril de 2011 y pese a ello duró un año más en su cargo: hasta el 18 de abril de 2012.
Inmediatamente fue nombrado subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político, donde estuvo hasta el 16 de abril de 2014. Después se le asignó una nueva tarea como asesor de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca y ahora es secretario técnico del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
Los de una nueva oportunidad
Víctor Amado Alonso Altamirano, actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Oaxaca, realizó por primera vez una evaluación en febrero de 2011 y resultó reprobado. Sin embargo, en menos de dos meses se sometió a nuevas pruebas, en ese entonces con el cargo de subprocurador general de la zona norte, y la segunda vez sí las pasó.
Otro que recibió una segunda oportunidad fue Gaspar Armando García, actual procurador general de justicia de Quintana Roo. El funcionario reprobó en mayo de 2011y siguió en el cargo un año y medio más hasta que en octubre de 2012, finalmente, aprobó los exámenes.
Al igual que él, Antonio Nieto Bastidas, actual subprocurador de Justicia en Quintana Roo, también reprobó en mayo de 2011 y aprobó hasta octubre de 2012. Nunca fue separado del cargo, donde actualmente sigue en funciones.
José Carlos Proal Diez, subprocurador de Procedimientos Metropolitanos en Puebla de 2011 a finales de 2014, reprobó las evaluaciones en tres ocasiones. La primera vez, en enero de 2011, bajo la observación de “no recomendable”, que significa que no cumple con los requisitos mínimos del puesto.
De acuerdo con el Manual para la evaluación del desempeño del personal de las instituciones de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación, cuando se obtiene esta calificación se recomienda “atención urgente, inmediata y profunda”. Además, se le pide a la institución que considere retirarlo de sus funciones y destinarlo a actividades de bajo riesgo. En cuanto no mejore su desempeño, el funcionario será dado de baja.
La segunda y tercera ocasión que Proal Diez se sometió a los exámenes en el Centro de Evaluación de la PGR [mayo y junio de 2012] nuevamente resultó no aprobado. Pese a ello, siguió en el cargo hasta finales del año pasado.
Suria Álvarez Beumont, quien en 2011 fue fiscal Especializada en Delitos Electorales y Atención de Denuncias contra Periodistas y Comunicadores en Veracruz, reprobó en abril de ese año y siguió en el cargo hasta diciembre. Tres años después, en 2014, fue nombrada vocal del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres, donde permaneció unos meses.
En Sinaloa, José Antonio Figueroa Lee, quien fue subprocurador general de justicia zona centro, reprobó en mayo de 2011. Pese a los resultados, el gobernador Mario López Valdez lo mantuvo en su cargo.
En junio de 2012 volvió a realizar las pruebas y nuevamente las reprobó. El 4 de septiembre de 2012, días después de haber dejado el puesto en la Procuraduría Estatal, Figueroa Lee tomó protesta como coordinador de asesores de la Secretaría de Gobierno. En julio de 2013, el Congreso del Estado de Sinaloa le otorgó una pensión por más de 30 años de servicio, pese a no haber acreditado los exámenes de control y de confianza que le exigía la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública para continuar en el cargo.
En Michoacán, en regiones azotadas por la violencia, los mandos de seguridad también reprobaron los exámenes. En mayo de 2011, Hugo Domínguez Nieto, subprocurador de Justicia de Lázaro Cárdenas, y Ciro Jaimes Cienfuegos, subprocurador de Justicia para Apatzingán, no obtuvieron la certificación policial.
En septiembre de ese año, ambos funcionarios renunciaron al puesto. Actualmente Jaimes Cienfuegos figura en la lista de candidatos plurinominales por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a una diputación local en el estado de Michoacán.
Fuente: El Universal
