Jaime Nava
Dos días después de que la organización Ciudadanos Observando presentara una denuncia penal en contra de Josefina Salazar Báez y Mariano Niño Martínez por haber facturado servicios con una supuesta proveedora de nombre Adriana Angélica Peredo Gómez cuyo esposo reconoció que se dedicaban a venta de facturas a cambio de una comisión del 8 por ciento, la legisladora con licencia publicó un comunicado mediante el cual rechazó la acusación y aseguró que su conducta fue “legal y legítima”.
“Desconozco si esta denuncia existe y la naturaleza jurídica de los señalamientos, puesto que no he sido notificada, ni requerida por ninguna institución competente.”, manifestó Josefina Salazar quien, además, se dijo dispuesta a presentarse ante las autoridades y se defendió apelando al principio de presunción de inocencia advirtiendo que, si bien los ciudadanos pueden interponer denuncias, “hacerlo no significa que las conductas sean ciertas”.
La panista reiteró que “en ningún caso” utilizó facturas apócrifas y finalizó su comunicado afirmando que durante toda su vida pública se ha conducido con “honestidad y transparencia”.
