Fernanda Durán
Durante el parlamento de las y los jóvenes 2024, algunos de sus participantes propusieron ante el Congreso del Estado la visibilización y reconocimiento jurídico para las personas no binarias, la prohibición de la desacreditación pública y la tipificación como delito de la difusión de imágenes creadas con inteligencia artificial en San Luis Potosí.
Este martes 27 de febrero, cada uno de los jóvenes de diferentes municipios del interior del estado presentaron en tribuna sus posicionamientos, discursos, exhortos e iniciativas sobre diversas problemáticas como educación, derechos humanos, tecnología, discriminación laboral, derechos culturales, maltrato animal y tecnología.
En su intervención, Adrián Barrios Muñoz señaló que el sistema binario de género impone rigidamente las categorías de hombre y mujer, excluyendo a aquellos cuya autopercepción no encaja en estas condiciones, por lo que destacó la invisibilización y discriminación sistemática de las personas no binarias, tanto jurídica como socialmente.
Por esta razón propuso una iniciativa para reformar el artículo 8 de la Constitución Política del Estado con el objetivo de reconocer jurídicamente a las personas trans con identidad de género no binaria.
Otra de las intervenciones en tribuna fue de Francisco Alejandro Salazar Rodríguez, quien remarcó la negatividad en redes sociales con prácticas como la “funa” que consiste en desacreditar a alguien públicamente por una acción que supuestamente ha realizado.
Bajo el argumento de que daña la imagen, el honor y la privacidad de la persona señalada, provocando depresión, ansiedad y aislamiento social, Salazar Rodríguez indicó que existe un dilema entre la libertad de expresión y el derecho al honor, por lo que propuso adicionar al artículo 1752 del Código Civil del Estado lo siguiente:
“Quien, por cualquier medio digital o impreso, acuse un delito a una persona sin presentar la denuncia o querella ante la autoridad correspondiente, siendo el hecho falso. Podrá resolverse por medio de cualquier método alterno de solución de controversias”.
Por su parte, Gustavo Alan Corral planteó establecer un marco legal que prevenga el mal uso de las tecnologías y del uso poco ético de ellas con violencia digital, que abarca desde el ciberbullying hasta la difusión ilícita de imágenes incluso íntimas, especialmente aquellos ataques dirigidos a mujeres, infancias, adolescentes y personas jóvenes.
Su propuesta consiste en reformar el artículo 187 de Código Penal del Estado, el cual se refiere a la difusión ilícita de imágenes para que contemple aquellas que son creadas, alternadas o modificadas mediante la inteligencia artificial para garantizar derechos fundamentales, como respeto a la identidad, datos personales y comunicación.
Mientras que Elizabeth Reyna expuso su propuesta, la cual busca abordar el desafío de la recaída de jóvenes que ingresan a los centros de rehabilitación y readaptación del estado con prevención y educación, mediante programas de concienciación en escuelas y comunidades; tratamiento y rehabilitación con centros de tratamiento accesibles para personas con problemas de drogadicción; y el apoyo a familias a través de asesoramiento y recursos para promover ambientes familiares saludables, así como fortalecer el apoyo a los jóvenes en proceso de recuperación.
Además del control y regulación de la venta de sustancias adictivas con sanciones más severas para el tráfico ilegal de drogas, así como alternativas laborales para las personas en proceso de rehabilitación como parte de una reintegración positiva en la sociedad.
