María Ruiz
A las 7 de la mañana de este jueves, un grupo de personal jubilado del Poder Judicial del Estado se manifestó frente a las instalaciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para exigir el pago de sus pensiones y claridad en el servicio médico al que anteriormente tenían acceso. La protesta surge como respuesta al incumplimiento de acuerdos previamente pactados con el magistrado presidente, Arturo Morales Silva, y el subsecretario de Gobernación, Jorge Vega Arroyo.
Los manifestantes denunciaron que, a pesar de que se les prometió que el pago de las pensiones adeudadas sería realizado el pasado 19 de agosto, hasta el momento no han recibido los recursos correspondientes. La situación ha generado un profundo malestar entre los jubilados, quienes ven cómo su calidad de vida se deteriora debido a la falta de ingresos y a la suspensión de los servicios médicos que durante años les proporcionaron estabilidad.
“Nosotros hemos dedicado nuestra vida al servicio del Poder Judicial y hoy nos encontramos en una situación precaria. No sólo estamos sin nuestros pagos, sino que también nos han quitado el servicio médico que es vital a nuestra edad”, expresó uno de los manifestantes, acompañado por sus familiares, quienes han tenido que unirse a las protestas para apoyar a los jubilados que, debido a su avanzada edad, enfrentan dificultades para movilizarse.
La incertidumbre sobre la situación económica y médica de los jubilados ha generado un ambiente de preocupación y desesperanza. Han compartido cómo algunos de ellos han enfrentado problemas graves de salud sin poder acceder a los tratamientos necesarios debido a la falta de recursos.
A pesar del difícil panorama, los jubilados han expresado su disposición al diálogo y su esperanza de que en el transcurso de hoy puedan ser recibidos por el Magistrado Morales Silva.
“No queremos más confrontaciones, sólo queremos que se cumpla con lo que nos corresponde. Esperamos que hoy nos escuchen”, añadieron.
La manifestación continúa mientras los jubilados esperan respuestas claras y acciones concretas por parte de las autoridades para resolver esta situación que afecta directamente su bienestar y dignidad.
