Eduardo Delgado
Con el objetivo de que “no queden en la absoluta impunidad” los abusos y atropellos de Juan Paulo Almazán Cue, cometidos durante su encargo como presidente del Poder Judicial del Estado y del Consejo de la Judicatura, un grupo de jueces y una magistrada pidieron al Congreso local “una investigación profunda”. Les advirtieron también a los diputados que es subordinado de políticos y empresarios de “quienes espera obtener beneficios” en sus “planes políticos”, pues se “jacta de ser el próximo gobernador” en el estado.
Este jueves, Adriana Monter Guerrero, con estatus de magistrada, los jueces Emilio Agustín Ortiz Monroy, Julián Ruiz Contreras, Juan Fernando Salazar Hernández y Javier Pérez Contreras, entregaron a los congresistas un escrito dirigido al Pleno, y las comisiones de Justicia y de Gobernación.
“Tememos que estas conductas de abuso de poder y de atropello de nuestros derechos queden en la más absoluta impunidad”, asentaron en una parte del extenso texto de cinco cuartillas. Sostienen que son “variados e innumerables los actos de represión, persecución y atropello”, perpetrados por Almazán Cue desde enero de 2017, cuando asumió el cargo que ostenta.
El sistema -expusieron- de pesos y contrapesos en el Poder Judicial “se encuentra anulado”, porque magistrados y consejeros “se encuentran sometidos” a su voluntad y ello “los inhibe a oponerse o mostrar siquiera cuestionamientos” a su actuación.
Añadieron: “De ahí que sea imposible que este sistema de control interno se vea animado a actuar en nuestro favor ni en contra de las decisiones arbitrarias”, como la asignación de plazas, contratos y ascensos a sus allegados y de consejeros, entre ellos “familiares y amigos”, lo que trunca un verdadero estado de derecho en el Poder Judicial, “que paradójicamente tiene la obligación de defender los derechos humanos, no sólo de sus trabajadores, sino principalmente de la ciudadanía”.
Aseguraron que Almazán Cue “no es un funcionario al servicio público, sino que se ha servido del poder para lograr sus pretensiones políticas”.
Asimismo, le advirtieron a miembros de la LXII Legislatura que no es sólo “subordinado del actual gobierno del estado, sino de políticos y empresarios de quienes espera obtener beneficios para sus planes políticos futuros”.
Al poco tiempo de asumido el cargo, recordaron, mostró su conducta “autoritaria, dictatorial, misógina, arbitraria y fascista” y relataron que colocó cámaras de video en todo el edificio sede del Poder Judicial “para espiar, pues todas las imágenes van a dar a su oficina privada como a su teléfono celular”, las que posteriormente utiliza para hostigar a magistrados, jueces y personal.
Luego, narraron, comenzó a entrometerse en decisiones de jueces, “dictando líneas y pidiendo atenciones personales para sus allegados o amigos” y “amenazando” con represalias en caso de desobediencia.
Según dijeron, a quienes desacataron sus instrucciones los reprimió con cambios “atípicos y constantes a zonas alejadas de su lugar de residencia” y “la instauración de procedimientos administrativos de responsabilidad infundados”.
Mencionaron que al frente de la Asociación de Jueces del Estado impuso, a mediados del año anterior, a Carlos Díaz Flores, y quienes no votaron a favor de este fueron afectados, como Emilio Agustín Ortiz Monroy, a quien le quitó el nombramiento de juez visitador.
Adriana Monter Guerrero, magistrada supernumeraria durante casi dos años, hasta junio de 2018, le canceló su derecho a ser ratificada, le abrogó su nombramiento y le “sugirió” no acudir al amparo. “Me amenazó con sufrir consecuencias políticas” para beneficiar a Felipe Aurelio Torres Zúñiga, uno de los hijos del matrimonio conformado por la magistrada Elsa Martha Zúñiga Jiménez y Felipe Aurelio Torres Torres, ex delegado de la Procuraduría Agraria.
Al emprender su defensa fue removida de magistrada y la regresó a su cargo como secretaria general del Supremo Tribunal de Justicia; de allí la removió a secretaria de estudio y cuenta a un juzgado civil y finalmente al archivo judicial.
Con Julián Ruiz, señalaron, se molestó porque pidió su cambio del sistema de justicia oral al tradicional, lo que le derivó en frecuentes cambios de adscripción a juzgados del interior del Estado.
Los restantes, quienes “nos negamos a ser vasallos”, fueron reprimidos con inestabilidad laboral, constantes cambios de adscripción, la instauración de procedimientos de responsabilidad administrativa y la negativa de vacaciones, entre otras cosas.
Subrayaron que todo lo han expuesto ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, organismo encabezado por Jorge Andrés López Espinosa, sólo ha mostrado “una actitud de servilismo, dócil y temerosa”, por la supuesta influencia política del magistrado presidente.
