Marcela Del Muro
La tarde del 18 de diciembre, Fernando Zapata Guzmán, juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, concedió el cambio de medidas cautelares, la liberación de prisión a cambio de arraigo domiciliar, a José Guadalupe N., uno de los presuntos asesinos de Daniela y Carlos, hijos de la comandanta Rosalinda Ávalos, policía de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Todo estuvo planeado”, sospecha la comandanta, quien encaró al juez: “¿Cuánto le pagaron por esto?”, gritó furiosa tras el fallo.
La investigación indica que José Guadalupe se encargó de conseguir las armas y de resguardarlas tras el ataque en el que se mató a los hijos de Rosalinda. También se sabe que viene de una familia de dinero, propietaria de tierras y residencias en la delegación de La Pila, donde se le vincula con un grupo criminal.
El juez justificó su decisión argumentando que, en tres años de prisión, las condiciones del imputado habían cambiado: se dijo que José tiene 15 años de residencia en La Pila, se presentó una constancia domiciliaria firmada por su papá, líder ejidal de la delegación; en donde cuenta con varias propiedades, que renta; también se presentó el acta de nacimiento de su hija, de seis años, que necesita a su papá; y se justificó que no cuenta con pasaporte ni visa vigente.
Las condiciones no han cambiado, señala la madre, más bien, se reacomodaron para justificar la liberación de José Guadalupe. A finales de marzo, la defensa solicitó el cambio de medidas, negada por el riesgo que implicaba la liberación del imputado para las víctimas, Rosalinda y su hija, y para los testigos del caso. El 6 de diciembre, los abogados de José desistieron del amparo que presentaron en aquella ocasión, y apenas este lunes se convocó a audiencia.
“Dicen ‘no se va a ir, está vigilado’, pero se les olvida que en mi caso hay policías implicados”, reclama Rosalinda. El caso de la comandanta es emblemático en San Luis Potosí porque demostró la existencia del Cartel de la Ministerial. El asesinato de Daniela y Carlos, el 11 de noviembre de 2020, fue una venganza por la investigación de su mamá, donde se vinculó a compañeros de su misma corporación con el grupo criminal que maneja la zona de La Pila, en el robo de autos y el aumento de la delincuencia.
El reacomodo de las condiciones para la liberación
“La Fiscalía mató a mis hijos. Ya no están, todo por hacer un buen trabajo. Me aseguraron que no iban a liberarlo, ¿cuál fue el plan? ¿Por qué lo dejaron salir?”, cuestionó Rosalinda Ávalos a Doroteo Paredes Granados, fiscal especializado en Materia de Derechos Humanos, que atendió a la madre en nombre de la fiscal general María Manuela García Cazares, que se encuentra en la Huasteca.
La audiencia se programó cuando el agente del Ministerio Público (MP) que lleva la investigación del caso salió de vacaciones. El encargado del área de homicidios de la FGE se comprometió con la madre a no enviar representante para poder diferir la audiencia. Rosalinda mostró los mensajes a Paredes Granados y volvió a preguntar “¿cuál fue el plan?”.
La comandanta llegó retrasada a la audiencia, programada al mediodía del 18 de diciembre. El juez dio un receso de 20 minutos que se extendió a tres horas, tiempo suficiente para que llegara una MP adscrita al caso, a pesar de desconocerlo. El asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) intentó argumentar para evitar el cambio, pero fue en vano. “La abogada estaba toda nerviosa, se la pasó taconeando, ¿por qué la envió si no sabía nada? ¿Por qué me mintió el licenciado (de homicidios)?”, cuestionó Rosalinda.
“No tengo cómo justificarlo”, contestó Paredes Granados. “Acepto fue un golpe fuerte, usted sabe que hemos cuidado el caso, ahora tenemos que reconfortarnos y ver qué hacemos”, agregó.
Rosalinda, su hija y dos hermanas de la comandanta explotaron. “¿Qué sigue, liberarlos a todos?”, dijo una. “Los hacemos responsables de lo que les pase a ellas, compadezcanse de su dolor”, dijo la otra.
El juez argumentó que el riesgo de Rosalinda y su hija no es ponderable, pues, en los tres años de reclusión de José Guadalupe no existieron amenazas y no se dictaron medidas de protección. Los asesores jurídicos de la CEEAV que llevan el caso piensan distinto y pidieron a Padilla Granados se dictaran medidas adecuadas para salvaguardar la vida de las víctimas.
En estos cuatro años, tres policías de la exministerial, dos implicados y un testigo presencial del ataque, fueron asesinados. Rosalinda reclama que la investigación del policía testigo no se haya vinculado con su caso. Además, la delegación de La Pila sigue siendo un foco rojo de delincuencia, a mediados de octubre del año pasado, dos agentes de la Guardia Civil Estatal, uno de ellos hijo del titular de dicha corporación, fueron emboscados cuando investigaban el robo de un auto en la zona.
Doroteo Paredes se comprometió a buscar las medidas de protección idóneas para Rosalinda y su hija, y a trabajar en una apelación que pueda revertir el error del encargo de homicidios, que será presentada el lunes próximo.
“Él va a pasar navidad con su hija y mis hijos ya no están porque los mataron ellos. ¿Cree que es justo? Las víctimas no tenemos derechos en este sistema de justicia”, señala Rosalinda Ávalos.
