Ciudad de México (16 de julio de 2016).- Un juez declaró inconstitucionales cuatro acuerdos suscritos por las autoridades mexicanas para garantizar, entre otros aspectos, que los maestros no sean despedidos así como “un banco de plazas”, informó hoy la organización Mexicanos Primero.
El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México concedió un amparo a Mexicanos Primero, que reclamó violaciones constitucionales por “mantener vigentes y reconocer como válidos” dichos acuerdos, firmados entre 1992 y 2015, en favor de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), indicó la asociación civil en un comunicado.
Aseguró que en la sentencia judicial, que todavía no se ha hecho pública, se reconoce que las autoridades otorgaron “un régimen de excepción” a la Sección XXII de la CNTE, correspondiente al sureño estado de Oaxaca, que “no encuentra justificación válida”.
Las evaluaciones a los maestros es uno de los puntos más batallados por los integrantes de la Coordinadora disconformes con la reforma educativa de 2013, que estableció que un docente que suspenda tres veces la prueba deberá abandonar las aulas.
En la minuta más antigua, que data del 28 de octubre de 1992, se establece que “el gobernador del estado, por conducto del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y conforme a la legislación aplicable, otorgará un banco de plazas como patrimonio de la Sección XXII”.
Este acuerdo está suscrito por el gobernador oaxaqueño de entonces, Heladio Ramírez, y el secretario general de la Sección, Erangelio Mendoza.
Otro de los documentos, del 27 de mayo de 2014 y firmado únicamente por el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Miranda, afirma que “ningún trabajador podrá ser removido, ni cambiado de su centro de trabajo, ni sufrir detrimento en sus salario o remuneraciones”.
Según Mexicanos Primero, la resolución judicial pide que las autoridades responsables “dejen insubsistentes” estos dos acuerdos, así como otros dos fechados en noviembre de 2013 y febrero de 2015.
“Existe una obligación del Estado de velar por la aplicación sin excepciones de la legislación vigente a efecto de cumplir con los estándares establecidos para el cumplimiento del derecho humano a la educación”, de acuerdo con un fragmento de la sentencia divulgado por la organización.
La decisión “señala que las obligaciones que ahora tienen los trabajadores no implican una transgresión a sus derechos laborales”, aseveró Mexicanos Primero, que se define como “una iniciativa ciudadana, independiente y plural que tiene como objetivo impulsar el derecho a la educación de calidad en el país a través de instrumentos para la exigencia y participación ciudadana”.
Fuente: EFE.
