Juicios políticos: primer intercambio

Por Victoriano Martínez

…y la Ley de Juicio Politiquero arrojó sus primeros resultados: en sesión privada, el Congreso del Estado desechó las solicitudes de juicio político contra el alcalde Xavier Nava Palacios, el ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez, y el ex tesorero municipal –hoy diputado–, Emanuel Ramos Hernández.

Tan burdos y obvios han resultado los diputados de la LXII Legislatura, que de la larga lista de solicitudes de juicio político comenzaron por desahogar dos abiertamente relacionados: “desechamos el tuyo si tú desechas el nuestro”. El primer empate politiquero.

Como antecedente quedó la intervención del diputado Cándido Ochoa Rojas el 25 de junio cuando, en la sesión ordinaria, adelantó la postura que tendría en la sesión privada de ese mismo día. Acusó a sus compañeros de pretender desechar el juicio contra Nava Palacios “por una coma, por un papel, por alguna cosa…”

Ochoa Rojas rompió las reglas de sigilo que rigen al Congreso del Estado, porque en la opacidad de aquella sesión privada seguramente podría ejercer muy poca presión a su contraparte para lograr desechar uno por otro.

El apoyo de la diputada María Isabel González Tovar resultó plenamente entendible, en tanto que la histriónica postura del diputado Rolando Hervert Lara mostró un tosco intento de sacar alguna ventaja para sus aspiraciones de ser candidato panista a la gubernatura.

Sin haber iniciado aquella sesión, desde la ordinaria sus asuntos quedaron resueltos y ya sólo se realizó para regresar a comisiones el dictamen que este jueves 15 de octubre volvió al pleno en el mismo sentido, pero acompañado de otro que igualaba el cartel: desechado un juicio contra Nava Palacios, desechado otro contra Gallardo Juárez.

Ya no hubo argumentos públicos ni quejas “por una coma, por un papel, por alguna cosa…”. Todo quedó encubierto, ahora sí, bajo las reglas de sigilo que rigen al Congreso del Estado en cuestión de sesiones privadas que, convenientemente, dieron paso a un empate.

La coma, el papel y alguna cosa se volvieron irrelevantes, pero –lo más grave– también quedaron irrelevantes los motivos que a los solicitantes de ambos juicios políticos los llevaron a considerar que el alcalde y el ex alcalde debían ser sometidos a juicio político.

Con ese arreglo se ningunea la Ley de Juicio Político para degradarla a politiquería, pero también habría dos damnificados más por la opacidad con que se encubren los dos desechamientos.

Por un lado, Teresa Carrizales, quien difícilmente estará satisfecha y, por el otro, la síndico en su calidad de representante de los intereses del municipio, quien no podrá rendir buenas cuentas  de su defensa del patrimonio de todos que consideró afectados, cual si su solicitud hubiese sido deficiente.

¡Con que facilidad se degradan a meras piezas de intercambio las aspiraciones de reivindicar derechos o resarcir daños al patrimonio común y sancionar a quienes los afectaron!

Una degradación de la representación que deben honrar los diputados, que tiene como principal aliada la opacidad con la que legalmente -¡para colmo!– las actas en las que queda fundada y motivada la determinación se pueden mantener “archivadas en lugar seguro y bajo clave”, según el artículo 43 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado.

En la sesión ordinaria del 25 de junio, el diputado Eugenio Govea Arcos propuso la desaparición de las sesiones privadas para que toda la población conozca sus posturas y cada diputado asuma públicamente su responsabilidad ante los juicios políticos.

Aunque sería la medida que dificultaría politiquerías traicioneras a su representación como la que se consumó este jueves, aquella propuesta resultó sólo un desplante para causar un efecto en el momento.

A 112 días de que se mencionó la necesidad de desaparecer las sesiones privadas, queda claro que los diputados prefieren trabajar en la opacidad que les autoriza el capítulo “De las Sesiones Privadas” de su Reglamento… sobre todo porque aún tienen una larga lista de solicitudes de juicios políticos que les permitirán proteger sus intereses particulares y de grupo antes que los generales.

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