Abelardo Medellín
Para marzo de este año se plantea que se cierren de forma definitiva las juntas de conciliación y arbitraje de los municipios de Ciudad Valles, Matehuala y Rioverde, como parte de la conversión al nuevo Sistema de Justicia Laboral, informó el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Néstor Garza Álvarez.
Luego de que fuera anunciado el nuevo Sistema de Justicia Laboral en 2020, se ha requerido la gradual finalización de los trabajos que realizaban las juntas locales de conciliación que, según había anunciado la STPS en San Luis Potosí, terminarían en 2022, pero se han extendido hasta este año.
Como parte del cierre definitivo del modelo pasado, las oficinas de conciliación dejaron de recibir demandas laborales desde el 3 de noviembre de 2022 pese a que acumulaba un rezago de más de 12 mil asuntos pendientes, al menos hasta octubre del año pasado, según Garza Álvarez.
Asimismo, el titular de la STPS reveló que actualmente solo se tiene un rezago de 8 mil asuntos pendientes y la mayoría de los casos están concentrados en la capital; aquellos que no se logren resolver para el momento del cierre de las juntas de conciliación en los municipios, se atenderán en la junta de la capital del estado.
Al ser cuestionado respecto a si esta decisión centralizaría los asuntos y dificultaría que las partes asistan a atenderlos, el secretario contestó que los asuntos por tramitar son “viejos” y responsabilizó a los abogados litigantes por haber retrasado los casos.
“En muchos de estos asuntos han sido víctimas, los trabajadores, de la industria del litigio, es decir, que los abogados atrasan, atrasan, chicanean y hacen coyotaje de los asuntos, de esta manera quienes deberán cubrir los gastos de los asuntos son los abogados, porque ante la junta se requiere un abogado”, comentó.
El secretario afirmó que con el nuevo modelo de justicia se terminaron los abusos de este tipo que emprendían los abogados en materia laboral.
Néstor Garza informó que trasladar los asuntos a la capital del estado no debe significar un gasto al trabajador, pues solo se requiere de la presencia del abogado.
Además, comentó que si un ciudadano no tiene un abogado que pueda trasladarse a la capital, en los municipios habrá trabajadores de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador para representarlos.
