Alejandro Rubín de Celis
El de La Noria de San José es uno de esos casos como tantos otros que hay en la historia del país donde comuneros, ejidatarios y otros grupos vulnerables se enfrentan al monstruo que representa una poderosa empresa trasnacional con el beneplácito y la complicidad del gobierno, y padecen la violación de sus derechos humanos sin que la autoridad les proporcione la protección que le corresponde brindar.
En el modelo neoliberal en el que ingresó México hace más de 30 años, el Estado mexicano ha dado preferencia a los proyectos de inversión privada, sobre todo extranjera, permitiendo el saqueo de las riquezas del país por encima de la sustentabilidad del medio ambiente -ahí está el caso de Minera San Xavier─ y de los derechos de los pobladores de localidades donde se pretende ─y casi siempre se logra─ instalar naves industriales y otros complejos fabriles para favorecer a grandes conglomerados empresariales.
Tras el calvario que las víctimas han padecido desde hace casi dos años para que se haga justicia luego de que en diversos hechos personal de la empresa American Industries, agentes policiacos y presuntos cómplices del sector oficial han violado sus derechos humanos; y de haber tenido que soportar la negligencia y el desprecio de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) y de autoridades policiacas y judiciales, por fin la CEDH reaccionó bajo presión y ha emitido recomendaciones a cuatro autoridades por los hechos violentos en contra de pobladores de La Noria de San José.
El conflicto comenzó el 14 de junio de 2016 cuando trabajadores de la empresa American Industries pretendieron desalojar a pobladores de esa comunidad y despojarlos de sus viviendas y negocios para construir una nave industrial, no obstante que los terrenos en disputa estaban el litigio en el Tribunal Unitario Agrario. En el lugar se presentó como actuario judicial Julio César García Meléndez, quien ocupaba también la dirección jurídica de la CEAAV, es decir, que era victimario y defensor de víctimas al mismo tiempo.
Ejidatarios y habitantes de la zona opusieron resistencia pero los representantes de la compañía ─que no mostraron a los pobladores una orden judicial para tomar posesión de los predios─ agredieron a quienes defendían su patrimonio ─al menos hasta ese momento─, y con máquinas buldócer demolieron un restaurante del lugar. El enfrentamiento derivó en la detención de 11 pobladores de La Noria de San José pues el gobierno estatal sostuvo que a la empresa le asistía la razón jurídica.
Ese mismo mes y posteriores se presentaron otros enfrentamientos en presencia de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Ministerial, quienes nada hicieron para evitar las agresiones aduciendo que no podían intervenir en virtud de que se trataba de un conflicto entre particulares. También estuvieron presentes representantes de la CEDH que dieron cuenta de los hechos pero que no apoyaron lo suficiente a las víctimas para que se hiciera justicia. En uno de los enfrentamientos más intensos, registrado el 28 de diciembre de 2016, los vecinos se quejaron de actos ilegales de la autoridad como allanamiento de morada, privación ilegal de la libertad y otras violaciones a sus derechos, así como agresiones en contra de una menor de edad, lo que derivó en una recomendación de la CEDH que fue impugnada por los habitantes del lugar por considerar que presentaba deficiencias y omisiones relacionadas con los hechos.
En distintos momentos, los afectados han presentado denuncias ante la Procuraduría de Justicia del Estado que hasta ahora no ha dado a conocer siquiera algún avance en las investigaciones para que se castigue a los responsables de las agresiones. Lo mismo han hecho ante la CEDH y la CEEAV sin que esas instancias, que se supone están para proteger a las víctimas, hayan hecho lo necesario para que se haga justicia y se reparen los daños causados a las víctimas.
En el colmo de la contradicción, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel nacional ha nombrado a Oscar Candelas Reyes como delegado de esa institución en San Luis Potosí. Candelas es miembro de un despacho de abogados que tiene como uno de sus clientes nada menos que a American Industries. El mundo al revés: el defensor de las víctimas es también victimario en el caso de La Noria de San José, en un claro conflicto de intereses.
En meses recientes, habitantes de la comunidad buscaron entrevistarse con el titular de la CEDH, Jorge Andrés López Espinosa, quien no había respondido a su llamado para darles una cita, hasta que los afectados le hicieron un plantón apoyados por organizaciones civiles y al supuesto defensor de derechos humanos no le quedó más que emitir la recomendación 07/2018 dirigida al Fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera; al titular de la CEEAV, Jorge Vega Arroyo ─ex presidente de la CEDH─; al secretario de Seguridad Pública del Estado, Ernesto Pineda Arteaga; y al encargado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Saúl García Rodríguez, para que cada uno, en el ámbito de su competencia, coadyuve al esclarecimiento de los hechos y al deslinde de responsabilidades en los enfrentamientos suscitados en La Noria de San José.
Al margen de la resolución del tribunal sobre el litigio relativo a la propiedad de los predios en disputa, las arbitrariedades, la indiferencia, los agravios, la inacción de las instancias policiales y del sistema de procuración de justicia, que han sido ampliamente documentados por los afectados en las denuncias públicas que han presentado ante los medios informativos y ante las instancias competentes, deben ser sancionados… ¡pero ya! El tiempo que ha transcurrido ha sido más que suficiente para deslindar responsabilidades. ¿O es que hay una acción concertada para proteger a la empresa y a las autoridades que han incurrido en omisiones y excesos?
La sociedad debe exigir que haya justicia pronta para las víctimas a fin de que el de La Noria de San José no se convierta en un caso más de impunidad en San Luis Potosí.
