Marcela Del Muro
“Cuando lo detienen, yo creía que se había logrado la justicia para Lupita”, dice Susana Cruz. El feminicida de su hija fue recapturado el 15 de febrero tras casi diez años de esconderse de las autoridades. “Ahora me causa coraje, me produce indignación y también preocupación”, agrega la madre. El pasado 7 de octubre, el Juzgado aprobó el cambio de medidas, concediéndole la libertad inmediata.
Guillermo tiene 27 años, pero el secuestro simulado y el feminicidio de Lupita Viramontes Cruz lo realizó cuando tenía 15, en el 2012. Para este caso, el hombre es juzgado como adolescente, aunque sea un adulto que creció estando prófugo.
La fiscal general del Estado, Manuela García Cázares, definió como “problemática” la retroactividad que contempla la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; la legislación que se aplicó para, primero, disminuir la sentencia de Guillermo de 17 a tres años de internamiento y, ahora, le da la libertad a cambio de realizar servicio a favor de la comunidad durante 1 año y 25 días.
“Esta decisión nos vulnera. No puede nombrarse justicia si la integridad y la seguridad de nuestra familia y de la sociedad están comprometidas por una decisión de la autoridad. No es justicia sin la garantía de no repetición”, expresó Susana en la rueda de prensa que realizó ayer, 11 de octubre, acompañada de integrantes de la colectiva Por ellas, por nosotras y por todas, frente al memorial para víctimas de feminicidio en la Plaza de Armas.
Ese día, la familia Viramontes Cruz presentó su apelación por la liberación anticipada de Guillermo, aprobada por el juez Ernesto Rivera Sánchez, del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas y especializado en adolescentes y ejecución de medidas del sistema tradicional.
Susana explicó que en audiencia “se le solicitó al juez que vigilara el procedimiento justo para ambas partes, también para nosotras las víctimas. Frida [la menor de los Viramontes], yo creo se sintió amenazada, le mencionó al juez que si se le concedía la libertad también tuviera consideración del constante riesgo en el que hemos estado, y de las burlas y amenazas de las que han sido víctimas ella y su hermano”.
Sin embargo, el juez no escuchó los alegatos de la familia. Según la Ley de Justicia Penal para Adolescente, el juez también debería de cuidar la integridad de las víctimas si se encuentran en peligro. Además, la ley señala que, en caso de delitos considerados graves, como el secuestro y el feminicidio, es posible justificar la prisión del culpable, en este caso Guillermo, pues el fin del internamiento en adolescentes es prepararlos para su reinserción social.
“Las normas, las leyes, son una herramienta para ello. No son un fin en sí mismo. Otro tanto depende de quienes materializan lo que está en la ley. Las decisiones judiciales impactan directamente en nosotras, las víctimas, impacta en nuestra salud mental, en nuestro derecho a continuar la vida, en nuestras condiciones materiales de la existencia, en la memoria de nuestras hijas, en nuestro dolor, en nuestra vida cotidiana y en nuestra comunidad”, explicó la señora Esperanza Lucciotto, mamá de Karla Pontigo e integrante de la colectiva Por ellas, por nosotras y por todas.
Para Susana, el feminicida de su hija no cumplió con lo que dicta la ley y tampoco tuvo un proceso terapéutico que asegure que su libertad será en paz, sin más amenazas y peligro para su familia.
La madre exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) que se agilice la solicitud de medidas de protección. El comisionado Miguel Ángel García Amaro aseguró que el equipo jurídico de la CEEAV ya realiza la solicitud, señalando de forma sólida todas las medidas de protección que requieren los Viramontes Cruz para salvaguardar su integridad; este documento será presentado el lunes ante Juzgados.
El miedo regresa: “lo van a volver a intentar”
Cuando hay un aguacero en la ciudad, a Susana le da ansiedad. Es algo irracional, un reflejo de su cuerpo al recordar aquel 29 de junio de 2012, cuando Lupita, de 15 años, salió a la tienda y no regresó. En medio de la lluvia, Susana y su esposo Felipe buscaron a su hija, pero no la encontraron en la tienda ni en los alrededores de su casa.
El miedo ante un secuestro fue algo que rondó a la familia desde seis meses antes del feminicidio. Los padres recibieron una amenaza de secuestrar a alguno de sus tres hijos, en el escrito se incluía de forma muy detallada la rutina de los Viramontes. Esto asustó a los padres y denunciaron ante las autoridades, quienes le comentaron que los secuestradores no avisan, desestimando la acusación.
Ante la indolencia del Estado, los padres intentaron proteger a sus tres hijos, pero no pudieron impedir que un grupo de adolescentes, liderados por Raúl Castillo, de entonces 18 años, el hermano mayor de Guillermo, planearan y ejecutaran el secuestro simulado y el feminicidio de Lupita. En esa ocasión, al igual que ahora, las autoridades no supieron medir el peligro en el que se encontraban los Viramontes.
“El riesgo no era solo para Lupita, también para mis otros hijos”, señala la madre con impotencia. Y el riesgo continúa.
Esa noche de la desaparición de Lupita, mientras los padres se encontraban con oficiales de la policía, Guillermo, Raúl y otros dos adolescentes que también estuvieron implicados en el secuestro simulado, llegaron a casa de los Viramontes.
“Esos cuatro muchachos eran amigos de mis hijos. Se acercaron a Frida y Pal y les dicen ‘vamos a buscarla’ e intentaron llevárselos a la colonia donde encontraron el cuerpo de Lupita. Cuando yo recuerdo eso me viene un sentimiento de preocupación: lo van a volver a intentar”, teme Susana.
La madre explica que el diagnóstico psicológico de Guillermo contiene varios puntos preocupantes: señala que es una persona impulsiva, que actúa bruscamente y no tiene control adecuado, también “dice que es una persona que necesita el reconocimiento de los demás para sentirse tranquilo y es fácil manipulable”.
A pesar de que Raúl está en prisión, la madre asegura que el sentimiento de odio que le tiene a su familia continúa. Ahora Guillermo está libre y puede tener comunicación constante con su hermano. Uno de los temores de Susana es que, si ellos retoman la relación, puedan volver a planear hacerle daño a su hijo y/o a su hija menor.
Justicia ¿para quién?
“Esta decisión extiende el sentimiento de impunidad y la idea de que la justicia es imposible para las mujeres. Esta determinación (…) está muy lejos de representar la justicia para Lupita y para nuestra familia”, apuntó la madre frente a la prensa.
La palabra justicia quedó vacía. Con la liberación de Guillermo, la justicia de la que tanto hablan los funcionarios públicos no tiene ningún significado para los Viramontes Cruz. Ese derecho de las víctimas, que el Estado debería de proteger, no llegó para Lupita y su familia.
Sofía Córdova, antropóloga y acompañante de la colectiva, se pregunta. “¿A quién se le hizo justicia en este caso?”. Aunque el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Arturo Morales Silva, aseguró que el juez vio por ambas partes y respetó la ley. Para la sociedad que acuerpa la lucha de las familias con hijas víctimas de feminicidio, esta resolución sólo benefició a Guillermo, dejando en indefensión a la familia y también a las mujeres que se vinculan o vincularán con el hombre de 27 años.
“La impunidad en los feminicidios manda un mensaje de permisividad que afecta cualquier estrategia de prevención que implementen, esto es responsabilidad directa del Estado”, señaló Susana.
La mamá de Lupita habla sobre la Alerta de Violencia de Género, que en meses pasados fue retirada de los municipios de Matehuala, Tamuín y Tamazunchale, y más recientemente el Ayuntamiento capitalino anunció que trabajará en retirarla, para ella es necesario trabajar de fondo en combatir la violencia de género: robusteciendo la FGE, la CEEAV, las policías; trabajando con el Poder Judicial para que escuche a las víctimas y respeten el derecho al acceso a la justicia; creando programas y mecanismos para que las mujeres puedan caminar seguras por la ciudad; impidiendo que los feminicidas, como Guillermo, sean liberados sin haber cumplido con la reparación del daño y su rehabilitación. Para Susana esa es la única forma como las mujeres podremos vivir libres y sin violencia.
“Por la rabia, el amor que le tengo a mi hija y por la fuerza que impulsan mis hijos, he buscado la justicia, siguiendo el expediente, pero es cansado y no todas las familias siguen con el proceso”, expresó la madre. El mismo desgaste provocado por las omisiones institucionales, que para Susana ha sido aguantar un proceso larguísimo de 12 años, causa que las familias de víctimas desistan de sus procesos sin llegar a palpar la justicia y sin poder sentirse seguros.
Aunque la familia y las mujeres que acuerpan la lucha de los Viramontes tienen esperanza de que la apelación pueda revertir la decisión del juez, lo cierto es que las posibilidades de que esto suceda son pocas.
“Exijo justicia para mi hija. Ella no es un número más, Lupita tenía sueños y proyectos que fueron truncados por los feminicidas. Lupita merece tener justicia”, finalizó Susana.
