Por Victoriano Martínez
No es ninguna novedad considerar que la actual administración estatal se ha convertido en un gobierno de propaganda, que genera conceptos y narrativas para descalificar a los gobiernos anteriores, entre los que destaca el de herencia maldita, a pesar de que muchos de sus actos reproducen las actitudes del pasado, con apenas algunas diferencias de alharaca promocional.
A Jaime Pineda Arteaga, Mónica Rangel Martínez, Miguel Ángel N. y Leopoldo N. les tocó en este sexenio padecer lo que en el sexenio de Marcelo de los Santos a los empresarios Rufo Antonio Gutiérrez Ramírez y José del Pilar Ramírez Magaña, y en el de Fernando Toranzo Fernández a Joel Azuara Robles, Humberto Picharra Carrete, María Luisa Paulín y Jorge González Hernández.
La herencia de corrupción que presuntamente no quedaría impune en el sexenio de Marcelo de los Santos tuvo que ver con irregularidades en un intento gubernamental por deshacerse de los invernaderos de Santa Rita porque en ese entonces, lejos de ser productivos, representaban una sangría financiera para el Estado.
En el caso de Toranzo Fernández, fueron diferentes delitos según el exfuncionario y, al menos en el caso del exsecretario de Finanzas las acusaciones fueron por fraude y asociación delictuosa, que incluyó también acciones penales en contra de funcionarios menores.
Fueron los dos primeros sexenios con acciones justicieras en contra de presuntos actos de corrupción en el sexenio anterior, en una racha que se rompió en el gobierno encabezado por Juan Manuel Carreras López.
Con los casos Jaime Pineda Arteaga, Mónica Rangel Martínez, Miguel Ángel N. y Leopoldo N., el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona retoma aquello que se comenzaba a volver costumbre: encarcelar a exfuncionarios, someterlos a un procesos judicial y que finalmente quedan libres.
De los cuatro personajes del sexenio anterior que hasta hoy han sido vinculados a proceso, dos ya obtuvieron su libertad. A diferencia de los sexenios de Marcelo de los Santos y de Toranzo Fernández, en esta ocasión hubo una presunta reparación del daño, cuya aplicación ya se contempla en la legislación.
Mónica Rangel Martínez obtuvo su libertad al reponer 22 millones 400 mil pesos (¿o más de 50 millones en cajas de huevo como describió Gallardo Cardona en la entrevista que le hizo Ricardo Rocha?), en tanto que ahora Pineda Arteaga sale libre por regresar 2 millones 300 mil pesos.
La estridencia propagandística en torno a la presunta herencia maldita, desde el discurso inaugural del sexenio, habló de un saqueo de mil 700 millones de pesos, sólo en la Secretaría de Salud.
Una recuperación, hasta ahora, de 24 millones 700 mil pesos a cargo de los titulares de dos Secretarías exhibe la desproporción entre el daño patrimonial que se señala y el resultado de las presuntas acciones justicieras.
Han transcurrido seis meses del sexenio, y lo actuado en contra de los actos de corrupción de los funcionarios del sexenio pasado describe una trayectoria muy similar a la que se dio con Marcelo de los Santos y con Toranzo Fernández.
¿Cuántas cosas se ha hecho Gallardo Cardona de manera similar a los anteriores sexenios y la única diferencia es que están arropados por una parafernalia de propaganda?
