Fernanda Durán
El Juzgado Sexto de Distrito comenzó a incluir como autoridad responsable al Gobierno del Estado en el cumplimiento a las demandas de amparo promovidas por el Colectivo Praxis Combativa con las que se pretende garantizar el acceso gratuito a la educación superior, principalmente a estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
Tras la nueva jornada de juicios de amparo organizada por el colectivo en junio pasado, a través de la cual se promovieron 15 demandas, el abogado David Reyes Medrano informó que entre algunas de las sentencias, como el expediente 1086/2023, el Juzgado Sexto de Distrito determinó que la UASLP no contaba con los recursos para hacer frente a esta necesidad educativa.
Por lo que en vez de conceder la gratuidad de los promoventes, estableció un descuento sin precisar el monto.
Debido a la consideración de que la Universidad tiene un déficit financiero y el antecedente de la solicitud para ministrar los recursos del convenio enviada al Ejecutivo por Francisco Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior, también se ordenó comenzar con el trámite para que la administración estatal dé cumplimiento al convenio presupuestario firmado entre los gobiernos estatal, federal y la UASLP firmado desde 2016, así como su Anexo de Ejecución.
Cuando Concheiro Bórquez envió la solicitud, la deuda del Estado con la UASLP oscilaba en 132 millones 477 mil 350 pesos.
Al no obtener la gratuidad y solo un descuento para los alumnos, el colectivo promovió recursos de revisión con los que esperan obtener una resolución a su favor, ya que anteriormente les han admitido los amparos basados en la reforma a la Constitución Política de México en 2019, en la que se establece que la educación superior es gratuita.
Por su parte, Reyes Medrano insistió en aclarar que cada amparo presentado por el colectivo sólo señala a las autoridades universitarias como responsables, pero ahora el propio juez ha vinculado al Ejecutivo sin que ellos lo soliciten, al considerar la problemática presupuestal.
Por esta razón, pidió deslindar a los activistas y universitarios de cualquier conflicto con Gobierno del Estado.
En consecuencia acerca del tema presupuestal, estudiantes de Arte Contemporáneo y de Ciencias Sociales y Humanidades presentaron ante el Congreso del Estado una petición a fin de que aumenten el presupuesto para la educación superior en el estado, avancen en políticas para otorgar la gratuidad y se etiquete presupuesto directamente para aminorar los costos de las inscripciones a todas las carreras, “para que el recurso se destine directamente al costo que hoy, inconstitucionalmente, se pide a las y los estudiantes para su inscripción y permanencia en la educación superior”.
Los peticionarios señalaron que actualmente el presupuesto 2023 para la educación superior en San Luis Potosí es de 3 mil 153 millones 351 mil 982 pesos, lo que representa un 5.2 por ciento del presupuesto total del estado, lo que consideran “insuficiente para cubrir las necesidades de las universidades públicas, que ofrecen una educación a más de 79 mil estudiantes”.
