Por Victoriano Martínez
Si la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) efectivamente se dedicara a garantizar el derecho por el que existe no sólo combatiría la simulación en las obligaciones de transparencia con archivos vacíos, sino que también monitorearía el tipo de respuestas de los sujetos obligados para contrarrestar las muchas que desalientan e indignan a los solicitantes.
Las dos modalidades de acceso a la información pública, a través de (1) la difusión que los sujetos obligados deben difundir de oficio y de (2) las respuestas que están obligados a dar a las solicitudes de información de cualquier persona, los comisionados de la CEGAIP los mantienen en un casi absoluto descuido a pesar de ser la base en el ejercicio del derecho que deben garantizar.
Basta una revisión rápida a los informes trimestrales para percatarse de que, en cuanto a las obligaciones de transparencia, destacan los altos porcentajes de cumplimiento cuantitativo, en tanto que sobre la valoración cualitativa de los contenidos informa de verificación con meses de retraso o medidas de apremio con más sentido politiquero que de garante de un derecho.
En cuanto al acceso a la información a través de solicitudes de información, la CEGAIP suele presentar un panorama que pretende ser muy alentador sobre el ejercicio del derecho con cifras elevadas de solicitudes recibidas y atendidas por los sujetos obligados, pero sin un solo comentario sobre la calidad de las respuestas y las visibles estrategias para ocultar la información requerida.
Pareciera que los comisionados de la CEGAIP son un trío de analfabetas cibernéticos que desconocen no sólo el contenido de su sitio Web, sino los servicios de generación de estadísticas que presta la Plataforma Estatal de Transparencia y los que también pueden utilizar de la Plataforma Nacional de Transparencia.
En la medida de los accesos a datos abiertos que ambas plataformas permiten, para los usuarios externos es posible detectar prácticas de los sujetos obligados con las que pretenden –y en la gran mayoría de los casos logran– evadir el derecho de acceso a la información pública.
Jamás un comisionado ha mostrado haber utilizado esas estadísticas para ejercer una defensa del derecho de acceso a la información pública o, cuando menos, hacer un pronunciamiento abierto en contra de los servidores públicos que de esa manera actúan con impune opacidad. No es de extrañar, la CEGAIP hoy se caracteriza por ser cómplice del ocultamiento de información.
Una de esas estrategias de opacidad es meter al solicitante de información a un recorrido por diversas dependencias con el argumento de que cada se declara incompetente para atender la petición y sugiere cuál podría tener la información. Así, arman una cadena que reta a la persistencia del solicitante, quien termina por desistir en el ejercicio de su derecho.
En los 27 meses que lleva la actual administración estatal, en materia de transparencia se han vuelto emblemáticos los temas para el ocultamiento de la información: la remodelación de los parques Tangamanga, la compra de patrullas, el costo de las obras, la FENAPO y muchos otros… incluidos los festejos navideños de cada año.
En este último caso, la Secretaría de Desarrollo Social y Regional ofrece un ejemplo del colmo de esa estrategia de la cadena de incompetencias. El 18 de enero pasado entregó una respuesta a una solicitud sobre el costo de la Feria Navideña en la que se declaró incompetente y remitió al peticionario a pedir la información a la Secretaría de Finanzas.
Una estrategia acorde a la maniobra de opacidad del gobierno estatal, con un detalle que le añade una mayor dosis de burla en contra del solicitante, ya que éste agregó a su petición el siguiente párrafo:
“Misma solicitud fue contestada por la SEFIN (Secretaría de Finanzas) y dio vista que esta dependencia (SEDESORE) es responsable de la información (misma respuesta se adjunta en la presente solicitud) por tanto solicito una respuesta favorable y expedita”.
Es decir, el solicitante quedó atrapado en un bucle de opacidad en el que tendría que alternar una solicitud a SEFIN y luego otra a la SEDESORE… ¿al infinito? ¿Cuántas vueltas tendría que dar ese bucle? ¿Cuántas solicitudes sumaría la CEGAIP a su presuntuosa estadística de presentadas y atendidas, aunque el derecho a la información no quede satisfecho?
El solicitante, quien no es identificado en las respuestas, se asume como una organización y en el texto de la solicitud pide que “no nos den respuestas sin fundamento, ni mucho menos pretextos ya que en verdad estamos ‘hasta la madre’ de que no sean transparentes ni rindan cuentas sobre el dinero de las y los potosinos”.
Los datos abiertos disponibles en la PET y la PNT permiten a cualquiera detectar ese tipo de maniobras de opacidad que la CEGAIP está obligada por ley a cortar. El caso es sólo un ejemplo, pero entre las 11 mil 761 solicitudes reportadas como terminadas en este 2023 proliferan las cadenas de incompetencia.
Los comisionados tienen un acceso más completo a esas bases de datos incluso para desarrollar estadísticas sobre esas estrategias de opacidad, pero es claro que por su condición de cómplices evitan su uso… y se dedican a encubrir el incumplimiento de la Ley de Transparencia.
