Adriana Ochoa
Sin estridencias, con bisturí láser, Morena le paró los pies a la avorazada reforma judicial del gobernador.
El 17 de diciembre, previo al cierre de periodo de sesiones del Congreso del Estado, la bancada morenista, disciplinada, se negó a aprobar la versión gallardista de la reforma judicial. La sesión incluso se retrasó por los intentos del oficialismo para convencer a los morenistas. Héctor Serrano, líder de la bancada oficialista, no hallaba el modo. Iban y veían. Marcaban y atendían llamadas. El líder de la bancada tinto, Roberto García Castillo, no se movió de la posición en desacuerdo. Asistió a sesionar a media recuperación de un dengue que lo sacó de circulación por riesgo de hemorragia.
La diputada morenista Gabriela López Torres ya había advertido públicamente, en trabajo previo, que la iniciativa del gobernador para reformar el poder judicial del Estado era inconstitucional y se apartaba de la norma federal de manera peligrosa.
La legisladora comparó que en los cambios presentados por el gobernador el Tribunal de Disciplina Judicial se integra por una única persona magistrada, a diferencia del esquema federal, con un esquema de por lo menos tres y hasta cinco integrantes. El tribunal unitario de Gallardo genera un suprapoder para una sola persona, investida con facultades para corregir la plana, amonestar y castigar a los juzgadores con su solo criterio. El magistrado disciplinario decide como única instancia sin posibilidad a revisión, lo que no deja margen al derecho de defensa.
Quien sea que haya engolosinado al gobernador con esta pretensión, es obvio que visualizó esta creación autoritaria para su propio futuro.
Torres López también advirtió que las temporalidades de magistrados y jueces de la versión gallardista exceden al doble las establecidas de la reforma federal. Y en los transitorios, advirtió de otra joya de la gula por el poder: la reforma federal asentó una renovación escalonada del Poder Judicial, que llevará a elección el año próximo al 50% de personas juzgadoras; la ley de Gallardo pretende una renovación total en una sola elección. Pero dicho por la legisladora morenista, con toda educación, fue desestimado.
Otra “herramienta” de control en la propuesta aprobada al jefe del Ejecutivo: en la reforma federal se prevén tres comités de evaluación, uno por cada Poder. Cada poder propone sus candidatos y la sociedad decide, Gallardo solo prevé un comité único, no colegiado, integrado por una figura elegida por el Congreso y otra por el gobernador.
Hay más “detalles” en el arrebato reformador del mandatario potosino. En su iniciativa aprobada, el Órgano de Administración Judicial, será responsable “de rendir al Congreso del Estado (¿?) un informe trimestral del estado financiero” y anualmente la Cuenta Pública. Una invasión de poderes.
Los diputados locales panistas dejaron un puntual ejemplo de incongruencia en la sesión aprobatoria del 17 de diciembre: si su partido se opuso a la reforma federal del Poder Judicial, aquí se portaron como corderitos, no rebatieron, dijeron a todo que sí. Les pesó más la dejar la posibilidad de negociar piedad, excepciones o supervivencia, lo que sea la voluntad del oficialismo conceder, para la parentela en las nóminas del Poder Judicial local. Por eso tiene el PAN hoy la credibilidad de un billete de 18 pesos.
Y la representación priista ni se diga. Aprobación sin debate, a precio de saldo con la bancada tricolor.
La bancada morenista local no resistió sola. Sin aspavientos, fuera del ruedo legislativo, llamadas a los mandos centrales. Y de allá revisaron y respondieron que mantuvieran la posición. Que no se ocuparan de discutir, solo de resistir. El diputado Carlos Arreola Mallol, que votó a favor de la iniciativa gallardista en comisiones, fue llamado a reconsideración. La lectura fue clara: con el bajopalio de “extender” la reforma judicial de Morena a San Luis Potosí, el gobernador hizo a su gusto e interés una reforma expropiatoria del Poder Judicial del Estado.
Tres días después, la misma diputada que ya había advertido las deficiencias, fallas e inconstitucionalidades de la iniciativa oficial impuesta, expuso que en atención a la supremacía constitucional, y a la aspiración de una elección popular, este domingo se harán “adecuaciones” y actualizaciones” a la reforma de Gallardo apenas aprobada el martes.
La iniciativa oficial de “reformar la reforma”, váyase a saber por qué, corre oficialmente a cargo de un diputado del Partido Verde, Luis Fernando Gámez Macías. Y destaca que coincida con las observaciones de la bancada de Morena, como la figura del tribunal unitario de disciplina, que será reemplazado por un Tribunal de Disciplina Judicial de tres magistrados.
La adecuación también establece un comité de evaluación para candidatos a magistrados, integrado por representantes del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, que echa abajo la propuesta original en la que solo el Ejecutivo generaba un único comité selectivo a cargo del Gobierno del Estado. En suma, se enmienda la plana completa al gobernador de San Luis Potosí.
El codicioso funcionario que se anduvo adjudicando la idea de asaltar el Poder Judicial del Estado con la reforma federal como pretexto, de tragarlo de una sola tarascada y completito, ya le puede ir bajando un rato al perfil.
El mismo viernes, en las redes del gobernador, apareció una foto en abrazo fotográfico del mandatario con Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, dirigente estatal de Morena y hermana de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. El gobernador sonriente y un mensaje fraterno para no dejar duda de tan melífero momento.
Aliado de Morena, sí, pero lo hicieron recular.
ROLLOS SUELTOS
REBELDES. Algo va a tener que hacer el alcalde de Matehuala, Raúl Ortega, con los policías de los que por ley es comandante. Hace unos días agentes de la policía municipal de Matehuala pretendían disque “decomisar” en la carretera 57 juguetes y despensas que la alcaldía de Catorce iba a entregar a los habitantes de comunidades catorceñas.
VORACES. En el entronque con Cedral, los agentes detuvieron los vehículos cargados con los juguetes, al cálculo algo así como millón y medio de pesos, y se pusieron creativos con los pretextos para “asegurarlos”.
¿TERCOS O CÍNICOS? El propio presidente municipal de Matehuala les habló tres veces a sus agentes para que los dejaran ir… y no le hicieran caso. Agentes de la Guardia Civil del Estado arribaron a la escandalera (patrullas rodeando los vehículos de Catorce y la “detención” de un chofer). Los municipales camelenses armaron pleito ratonero disque porque los habían ofendido y les habían llamado “pendejos”.
UNA LIMPIA. El alcalde de Matehuala tuvo que ir a pedirles “de favor” a sus policías municipales que desistieran del “decomiso”. O sea, agentes fuera de control “decomisando” en una carretera federal todo lo que ven circulando de valor. Urge una buena cribada en sus nóminas.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
