Por Victoriano Martínez
La de Ricardo Gallardo Cardona, más que una carrera política parece una carrera para lograr librarse de responsabilidades por las irregularidades y los actos ilegales en los que acostumbra incurrir antes de que la justicia logre alcanzarlo.
¿Cuántos potosinos recuerdan haber sido beneficiados por una consulta médica en el consultorio móvil que con gran desplante promocionó a través de Canal 7 en el horario de sus noticieros, o por la estación de Multimedios Radio? Por Canal 7 el INE detectó 98 impactos, en tanto que por Multimedios Radio 175.
Nunca se reportó un solo beneficiario y sí, en cambio, en las comparecencias ante el Tribunal, Gallardo Cardona reconoció que no existía “un vehículo habilitado como consultorio móvil” y que “se trataba únicamente de un proyecto no ejecutado”.
En la carrera de Gallardo Cardona, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) determinó el 27 de noviembre de 2020 que con esos anuncios, violó el artículo 134 constitucional por promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, calificó la falta como grave ordinaria y ordenó a la Cámara de Diputados sancionarlo.
Gallardo Cardona ya figuraba como precandidato único del PVEM a la gubernatura y trabajaba en la alianza que finalmente logró con el PT. La sanción ordenada por el Tribunal Electoral le resultaría inoportuna, así que de algún modo contó con la protección de la Contraloría Interna de la Cámara y se libró de que lo alcanzara la justicia… por el tiempo justo para competir por la gubernatura.
El 9 de junio, tres días después de las votaciones, la Sala Regional Especializada del TRIFE aprobó un dictamen para anular la maniobra protectora en la Cámara y, aunque trataron de notificar a Gallardo Cardona el 6 de julio, como en ocasiones anteriores se volvió ilocalizables y debieron notificarle por estrados.
A la contraloría Interna de la Cámara de Diputados no le quedó más alternativa que aplicar una sanción al todavía diputado federal y registrarlo en la lista de servidores públicos sancionados. Aun así, maniobró para aplicarle un castigo leve y se limitó a una amonestación pública. El PAN ya impugnó la sanción por no corresponder a la gravedad de la falta.
La promoción personalizada al margen del artículo 134 constitucional fue una constante desde que Gallardo Cardona asumió el cargo como diputado federal.
El Instituto Nacional Electoral (INE) le ordenó retirar publicaciones en sus redes sociales y su respuesta fue continuar con su promoción, ahora con imágenes sobre las que colocó una leyenda con la consigna “no importa que me sigan sancionado, yo seguiré ayudando”. No sólo exhibió su falta de respeto a las instituciones, sino a la legalidad y, sobre todo, al marco constitucional.
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) evitó sancionar tres denuncias por otros actos promocionales –incluida una promovida por el INE– con el argumento de que, por tratarse de un funcionario con cargo federal, no le correspondía. La archivó en lugar de turnarla a la instancia correspondiente.
En su carrera, Gallardo Cardona ha logrado impunidad con la innegable complicidad de representantes de distintas instituciones y hasta de medios de comunicación, aunque los procesos judiciales electorales y hasta penales que siguen pendientes avanzan a un paso más lento que la urgencia que exhibe por ostentar el fuero federal (ya no existe el local) como gobernador del Estado.
Justo cuando Gallardo Cardona declara que ha encontrado cosas indebidas entre “la prensa y el gobierno” con “pseudoperiodistas que hacían y están haciendo negocio con el gobierno” y advirtió que “eso se va a acabar”, la Cámara de Diputados se ve obligada a sancionarlo (así haya sido con el pétalo de una amonestación pública) por ¡negocios violatorios de la Constitución con tres medios!
La sanción a Gallardo Cardona fue mucho menor que las aplicadas a sus aliados para violar la Constitución: el Tribunal sancionó a Comunicación 2000 (Canal 7) con una multa de 250 UMA (21 mil 720 pesos), y a Multimedios Radio con una de 600 UMA (52 mil 128 pesos), además de ordenarles publicar un extracto de la sentencia en sus sitios Web.
La Fundación Nicola Tesla, que también participó de manera indirecta (por retransmitir el noticiero de Canal 7) de la promoción personalizada de Gallardo Cardona, recibió una sanción similar a la del actor principal de la violación constitucional: una amonestación pública.
El acceso a información de la administración pública en un precoz proceso de entrega-recepción, tras los señalamientos de Gallardo Cardona no sólo sobre los negocios con los medios sino también de “robos y desfalcos en los últimos seis años”, adquieren así más el cariz de un desplante con el que se pretende vestir de una forzada honradez con máscara de justiciero.
La obligada sanción aplicada por la Contraloría de la Cámara de Diputados no deja de ser, a pesar de las maniobras propagandísticas de Gallardo Cardona, una muestra de que tarde o temprano lo alcanzarán los procesos que tiene pendientes con la justicia y que, la delantera con la impunidad de la que hasta ahora goza, se comienza a acortar.
