Por Victoriano Martínez
Cuando el apego a un cargo público poco tiene que ver con las funciones de este, los esfuerzos por permanecer en él se traducen en acciones que pretenden la proyección de una imagen de eficiencia que no sólo viola la Constitución, sino que además exhibe lo poco que conocen la labor que presuntamente encabezan.
El desempeño que Giovanna Argüelles Moreno ha tenido al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) poco se ha caracterizado por lograr buenos resultados a favor de las víctimas, con quienes ha tenido enfrentamientos al grado de que llegaron a solicitar su destitución.
Tampoco se ha caracterizado por tener una buena relación con la mayoría de los integrantes del Consejo de la CEDH, al grado de que dos consejeras mejor renunciaron, los dos últimos años presentó su presupuesto anual sin el aval de la mayoría de los consejeros y la semana pasada presentó un informe que no fue votado en sesión de ese órgano colegiado.
El pasado 18 de diciembre, el Congreso del Estado abrió el proceso para la renovación de la presidencia y el Consejo de la CEDH, con una convocatoria corregida con una fe de erratas el 17 de enero, en la que se establece la opción de participar a “la actual titular de la Presidencia de dicha Comisión para el caso de que aspire a la reelección”.
Es así como Argüelles Moreno aparece en la relación de 18 aspirantes a presidir la CEDH para el periodo 2025-2029. Es decir, la presidenta de la CEDH es, a partir del cierre del registro de aspirantes el 7 de febrero, candidata a la reelección.
Ya con el carácter de candidata a la reelección, Argüelles Moreno convocó a una sesión del Consejo para, entre otras cosas, aprobar el informe anual de actividades, pero la reunión se canceló porque se rompió el quorum, por lo que se vio obligada a presentar el documento al Congreso del Estado sin la aprobación de los consejeros.
Tras la presentación del documento, Argüelles Moreno inició a través de redes sociales, especialmente la página oficial de la CEDH en Facebook, una campaña de promoción sobre los presuntos resultados en la que llegó al punto de incurrir en una promoción personalizada.
“A lo largo de la gestión 2021-2025 liderada por la Presidenta Giovanna Itzel Argüelles Moreno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos brindó orientación jurídica a 9201 personas que acudieron a las oficinas, o se comunicaron vía telefónica o correo electrónico”, publicó la CEDH el 28 de febrero a las seis de la tarde.
Catalina Torres Cuevas, defensora de los derechos de las personas con discapacidad y una de las dos consejeras que renunciaron al Consejo de la CEDH, reaccionó a la publicación.
“9,201 veces que la CEDH contestó el teléfono o contestó un mensaje de correo durante la gestión de Giovanna. Gran trabajo Giovanna!!! La pregunta crucial es: ¿Estas 9,201 personas a las que les contestaron el teléfono durante tu administración, obtuvieron justicia?”, comentó en la publicación de la CEDH.
Torres Cuevas informó que de inmediato reportó la autopromoción de Argüelles Moreno al diputado Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, por considerar incorrecto que se promueva de esa manera con recursos públicos.
En efecto, usar recursos públicos para una promoción personalizada –aunque sea una mala costumbre arraigada en la generalidad de los funcionarios– resulta violatoria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución federal y el párrafo octavo del artículo 135 de la Constitución estatal.
En su afán de promoción, Argüelles Moreno no se percató de que lo que presume como un logro en realidad representa un retroceso: presume que durante sus cuatro años de gestión se atendieron 9 mil 201 orientaciones jurídicas cuando en los cuatro años del periodo anterior se registraron 13 mil 610. Es decir, esa atención cayó un 32.39 por ciento.
Efectos ocultos de toda promoción personalizada. Se enfocan tanto en ofrecer cifras de impacto sin contexto para dar la impresión de mucha eficiencia que, apenas se amplía el contraste sobre la información, además de la violación constitucional, queda expuesto el poco cuidado que tienen en dimensionar la actividad que encabezan y en la que pretenden seguir.
