Por Victoriano Martínez
Algo pasa en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH): no han sido pocas las manifestaciones de inconformidad por parte de víctimas, al grado de que han pedido la destitución de su presidenta, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, y comienza a acumular acciones que realiza sin la requerida aprobación del Consejo ciudadano del organismo.
La tarde de este viernes, Argüelles Moreno sometió al Consejo el informe anual de actividades que por ley debe presentar al Congreso del Estado –y enviar a los otros dos poderes– a más tardar el martes.
Tras una serie de observaciones sobre las deficiencias en el documento –incluidas fallas de redacción– al ser sometido a votación, cinco consejeros votaron a favor, dos en contra y hubo dos abstenciones.
Consejeras consultadas señalaron que se dará parte al Congreso del Estado y se enviará el documento, con algunas correcciones que se comprometió a realizar Argüelles Moreno, pero sin la aprobación del Consejo porque se requería mayoría calificada.
No es la primera ocasión que la presidenta de la CEDH se ve precisada a enviar a alguno de los poderes un documento sin el aval formal del Consejo: en octubre envió al Ejecutivo su proyecto de presupuesto para 2023 con la aprobación de cuatro de los 11 consejeros, que finalmente también llegó al Congreso del Estado.
En aquella ocasión, la propuesta de presupuesto repetía el mismo monto que ejerció durante 2022 –47 millones 445 mil 192.73 pesos–, monto que el Ejecutivo respetó al presentar el Presupuesto de Egresos y el Congreso del Estado le aprobó, por lo que será la misma cantidad que ejerza este año.
Durante la sesión de este viernes algunos de los comentarios que se dieron tuvieron que ver con la poca calidad del informe anual que consideraron muy lejano a una real rendición de cuentas que de verdad justificara un gasto de 47 millones 445 mil 192.73 pesos.
Catalina Torres Cuevas, consejera propietaria de la CEDH, al ser consultada señaló que “el informe era un compendio de acciones y números sin sentido. Esto es, no se habló de cumplimiento de objetivos de promoción y protección de derechos humanos”.
Lamentó que la CEDH se ha tomado como botín político al que llegan personas sin capacitación previa en derechos humanos. “Se cree que cualquiera puede hacer ese trabajo. El resultado es un informe en el que se listan las cosas que se hacen pero que no llevan a objetivos claros para el cumplimiento de los derechos humanos”.
Durante la sesión, una de las consejeras consideró que el documento que les sometieron a su aprobación tenía la calidad de un trabajo escolar como si se tratara de “un informe que se esperaría de un estudiante de secundaria”.
Entre las deficiencias comentadas por las integrantes del Consejo consultada se mencionó la presunción por parte de Argüelles Moreno de una metodología MIR (Matriz de Indicadores de Resultados) de la que en el documento sólo se menciona que se utilizó, pero no se da cuenta de los resultados que arrojó.
Se cuestionó además la capacidad de respuesta de la CEDH ante las quejas, dado que prácticamente la mitad las desecha y en todo 2022 sólo emitió 17 recomendaciones, la cifra más baja en los últimos nueve años.
De acuerdo con las versiones obtenidas sobre lo ocurrido en la sesión del Consejo de este viernes, algunos de los votos a favor y abstenciones se dieron porque Argüelles Moreno se comprometió a modificar la metodología y el formato del informe para que tenga un verdadero sentido de rendición de cuentas y se apegue a lo que establece la Ley de la CEDH.
Según esa ley, el informe debe contener “indicadores acerca de la situación de las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluyendo un reporte sobre los patrones que encuentre; y un diagnóstico sobre violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que haya encontrado” (artículo 33).
En el artículo 94, señala además que “con el fin de aportar elementos para la mejora de su atención general a las instancias u organismos a los que haya realizado canalizaciones, reportará en su Informe Anual el tipo y cantidad de canalizaciones, indicando los patrones de afectación a los Derechos Humanos que haya encontrado”.
El próximo lunes, Argüelles Moreno cumplirá la obligación legal de entregar un informe de actividades al Congreso del Estado, aunque no estará legitimado por la aprobación del Consejo que, desde 2009, dejó de ser consultivo porque dejó de ser meramente de consulta para formar parte del órgano de gobierno de la Comisión.
Así pues, algo pasa con la Comisión Estatal de Derechos Humanos que se han vuelto frecuentes las manifestaciones de inconformidad de víctimas que consideran que no cumple con su labor, pero también se acumulan observaciones y señalamientos de fallas por parte de su Consejo que, al final, no se toman en cuenta.
