Marcela Del Muro
Todas las personas que han sido víctimas de algún delito en México tienen derecho a ser asesoradas jurídicamente de forma gratuita, según la Ley General de Víctimas. Sin embargo, en San Luis Potosí, el área jurídica de la institución encargada de cumplir con este derecho, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), está colapsada.
La asesoría jurídica pública tiene un papel crucial para las víctimas y sus casos, se encarga del acompañamiento durante todo el proceso penal. Desde la denuncia de un delito, la integración de la carpeta de investigación hasta la litigación, donde se busca obtener una reparación del daño integral. Los y las asesoras de la CEEAV orientan jurídicamente, contribuyen y verifican la actuación de los Ministerios Públicos (MP), solicitan pruebas periciales, elaboran denuncias, realizan recursos jurídicos, velan por los derechos y la seguridad de las víctimas, entre muchas otras funciones.
“La labor que hacemos es valiosísima, pero hay muy poco recurso para ofrecer una atención de calidad. El trabajo es muy pesado y por más esfuerzo o dedicación que le pongas es imposible cumplir con todo”, dice María. Este no es su nombre real, por cuestiones de seguridad se guardó el anonimato de los cuatro exasesores entrevistados. A pesar de no seguir laborando en la CEEAV, temen se les finquen responsabilidades administrativas o jurídicas por hacer público su testimonio, como ya ha sucedido con otros excompañeros.
Las declaraciones de los cuatro entrevistados dan cuenta de la precarización que viven los trabajadores jurídicos de la comisión. Son víctimas de explotación laboral atendiendo a víctimas de delito.
Un solo asesor victimal en el estado tiene a su cargo entre 800 y mil carpetas de investigación. Carlos, otro extrabajador que renunció a principio de año, comenta que llevó 235 causas penales en los más de cinco años que laboró en la institución de víctimas. Al día, un asesor víctima tiene en promedio 14 audiencias.
Hasta el año pasado, los abogados de la comisión se encargaban de todo el proceso: integrar carpetas y litigar los casos. Al día de hoy, la CEEAV cuenta con apenas dos docenas de asesores jurídicos que se dividen las funciones, la mitad integra y los demás litigan. Este nuevo movimiento, según dichos del propio titular de la comisión, ha mejorado la atención jurídica, sin embargo, no repara el problema de raíz: la sobresaturación del poco personal, que trabajan a la par de los más de 200 MPs.
“Las condiciones de trabajo son pésimas. Trabajan muchísimo y ganan 10 mil pesos mensuales, aproximadamente. A veces, hay juicios que acaban a la una o dos de la mañana. Y eso, ¿quién se los paga? Ni siquiera tienen seguro social, prestaciones, muchos están por contratos de prestación de servicios”, cuenta Sara, quien renunció en este año.
Carlos explica que no se han homologado los salarios del área. “Yo era de los que ganaba menos sin ninguna explicación porque hacía el mismo trabajo”, comenta. Pero también hay compañeros de su área que tienen que facturar mes con mes, pagando más impuestos. Los sueldos de las personas que prestan servicio de asesoría, según los datos de transparencia de la comisión, van entre los 10 mil 507 a los 12 mil 344 pesos al mes.
En el equipo jurídico existen unos cuantos licenciados que llevan años en la institución y otros con gran experiencia, pero también hay una constante rotación del personal. Hay casos de víctimas que en cinco años han pasado por tres asesores jurídicos, como Carmelo Hipólito, el papá de Odalis.
“Como no hay estabilidad laboral, pues te llega puro chavito. Es que, ¿quién va a aceptar ganar prácticamente el mínimo? Pues, puro chavito recién egresado que va a aprender sobre el camino y va a aprender regandola. Si realmente quieren calidad en el servicio, que paguen realmente lo que vale un asesor jurídico”, comenta Sara.
No es malo abrir las ofertas de trabajo en las instituciones para los licenciados recién salidos de la carrera, no obstante, su falta de experiencia los lleva a cometer errores u omisiones en los procesos de las víctimas, algunos con consecuencias garrafales.
Los riesgos de ser asesor victimal
Los asesores litigantes tienen que estar constantemente en los juzgados. Carlos explica que ellos no sólo representan a los cientos de usuarios que llegan a la comisión por su propio pie, también, cuando en las audiencias llega alguna víctima sin abogado se asigna a un asesor público.
“El traslado también era complicado. A veces (decían en la Comisión) ‘no hay gasolina para ir al penal, no hay chofer que los lleve o regrese, no hay vehículos porque no se les ha dado mantenimiento’. Entonces, había muchos que nos íbamos en nuestros vehículos o en camión, pagándolo nosotros. Esto mismo pasaba con el traslado de las víctimas, no había cómo moverlas”, recuerda Carlos.
El abogado cuenta que la falta de mantenimiento de los autos de la institución aumenta la probabilidad de tener un siniestro vial. “En una ocasión, unos compañeros yendo en la carretera por poco tienen un accidente porque no les funcionaban los frenos. Se tuvieron que orillar a donde está el pasto para no impactarse”.
“Malas condiciones laborales e, incluso, hasta de riesgo. Imagínate, ir de aquí a La Pila con tráfico pesado, si hay un accidente o algo, ninguno de los asesores cuenta con seguro social, entonces ¿qué va a pasar?”, cuestiona Sara.
El desgaste mental, emocional y laboral
Los asesores se encargan de todo tipo de delitos. Alejandra explica que ella llevaba robos, lesiones, riñas entre vecinos, pero lo que más le afectaba eran los casos conocidos como de alto impacto: homicidios, feminicidios, desapariciones…
“De 800 carpetas que maneja cada asesor, es imposible lograr una correcta integración de cada una con la víctima, como lo marca la ley. Entonces, teníamos parámetros. Obviamente dependiendo del nivel de riesgo, de estos (los de alto impacto) no los puedes descuidar para nada”, cuenta Sara.
Esta imposibilidad de realizar un trabajo efectivo apegado a la Ley General de Víctimas, genera frustración entre los asesores y mucho descontento de los usuarios, que llegan, incluso, a poner quejas en su contra por las omisiones, negligencias, descuidos o fallas en sus procesos penales.
Según el informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del 2023, se analizaron y emitieron recomendaciones en 11 casos por dilación o retraso injustificado en la integración de los expedientes de investigación penal, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica.
En el 2022, el área de asesoría jurídica fue multada por el Centro de Justicia Penal porque el personal faltaba a las audiencias, que se empalmaban. Las multas administrativas por faltas al servicio van entre 2 mil y 5 mil pesos, que son pagadas por los profesionistas. Otra de las consecuencias graves por el incumplimiento es el cese de los asesores como servidores públicos, afectando, aún más, su estabilidad laboral pues les impide seguir laborando en la función pública.
“Uno entra a la comisión pensando que defenderá a las personas, pero no puedes hacer un trabajo óptimo. Las quejas, los gritos y los reclamos nos afectan mucho, pero también soy consciente de la impotencia y enojo que hay en los usuarios”, explica Alejandra.
