La CEEAV, un calvario para las víctimas: la unión y la resistencia

Carlos Rubio

“La unión hace la fuerza”, fue una frase en la que concordaron Marichuy, Juan, Imelda, Raúl y Jorge, cinco personas a las que una serie de desafortunados hechos los obligaron a solicitar la ayuda de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de San Luis Potosí (CEEAV), sin embargo ahora sólo forman parte de una lista interminable de personas a las que la comisión no ha atendido. Ante la inutilidad de la comisión, han tomado las instalaciones y llevan ya seis noches durmiendo en las frías calles del centro de la ciudad.

Luego de seis años de lucha, en mayo de este año, María de Jesús Almendárez Prieto, Marichuy, por fin logró que se le dictara sentencia condenatoria a su agresor sexual, Juan Martín Gatica Izaguirre. Para la reparación del daño, la CEEAV le ofreció ocho mil 500 pesos, que, según comenta, no alcanzan ni para los abogados.

Además, denuncia que su acosador aún sigue laborando como funcionario público, lo cual para ella no debería ser, ya que “yo gané una sentencia condenatoria, la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado marca que no puede haber un trabajador con sentencia condenatoria. Gobierno del Estado todavía lo sigue protegiendo”.

Por eso, desde el pasado miércoles 14 de agosto, junto a otras víctimas, se propuso manifestarse afuera de las instalaciones de la CEEAV, que se encuentran en la calle Ignacio López Rayón, impidiendo la entrada a las instalaciones, exigiendo soluciones para todos y la destitución de su titular Jorge Vega Arroyo.

“Hago un llamado a todos los que han sido víctimas, a que despierten, a que se sumen a la lucha, o que sigan viviendo el calvario (…) estamos creando un precedente, no solamente la lucha es para nosotros, sino para todas las demás víctimas”.

Originalmente este plantón inició con Marichuy y otras víctimas, quienes decidieron abandonar la lucha, sin embargo con el paso de los días se han unido distintas personas que coincidieron en la misma situación: una comisión que no da soluciones, sólo explicaciones.

De esta forma llegó Raúl Cruz, un carpintero que acudió el día de ayer a preguntar sobre los avances de su caso y se encontró con las instalaciones cerradas y un grupo de gente a las afueras del lugar. Ahí se dio cuenta de que, como él, hay más personas que asisten a la comisión regularmente y sólo les dan “largas” en sus asuntos.

Raúl fue estafado por un hojalatero de nombre Miguel Zapata Maldonado, a quien le confió una camioneta Caravan modelo 96 para que la reparara y nunca se la regresó. Desde marzo acudió ante la justicia para interponer una querella en contra de su estafador. El delito fue calificado como abuso de confianza y él fue canalizado a la CEEAV, donde fue inscrito como víctima.

Desde ese entonces se presenta cada 15 días en la CEEAV en busca de una solución a su problema. De igual forma, menciona que ya le proporcionó toda la información pertinente a un elemento judicial que se le asignó para que investigara el caso, no obstante la última vez que acudió le mencionaron que todavía no existía un reporte policiaco, cinco meses después de haber interpuesto su querella.

Después de platicar su caso con quienes se encuentran en el plantón, Raúl se enteró de la existencia de un “fondo de ayuda inmediata” para quienes están calificados como víctimas, del que ni si quiera le han hablado.

“Invito a todos los que están también, que se sientan atropellados por este sistema, que vengan y se nos unan, que la unión hace la fuerza”. 

La ciudadanía en su contra

Las víctimas manifestantes recalcaron el peligro constante en el que se encuentran al permanecer ahí por las noches y responsabilizaron a Gobierno del Estado por cualquier cosa que le pudiera ocurrir. Cabe resaltar que hay dos familias que se encuentran con sus hijos, ya que no tienen la posibilidad de dejarlos con alguien más.

Con una lona, mantienen cerrada la calle 5 de Mayo a partir de su cruce con Ignacio López Rayón, imposibilitando el paso a los automovilistas, lo cual ha causado el descontento de muchos de ellos.

El sábado pasado, cuando se disponían a comer, observaron cómo un hombre que había descendido de un taxi, quitaba la lona que impedía la circulación. Según denuncia Marichuy, uno de sus compañeros de nombre Juan Serrano fue a pedirle que no quitara la lona. Acto seguido fue agredido en la cabeza por el hombre de tez morena y estatura media, que al darse cuenta de que estaba siendo grabado, decidió huir y ascender nuevamente al taxi.

En el video proporcionado por María de Jesús se puede apreciar al agresor sosteniendo una lata de cerveza “Heineken”, subiendo al taxi modelo VolksWagen Vento, número 3184 con placas 85-92-TSE, que lo esperaba circulando a baja velocidad con las intermitentes encendidas. La concesión de taxi número 3184 está a nombre de Miguel Ángel Guzmán Rojas.

“La ciudadanía no entiende que somos víctimas y que el Estado nos está revictimizando, ellos piensan que somos ambulantes o que somos sindicalizados”.

En otro video se puede observar cómo un hombre que porta una playera del Gobierno Municipal les reclama: “Yo no soy de Gobierno ni nada, reclámenles a ellos, soy ciudadano, nosotros qué culpa tenemos”.

La revictimización es un acto en el que constantemente ha incurrido la CEEAV. ¿De qué forma? Una vez que las personas son canalizadas hacia la comisión, tienen que librar otra lucha, ahora contra la misma autoridad, para que acepten resarcirles el daño ocasionado. Hay quienes libran luchas de más de 15 años y siguen vigentes, pero también hay quienes han decidido quedarse en el camino, y caer en las trampas de una comisión que lejos de reparar, empeora la situación; los engaños en los que son envueltos, siempre son los mismos.

En los próximos dos días se presentarán las historias de Jorge, Juan e Imelda. El primero libra una batalla por su hijo, quien fue víctima de negligencia médica en el Hospital Central, lo que lo volvió dependiente en todas las tareas de su vida diaria. Juan e Imelda fueron secuestrados, junto a sus hijos, por militares; ellos dos fueron llevados al penal de La Pila, donde permanecieron durante seis meses. Al salir únicamente se les dijo que “fue un error”.

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