Por Victoriano Martínez
No todos los modelos son virtuosos, los hay sobre lo que no debe hacerse.
“CEGAIP ha sido un modelo en transparencia a nivel local”, aseguró José Gerardo Navarro Alviso, comisionado presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) desde hace 65 días.
Una de dos: o no conoce el deplorable y decadente papel que ha jugado la CEGAIP como nulo garante del derecho de acceso a la información pública, lo que es grave; o lo conoce tan bien que ha llegado para darle continuidad, lo que es todavía más grave.
En 65 días como presidente del organismo garante de transparencia, Navarro Alviso no ha dado una sola señal de que pretenda corregir el rumbo de la institución y sí, en cambio, ha dado muestras de replicar las actitudes de sus antecesores: hasta el segundo informe trimestral se entregó de manera discreta y bajo sospecha de que se entregó fuera de tiempo.
Sesenta y cinco días es demasiado tiempo como para que no cuente con un inventario sobre las condiciones en las que recibió la CEGAIP, especialmente a la luz de las obligaciones que tiene que atender conforme a la Ley de Transparencia y un recuento de las omisiones históricas en que ha incurrido la institución.
Haber entregado un informe trimestral que replica lo incompleto y omiso de los de su antecesor es una muy mala señal, o más bien dicho, es claro indicador de que llega a reproducir las mismas actitudes que hacen de la CEGAIP la principal responsable de la crisis de transparencia que se vive en el Estado.
Sí, durante el periodo sobre el que se informó todavía estaba al frente de la CEGAIP David Menchaca Zúñiga, pero Navarro Alviso tuvo todo un mes para revisar la información y pudo modificar una estructura tan chambona para comenzar a incorporar elementos de una verdadera rendición de cuentas.
Basta ver el índice de ambos documentos para percatarse que la CEGAIP, tras un mes con dos nuevos comisionados, mantiene la inercia de mantener la decadencia de la garantía que deben representar para el sujeto activo del derecho de acceso a la información pública: toda la población.
En los once capítulos de ambos documentos no se contempla un solo apartado para informar sobre la forma en que la CEGAIP cumple con diez, de las 46 atribuciones enlistadas en el artículo 34 de la Ley de Transparencia, que están directamente relacionadas con promover entre la población la cultura del derecho de acceso a la información pública.
Y eso que, en su proyecto de trabajo para ser comisionado, Navarro Alviso insistió en la promoción de la cultura de transparencia.
¿Será que la CEGAIP tiene cerrada toda posibilidad de “orientar y auxiliar a las personas para ejercer los derechos tutelados en la presente Ley”? Porque para el caso de los sujetos obligados sí aparece un apartado de capacitación en el informe trimestral.
Con los términos en los que entregó el informe, es claro que Navarro Alviso suscribe las omisiones que arrastra la Comisión. Más de un mes después de entregarlo no ha dado una sola señal de lo contrario.
Tras 65 días como presidente, no hay registro de que haya tratado de “fomentar los principios de gobierno abierto, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica”.
Son sólo algunas muestras de las omisiones en que ha incurrido la CEGAIP que han provocado que el derecho de acceso a la información pública no sea adoptado por la población porque no la han enseñado a valorar su utilidad para su día a día. En el pecado llevan la penitencia: hoy son un órgano indefendible y, para la mayor parte de la población, prescindible.
“Si estos órganos desaparecen, ¿quién protegerá al ciudadano?, ¿quién garantizará que el gobierno actúe con transparencia? No podemos permitir que estos derechos retrocedan”, expresó Navarro Alviso.
¿De verdad cree que protegen al ciudadano y garantizan transparencia cuando la evidencia apunta más a que protegen a los sujetos obligados y garantizan que el gobierno actúe impunemente desde la opacidad?
El día que promueva entre la población la utilidad del uso de ese derecho, obligue al gobierno estatal, y a todos los sujetos obligados, a publicar la información sobre el gasto público –especialmente las obras faraónicas–, y exhiba (transparente) las presiones que recibe para proteger a entes opacos quizá podrían considerarse procedentes sus preguntas.
Y es que no se puede dejar de lado la expresión que usó en los documentos que presentó al postularse para ser comisionado que define el concepto en el que tiene a los solicitantes de información: “es común que a veces los solicitantes convierten el ejercicio de un derecho en una necedad legal” (página 4).
Navarro Alviso da más muestras de que el modelo de transparencia del que habla no sólo es uno sobre lo que no debe hacerse, sino que es el que ha decidido seguir y, a 65 días como comisionado presidente de la CEGAIP, no ha dado una sola muestra de lo contrario.
Aun con la cercanía de la guillotina de la desaparición de los órganos autónomos, Navarro Alviso aún podría demostrar que por lo menos intentará romper esa inercia que tiene a San Luis Potosí sumido en la opacidad gubernamental… si no con qué cara llama a la defensa de ese organismo autónomo.
