Por Victoriano Martínez
Prácticamente no ha habido comisionado que haya pasado por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) que no se haya quejado de que ese organismo no cuenta con suficiente capacidad de sanción para obligar a las dependencias públicas a cumplir con sus obligaciones de transparencia.
Una queja que no es exclusiva del organismo garante local, sino generalizada en todo el país incluido el INAI, para lo que incluso se acuñó la expresión, con tono de lamento, de afirmar que “no tienen dientes”.
Gerardo Navarro Alviso, presidente de la CEGAIP, informó que más de 57 sujetos obligados en el estado han incumplido con sus obligaciones de transparencia y mencionó que en 2023 se aplicaron 44 multas a diversos entes por no cumplir con la publicación de la información que deben difundir de oficio.
Una declaración que tiene más de reacción ante cuestionamientos de la prensa al encontrarse en un evento público que de un auténtico acto para informar sobre las acciones realizadas por el organismo para garantizar de la mejor manera el derecho de acceso a la información pública.
No señala durante qué periodo esos 57 sujetos obligados incumplieron sus obligaciones, y referir un dato correspondiente a dos años atrás indica lo poco oportuna que es la información que maneja, como si no presidiera las sesiones del pleno de la CEGAIP en las que se determinan las multas.
Justamente porque preside las sesiones y hace referencia a datos de dos años atrás es lógico pensar que durante su gestión, que comenzó el 1 de julio de 2024, no se han aplicado multas… y los informes trimestrales de la CEGAIP al Congreso del Estado así lo confirman.
“La Dirección Jurídica no presentó proyectos de elaboración de medida de apremio. En virtud de que, el Pleno no aprobó aplicación de las mismas”, quedó reportado en el segundo informe trimestral de 2024 presentado ante el Congreso del Estado, el primero que presentó Navarro Alviso, aunque con corte al 30 de junio con David Menchaca Zúñiga aún como presidente.
Para el tercer informe trimestral, el apartado sobre medidas de apremio se redujo de cinco a un solo párrafo en el que se menciona que la Unidad de Verificaciones analiza 33 expedientes de 2020 a 2023 por incumplimiento de las obligaciones de transparencia para considerar si se promueven sanciones.
Durante el primer semestre en el que Navarro Alviso ha encabezado la CEGAIP, hasta donde la propia Comisión informa, no se han aplicado multas a los funcionarios opacos, o al menos eso da a entender el titular del organismo al verse obligado a hablar de multas del pasado.
Falta ver cuantas multas se podrían sacar de la manga en el informe anual que debe presentar antes del 28 de febrero.
La tendencia para aplicar multas por parte de la CEGAIP ha sido bastante variable al grado de que, con sus mismos datos, muestra tal variación entre un año y otro, que en los últimos ocho años es posible detectar una constante: quien preside la comisión eleva el número de multas y/o su monto cuando se acerca el fin de su periodo.
Por cierto, en el Cuadro de medidas 30 Ene 2024 en el caso de 2023 sólo se reportan 19 multas y no 44 como dijo Navarro Alviso. Si en el informe anual de ese año se mencionan 44 multas. Lo que muestra es una inconsistencia en los datos que confirma por qué la CEGAIP no resulta confiable.
Cuando faltaban seis meses para que Paulina Sánchez Pérez del Pozo dejara la presidencia de la CEGAIP, al cierre de 2019, se aplicaron 73 multas por un monto acumulado de 4 millones 689 mil 144.18 pesos.
En enero del año pasado, a cinco meses de concluir el periodo de David Menchaca Zúñiga al frente de la CEGAIP, de acuerdo con el primer informe trimestral, el pleno del organismo aprobó 12 multas por un millón 27 mil 401 pesos, que contrasta con las dos multas que aplicó en 2021, su primer año completo de ejercicio, con apenas un monto de 25 mil 347 pesos.
En ocho años, la CEGAIP aplicó 247 multas que acumulan un monto de 8 millones 111 mil 332.18 pesos. Se trata de sanciones que se aplican como medida de apremio para lograr el cumplimiento la Ley. Es decir, de algún modo la posibilidad de aplicar multas es una forma de tener dientes para hacer cumplir la ley, así la puedan considerar insuficiente.
La gráfica que muestra la evolución de las multas resulta muy descriptiva del uso que se le da a esa dentadura según el momento en el que se encuentren los titulares del organismo: por un momento sale un gran colmillo, pero la constante es hacer como que se está chimuelo y prefiere no morder.
