Por Victoriano Martínez
Cuando se piensa en un organismo creado para vigilar el cumplimiento de la difusión de oficio de información pública por parte de los sujetos obligados, y a él mismo se le considera como tal, lo primero que se espera es que esa institución sea un modelo la observancia de esas obligaciones de transparencia.
La Ley de Transparencia define como sujetos obligados a “cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes, Ejecutivo; Legislativo; y Judicial; órganos autónomos; partidos políticos; candidatas y candidatos independientes; fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal”.
Como órgano autónomo, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), además de ser la responsable de vigilar que los sujetos obligados cumplan con la ley, también tiene que cumplirla.
Las obligaciones de transparencia corresponden a corresponden a un catálogo de información pública que los sujetos obligados deben difundir de oficio, para lo que la CEGAIP creó la Plataforma Estatal de Transparencia (PET) como espacio para concentrar el cumplimiento de esas obligaciones.
Al tratarse de información pública, la CEGAIP tendría que ser la primera que pusiera a disposición toda la información a la que la ley los obliga dentro de los primeros diez días de cada mes con relación a los datos del mes inmediato anterior.
Mañana se vence el plazo para publicar la información correspondiente al mes de febrero, y la CEGAIP sólo ha incorporado datos en 38 de sus 89 obligaciones, un cumplimiento del 42.7 por ciento. Es de esperarse que no cumpla con la totalidad si se toma en cuenta que, en la información correspondiente al mes de enero cumple 65 de las 89 obligaciones, un 73.03 por ciento.
Un incumplimiento en la difusión de oficio de la información pública por parte del organismo encargado de vigilarla y hacerla cumplir que revela que, si se trata de informar a la ciudadanía, el garante de la transparencia no es capaz de difundir su información ni en defensa propia: entre los faltantes destaca el informe anual de actividades que la ley le obliga a presentar en febrero.
El artículo 33 de la Ley de Transparencia obliga a la CEGAIP a presentar un informe anual de actividades dentro de los primeros dos meses del año. Se trata de un documento que, tradicionalmente, lejos de informar su contenido tiene un sentido más de justificarse con datos incompletos y maquillados… y ni eso hace público.
En las 38 de las 89 obligaciones de difusión de información cumplidas hasta este lunes, la CEGAIP no ha presentado el informe que debió entregar en el Congreso del Estado a más tardar el pasado 28 de febrero. Un acto protocolario cuya difusión en prensa suele ser inmediata tras la entrega por comunicado del propio Congreso o cobertura de los medios de comunicación.
Hace un año la entrega se dio el 28 de febrero en la Sala Manuel Gómez Morín. Este año, el Congreso del Estado no ha emitido ningún comunicado sobre la recepción del documento, en su agenda no es posible localizar que ese acto hubiese ocurrido, pero lo que resulta peor: en la página oficial de la CEGAIP tampoco se puede localizar ni en el espacio correspondiente de la PET. Ni en su cuenta de Twitter lo han informado.
Aunque en el menú de la página principal de la CEGAIP existe una opción titulada “Informe Anual”, remite a la posibilidad de consultar el documento correspondiente a 2019, y el 2020 aún no aparece. Han pasado ocho días de que se venció el plazo para la entrega del informe que suele tener un contenido con características de autopromoción… ¡y no lo han hecho público!
Si quienes deben garantizar que la información pública esté disponible para la población son los primeros en incumplir con la Ley de Transparencia a ese grado, no es de sorprender que el resto de los sujetos obligados disfruten del reino de la opacidad.
