Por Victoriano Martínez
Si algo ha caracterizado la evolución de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) desde que surgió en 2004 es la decadencia como garante del derecho que debe proteger a tal extremo, que hoy parece más un dique para evitar que la población ejerza su derecho de acceso a la información pública (DAIP).
A dos semanas de que presentó su Informe de Actividades 2022, las señales de la CEGAIP sobre un compromiso real por esforzarse para que quienes pretendan ejercer el DAIP efectivamente logren obtener los documentos públicos con los datos e información que necesitan no existen. Al revés, sus propios datos exhiben que la falta de voluntad y convicción transparente persiste.
Uno de los aspectos en los que, especialmente un órgano garante como la CEGAIP, da muestras de su voluntad de transparencia y de favorecer a la población con el acceso expedito a la información pública se refleja en el trámite que da a los recursos de revisión, que es la defensa que tiene la población ante la resistencia de los servidores públicos a ser transparentes.
Desde el mismo informe presentado hace dos semanas al Congreso del Estado, la CEGAIP deja ver desde su desconocimiento sobre el manejo de la información para presentar datos que realmente resulten útiles para describir cómo cumple la Ley hasta la falta de transparencia, tras pasar por el estado de indefensión en el que deja a la población que intente ejercer ese derecho.
De entrada, poco más de uno de cada 5.6 recursos de revisión (17.83 por ciento) que son interpuestos no son admitidos y se desechan antes de iniciar cualquier trámite.
Del 82.13 por ciento de los recursos de revisión que son admitidos (1,968), 337 terminaron el 2022 sin una resolución. Sumados a los desechados, significa que sobre el 31.89 por ciento de los recursos de revisión turnados a los comisionados nada pasó que pudiera garantizarles a los usuarios de la ley el cumplimiento de su derecho.
Una circunstancia que de ninguna manera representa que en los mil 631 casos que contaron con resolución el solicitante de información haya logrado obtener los datos de su interés porque resulta que sólo en el 9.14 por ciento de las resoluciones se revoca la respuesta, es decir, en menos de cada diez quejas se le da abiertamente la razón al solicitante.
En contraste, los comisionados de la CEGAIP le dan abiertamente la razón a los entes públicos en un 17.23 por ciento de los casos.
Son de mencionar los 344 casos (21.09 por ciento) en los que se declara la Afirmativa Ficta por falta de respuesta. Es decir, uno de cada cinco recursos se da porque el funcionario opta por no responder. Una actitud que, combinada con lo inútil que ha demostrado ser la CEGAIP, anula el derecho de acceso a la información pública y se vuelve la señal que más inhibe el ejercicio de ese derecho.
Pero a la CEGAIP ni eso ni cualquier medida que vaya en sentido de favorecer garantizar el DAIP de manera más expedita le parecen preocupar… mucho menos ocupar.
Lo informado por la CEGAIP en la Plataforma Estatal de Transparencia da cuenta de que, a pesar de que los recursos de revisión interpuestos a partir del 13 de diciembre deben ser resueltos en no más de 33 días, a 46 días hábiles no reportan una sola resolución: o entre el 13 de diciembre y el 12 de enero no se presentó ningún recurso, o la información que publican no es confiable.
Lo primero resulta inverosímil si el promedio de recursos interpuestos durante 2022 fue de 199.58 al mes; y si lo que publica la CEGAIP, encargada de promover y vigilar que se publique la información pública de oficio, no es confiable… abre un amplio espectro de duda sobre la confiabilidad de lo que se difunde en la Plataforma Estatal de Transparencia.
En cualquiera de los dos casos, que la CEGAIP no sea capaz de aportar datos sobre el esfuerzo que realiza para ajustarse al plazo legal para resolver los recursos de revisión exhibe una actitud negligente de quien poca voluntad tiene para mejorar en su labor, sobre todo porque la reforma representa una señal desde el Poder Legislativo corregir esa deficiencia.
En enero y febrero ya no dieron señales de ocuparse de atender esa medida en favor de la población. Corre el mes de marzo y para abril tendrán que presentar su primer informe trimestral –otra medida para tratar de que se note la existencia de la CEGAIP– y entonces ya se verá si por parte de los diputados se actúa en consecuencia… o la transparencia sigue su decadencia.
