Por Victoriano Martínez
¿Cuánto cuesta una copia fotostática simple?
Depende del motivo por el que se la cobren.
Si se trata de un negocio, puede ir desde dos pesos en una papelería pequeña de barrio, a los 35 centavos en un centro de copiado en el que se reproducen grandes volúmenes de documentos.
Tanto uno como otro negocio buscan recuperar el gasto de la reproducción de los documentos y obtener algún margen de utilidad.
Si se trata de un servicio público derivado del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, el cobro no tendría por qué buscar utilidad alguna.
En consecuencia, el cobro que se establece por copia tiene otra motivación que, cualquiera que sea, viola la Ley de Transparencia.
De acuerdo con la ley, por la reproducción de información pública sólo se debe cobrar el costo de los materiales involucrados.
Como todo ingreso a los fondos públicos debe estar establecido en las leyes de ingresos, se hace necesario fijar una tarifa por el servicio de copias simples.
Este año estuvieron vigentes 23 tarifas diferentes en los ayuntamiento, entre las que sólo en 15 se ubicaron entre los cero pesos a un peso.
Zaragoza las ofreció gratis, San Martín Chalchicuautla y San Vicente Tancuayalab a 50 centavos, y a peso Cárdenas, Ciudad Fernández, El Naranjo, Guadalcázar, San Nicolás Tolentino, Santa María del Río, Tampacán, Tamuín, Tancanhuitz, Tanquián de Escobedo, Villa de Guadalupe y Xilitla.
Fueron los ayuntamientos que fijaron las cuotas más apegadas a la Ley de Transparencia.
El pasado miércoles, el ayuntamiento de San Luis Potosí ajusto la segunda tarifa más cara, de 40.30 pesos por copia, para también cobrarla a peso.
Hoy, 42 municipios cobran más de un peso por copia en clara violación a la Ley de Transparencia.
Más de siete de cada diez ayuntamientos violan la Ley de Transparencia y el órgano garante del derecho de acceso a la información no da señales de existir.
Los integrantes de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública dan más de qué hablar por sus gastos en viáticos que por la defensa del derecho que deben garantizar.
Tan solo para asistir a la pasada Semana Nacional de Transparencia, los tres comisionados se gastaron 37 mil 272.82 pesos.
Si la comisionada María José González Zarzosa sorprendió con una propina de 673 pesos, sus compañeros bien pudieron ser más espléndidos, pues cobraron por viáticos mucho más que ella.
La presidenta Paulina Sánchez Pérez del Pozo se gastó 13 mil 880.10 pesos, el comisionado Alejandro Lafuente Torres 15 mil 325.77 pesos y González Zarzosa apenas (comparada con sus compañeros y contando su super propina) 8 mil 66.95 pesos, según la lista de cheques de la Comisión.
Así de caros salen los comisionados para el turismo de transparencia.
Pero más caros resultan cuando no son capaces de defender el derecho de acceder a copias simples al costo que ordena la Ley que ellos deben hacer valer.
Permitir que 42 ayuntamientos obtengan utilidad por el cobro de las copias simples va mucho más de la simple ganancia monetaria: la verdadera ventaja que sacan es que mientras más caras mayor es el obstáculo al ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
En otras palabras, mientras más caras las cobran más queda la CEGAIP como el hazme reír de ayuntamientos que se burlan de su función como garante del derecho de acceso a la información pública.
Dirán que el Congreso del Estado es el que autoriza las Leyes de Ingresos y en ella esos cobros.
Esta semana se conocerán las iniciativas de leyes de ingresos de los ayuntamientos, y si la CEGAIP sigue de turista (acaban de regresar de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara) en lugar de advertir a los diputados sobre esas cuotas, volverán a ser omisos.
Sí, los diputados aprueban las leyes de ingresos. Pero un órgano garante como la CEGAIP está para advertirles las faltas que contra la transparencia se pueden dar en ese instrumento. No lo han hecho.
Hoy tienen la oportunidad de revisar las iniciativas para que por primera vez, en tiempo, analicen, se pronuncien y presionen para hacer valer la ley de transparencia para que el costo de las copias no resulte en un inhibidor del ejercicio del derecho de acceso a la información pública que están obligados a garantizar.
