Por Victoriano Martínez
Se ha hablado mucho de la inutilidad de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) por ser comparsa de la opacidad de los entes obligados. Hoy muestra una faceta que denigra aún más a la institución: indicios de ser utilizada como instrumento para rencillas de politiquería.
Al cierre del mes de octubre, la CEGAIP sorprendió en su tercer informe trimestral con la aplicación de medidas de apremio, con multas incluidas, después de que prácticamente por tres años dejaron de aplicarse.
Habría sido una buena noticia, de no ser porque mantuvo su inercia histórica de castigar al eslabón más débil, los ayuntamientos, e inauguró una vertiente de su aplicación selectiva que abre la sospecha sobre una motivación muy alejada de garantizar efectivamente en derecho de acceso a la información pública.
Cuando por primera vez se renovó la Ley de Transparencia estatal que sustituyó a la primera publicada en el Periódico Oficial del Estado el 20 de marzo de 2003, la nueva legislación –publicada el 18 de octubre de 2007– se abrió la posibilidad para que la CEGAIP sancionara a los entes opacos, aunque la Auditoría Superior del Estado (ASE) fuera la encargada de hacer efectiva las multas.
De acuerdo con los informes anuales de la CEGAIP, entre 2008 y 2016 se aplicaron 756 medidas de apremio con sanción: 542 amonestaciones privadas, 137 extrañamientos por escrito, 50 amonestaciones públicas, 19 extrañamientos por escrito con multas de 50 a 500 salarios, y 8 extrañamientos por escrito con multas de 500 a 1000 salarios.
En sus informes de ese periodo, la CEGAIP no presenta la relación de los sujetos obligados sancionados, ni los montos exactos de las multas. Lo que sí resulta evidente es que se evitaba la aplicación de multas. Sólo en el 3.57 por ciento (27 casos) se aplicaron multas.
En los últimos siete años, de 2017 a lo que va de 2023, la CEGAIP ha aplicado 250 medidas de apremio, según reporta en su Sitio Web. En 208 casos aplicó multas cuyos montos acumulan 6 millones 85 mil 311.34 pesos. El resto fueron amonestaciones y extrañamientos por escrito… y tres canceladas.
Entre 2017 y 2019, la CEGAIP aplicó 172 multas (el 82.69 por ciento), en tanto que en los tres años siguientes apenas aplicó 8 multas (el 3.84 por ciento). La casi desaparición de las multas coincide con la llegada de David Menchaca Zúñiga a la presidencia del órgano garante.
Las 29 multas restantes las acaba de acordar en las sesiones extraordinarias del 14 de junio, 29 de agosto y 29 de septiembre de este año. Aún se encuentran dentro del periodos en el que pueden ser impugnadas por los sancionados.
El resurgimiento de la actitud sancionadora de la CEGAIP (aún lejos de los niveles de la etapa previa a la presidencia actual) coincide con un cambio en su relación con el Congreso del Estado, ya que a partir de este año está obligada a presentar informes trimestrales.
Si su afán es demostrar que sí actúa, la selectividad en su actuación da indicios de que no lo hacen por mejorar la transparencia gubernamental.
Tradicionalmente, la CEGAIP toma a los ayuntamientos como los sujetos obligados con los que puede tener desplantes de ser un órgano severo con los opacos.
De las 250 medidas de apremio aplicadas en los últimos siete años, 208 incluyeron multa, 39 fueron amonestaciones y extrañamientos, y tres fueron canceladas. El 73.28 por ciento le fueron aplicadas a los ayuntamientos, el patito feo de la transparencia o, más bien, a quienes la CEGAIP toma como blanco para mostrarse severa.
De las 41 medidas de apremio aplicadas de 2020 a la fecha, con Menchaca Zúñiga al frente de la CEGAIP, 24 (el 58.54 por ciento) fueron para ayuntamientos. De las 29 determinadas este año, 28 con multa incluida, 15 son contra ayuntamientos, y las restantes 14 contra una sola dependencia: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Cuando la administración estatal se ha caracterizado por altos grados de opacidad con el ocultamiento del costo de obras y compras, y acuerdos de reserva sobre información que debe difundirse de oficio, concentrar las sanciones en una sola dependencia que no es la que ha incurrido por dos años en esas ilegalidades, poco tiene que ver con garantizar la transparencia.
Si se añade el hecho de que, por la dependencia a la que se sanciona, el personaje acreedor a las multas resulta ser Leonel Serrato Sánchez, quien, en sus giros de posturas politiqueras, aparentemente se distanció del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, lo selectivo de las multas aplicadas por la CEGAIP se acerca más a un servicio politiquero que a impulsar la transparencia.
Los comisionados de la CEGAIP, tan maltratados presupuestalmente por el actual gobierno, ¿actuaron por iniciativa propia para congraciarse con Gallardo Cardona, o lo hicieron por encargo?
No hay que perder de vista que, de formar parte de los adeudos por sanciones que le tuviera que cobrar la ASE, hoy Instituto de Fiscalización Superior del Estado, esas multas serían un impedimento para que Serrato Sánchez pudiera ser candidato en 2024, y las tendría que cubrir con anticipación a cualquier postulación.
Y no es que Serrato Sánchez no merezca ser sancionado, pues su rechazo a cumplir con sus obligaciones de transparencia fue muy abierto. El caso es que hay faltas mucho mayores, desde posicionamientos públicos del propio gobernador hasta violaciones flagrantes a la Ley, que, desde su postura selectiva y convenenciera, los comisionados de CEGAIP fingen no ver.
