Por Victoriano Martínez
Si algo ha sobrado en la relación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona con los trabajadores del Gobierno del Estado, desde el principio del sexenio, ha sido la pretensión de aparentar un cambio radical en el trato, sin tener capacidad para sostenerlo ante los compromisos que representan los derechos adquiridos.
Gallardo Cardona llegó al extremo de calificar a los burócratas como huevones y a responsabilizarlos por acaparar gran parte del presupuesto por sus altos sueldos, pero recurrió a los despidos injustificados de uno para contratar hasta tres sin ninguna estrategia para, en todo caso, lograr mejores resultados.
Tan inexistente resultó la estrategia, que en el reciente despido de 20 trabajadores del Instituto Temazcalli no tuvo empacho en señalar que “el 90 por ciento eran de nuevo ingreso, del Gobierno de nosotros (…) ahorita todavía no tenían una función específica”, dijo.
Algo así como que se les contrató por algún compromiso, pero de ninguna manera porque fueran necesarias sus contrataciones. Un criterio que los trabajadores despedidos injustificadamente señalan que se aplica en las áreas donde se despide a uno y se contrata a tres.
El colmo es que, para el caso de los 20 despidos en el Temazcalli, Gallardo Cardona agregó: “Hay que ver si se pueden remplazar por alguien que sí esté calificado”.
El caso Temazcalli resultó una muestra de lo que había detrás de los despidos injustificados en todas las áreas del gobierno estatal, que fueron las primeras confrontaciones con la burocracia por acciones concretas (ya no sólo declarativas) y dieron paso a los plantones de más de seis meses frente al Palacio de Gobierno.
Previo a la realización de la Procesión del Silencio, en Semana Santa, el retiro de los plantones del SUTSGE y del SITTGE se dio sin más información que sendos comunicados escuetos a cargo del propio Gobierno estatal.
Recientemente se ha mencionado la existencia de minutas con compromisos pactados a cambio del retiro de los plantones, pero ni el gobierno ni los sindicatos los han dado a conocer abiertamente.
Si algo más le ha sobrado a la relación de Gallardo Cardona con los sindicatos de burócratas es la opacidad con la que se han tenido acuerdos, y en la que han continuado desencuentros de los que sólo se tiene noticia cuando los sindicatos protestas su incumplimiento. Un manejo de recursos públicos sin que los aportantes tengan derecho a saber de qué manera se dispone de ellos.
Reclamos que finalmente dejan ver que difícilmente se puede aparentar entendimiento y buena relación del gobierno con los burócratas, porque lo que realmente se nota es una escalada en la embestida en contra de los derechos adquiridos de la burocracia, al extremo de regatearles prestaciones que en otros estados están tipificadas como delito.
La mala relación de Gallardo Cardona con los burócratas llega al extremo de disponer del patrimonio de los trabajadores. El fondo de ahorro es de ellos. El sueldo también así sea el incremento retroactivo que no les habían pagado. Y en el caso del bono navideño es una prestación que les pertenece.
Que hace nueve días tuvieran que negociar y acordar fechas para que les entregaran esos recursos da cuenta del extremo al que ha llegado la autoridad para disponer de los recursos que cualquier patrón está obligado a respetar.
Como mención aparte debe destacarse el adeudo del gobierno estatal con la Dirección de Pensiones por ser un recurso descontado a los trabajadores y no reportado, como si en una empresa el patrón descontará a sus trabajadores los pagos de créditos del Infonavit y no los enterara. Un adeudo que en el sexenio actual se ha incrementado ya en mil 657 millones de pesos.
“Va en incremento, ya que, desde hace más de un año, la Secretaría de Finanzas no ha entregado ninguna de las aportaciones que sí han sido descontadas puntualmente quincena tras quincena a los trabajadores”, denunció el SUTSGE.
Mil 657 millones de pesos de los trabajadores que fueron retenidos por la secretaría de Finanzas, que simplemente tendría que haberlos transferido pero que, al no hacerlo, está obligado a explicar que destino se le dio, lo que de ninguna manera justificaría el desvío.
Un panorama que no presagia nada bueno en el futuro de esa relación en creciente conflicto cargado de dudas como el posible incumplimiento de los pagos acordados hace nueve días, sobre los que el SUTSGE ha denunciado que aún les adeudan el 50 por ciento del fondo de ahorro.
Si algo falta en la relación gobierno-burócratas es que se informe con mayor claridad sobre lo que pasa, de manera que el primero no aparente llevar la fiesta en paz, en tanto los segundos dejen esa actitud reactiva ante los agravios hasta el último momento, y adopten una actitud que favorezca que los contribuyentes tengan la certeza de un buen uso del erario.
