Fernanda Durán
Integrantes de la comunidad LGBTQ+ pidieron no votar por los candidatos hombres del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Venado y Villa de Arista, así como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Ahualulco, quienes se registraron con el género femenino; los calificaron como una usurpación de identidad de género y candidaturas apócrifas por parte de partidos políticos.
Las personas inconformes reprocharon a las autoridades del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) por su postura ante las candidaturas otorgadas a personas que se presentan como integrantes de la comunidad sin serlo. Esto al aprobarlos como representantes de la diversidad sexual, pero que bajo el ámbito jurídico no pueden ser cuestionados sobre sus preferencias y el género con el que se identifican.
“Lamentablemente, el Comité Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí aprobó estas candidaturas sin investigar ni tomar las medidas necesarias, permitiendo que estas personas continúen en la contienda electoral”.
Asimismo, manifestaron que es necesario que el Ceepac cuente con una comisión o un observatorio que pueda vigilar estas situaciones y hacer valer los derechos de las personas de la comunidad; mientras que atribuyeron al Poder Legislativo la obligación de blindar ante las lagunas legales, que han sido aprovechadas por las fuerzas políticas para ocupar esos espacios a su entera disposición.
También dieron a conocer que presentaron una impugnación en contra de los acuerdos del organismo electoral que aprobaron estas postulaciones en el sistema de paridad, por lo que esperan una audiencia, con los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, a fin de exponerle sus argumentos y sensibilizarlos para obtener un resultado a favor de su postura.
Aunque reconocieron que existen lagunas legales y deficiencias en el ámbito federal para proteger y respetar los derechos de la comunidad, que requieren reforzarse a través de iniciativas.
Tal y como lo han expresado activistas y expertos en derecho como Urenda Queletzú Navarro Sánchez, la judicializacion es complicada porque no existe un mecanismo de tutela efectiva que permita que concurran las partes que están inconformes por lo que depende de las impugnaciones que se tomen y den paso a otro tipo de auto adscripciones, como ocurrió con las comunidades indígenas.
