Por Victoriano Martínez
La lucha contra la corrupción fue la bandera principal en su discurso de toma de protesta como gobernador, el 26 de septiembre de 2015.
Tan es así que uno de sus primeros actos fue presentar al Congreso del Estado la iniciativa de reforma constitucional para crear el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Aunque tenía el carácter de iniciativa preferente, a los diputados no les importó y rompieron el plazo en el que debían dictaminarla.
Tenían su plan. Lejos de combatir la corrupción, la ejercieron y la promovieron.
Al gobernador Juan Manuel Carreras tampoco le importó, pues hasta los justificó por escrito, en lugar de hacer valer la propia Constitución.
Este miércoles habrá de aparecer en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, con lo que apenas quedaría completado el marco legal para el SEA.
Será hasta el viernes cuando el Pleno del Congreso del Estado la vote… y a esperar que dé resultados.
Medio sexenio y la lucha anticorrupción sigue a medias.
Lo que no tiene freno es la corrupción.
No pasa un solo día en que no se conozca una nueva maniobra de los diputados con facturas de empresas fantasma para apropiarse del erario.
Sin distingo de partidos, los diputados comparten sus tácticas delictivas con los alcaldes, y la Auditoría Superior del Estado se sigue haciendo de la vista gorda.
Ayer fue Mariano Niño, del PAN. Hoy Dulcelina Sánchez de Lira, del PRD. Para mañana anote a cualquiera de cualquier partido y es probable que no se equivoque.
Eso sin olvidar las denuncias penales que existen contra los alcaldes de San Luis Potosí, Ciudad del Maíz, San Vicente Tancuayalab, Cerritos, Ahualulco, Moctezuma, Mexquitic de Carmona y los que se acumulen…
Esa es la corrupción que agrupaciones civiles y trabajos periodísticos han hecho visible.
Hay otra. No se ve, pero igual afecta a todos.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se ha dado a la tarea de medirla como parte de su proyecto Data Coparmex, con el indicador #MxSinCorrupción.
El resultado es consecuente con la inacción del gobierno de Carreras López en el combate a la corrupción.
En enero de este año, el 36.9 por ciento de las empresas experimentaron corrupción en sus trámites públicos.
Para junio de este año, según la segunda muestra del indicador, el porcentaje subió a 38.7 por ciento.
Las experiencias de corrupción crecieron 1.8 puntos porcentuales y ubicaron a San Luis Potosí en el grupo minoritario de los 11 estados donde ganó terreno la corrupción.
Si cada vez más empresarios son víctimas de actos de corrupción desde la administración pública, no había razón para que Carreras López y algunos líderes empresariales se extrañaran, hace dos semanas, de que los empresarios locales reprobaran la actuación del mandatario.
Con el compromiso que ha mostrado Carreras López con la principal bandera de su discurso inicial, poco se puede esperar del combate a la corrupción en lo que resta del sexenio.
Si algo puede esperarse, es que desde la sociedad civil surjan más grupos que acompañen y sigan los pasos de los que hasta ahora han revelado y denunciado las corruptelas en distintos ámbitos gubernamentales.
Todo indica que en la medida en que la presión social se incremente podría abrirse la posibilidad de que un gobernador como Carreras López actúe.
