Alejandro Rubín de Celis
La corrupción en el Congreso del Estado ha alcanzado niveles nunca antes vistos. Teníamos antecedentes de otras legislaturas sobre múltiples irregularidades de sus diputados relacionadas con desvíos de recursos y negocios turbios, pero los legisladores que están en funciones los han rebasado con creces. Y como ya es costumbre, la impunidad los protege.
Apenas unos días después de instalada la LXI Legislatura comenzaron los abusos y el virtual desvío de recursos públicos mediante la compra de facturas ilegales. Como lo ha demostrado la organización civil Ciudadanos Observando con documentos oficiales obtenidos como respuesta a solicitudes de información, diputados panistas consiguieron desde octubre de 2015 facturas apócrifas de una proveedora de nombre Adriana Angélica Peredo Gómez quien ha reconocido haber hecho negocios con los diputados del blanquiazul a cambio de un porcentaje del monto de las facturas. Tan sólo en los meses de octubre y noviembre de 2015, diputados de Acción Nacional habían conseguido facturas ilegales por 478 mil 786 pesos por conceptos como “servicios de mensajería”, “servicios de gestiones por trámites ante instituciones públicas” o “servicios por trabajo administrativo”.
* Las facturas están fechadas en diciembre de 2015 pero corresponden a supuestos gastos hechos en noviembre de ese mismo año.
Nota: sobre las facturas que no aparecen entre el número 099 y el 141 se presentó queja ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip) porque el Congreso se negó a entregarlas.
Después vino el escándalo por el presunto desvío de recursos destinados a ayudas sociales que los supuesto beneficiarios nunca recibieron. El caso más emblemático fue el del diputado Mariano Niño quien recibió un agradecimiento de un presunto beneficiario ¡que había fallecido un mes antes! y cuyos parientes confirmaron que jamás recibió la ayuda en especie por 86 mil 499 pesos que reportó el congresista.
Entre febrero y marzo de este 2018 las organizaciones sociales Ciudadanos Observando y Ganemos presentaron denuncias penales contra los diputados panistas Héctor Mendizábal, Josefina Salazar, Héctor Meraz, Mariano Niño (en contra de este legislador se han presentado cuatro demandas) y el ex diputado del mismo partido, Enrique Flores, así como contra el diputado priísta con licencia José Luis Romero Calzada, por falsificación de documentos para la entrega de apoyos sociales cuyos supuestos beneficiarios nunca los recibieron.
Hay otro caso en el que el Congreso pagó más de 4.5 millones de pesos a la compañía A&M Proveedora de Insumos para la Construcción que tiene todos los visos de ser una “empresa fantasma”, y se ignora el nombre de los diputados que hicieron los pagos porque el Congreso entregó la información incompleta.
Y cómo olvidar la tristemente célebre Ecuación Corrupta en la que el entonces diputado Enrique Flores reveló en una grabación la forma en que diputados y funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE) lavaban cuentas públicas a cambio de dinero de los alcaldes. El caso tiene ya 10 meses y no hay una sola sanción de la Procuraduría de Justicia ni del órgano fiscalizador para los involucrados, sólo hubo despidos y un diputado destituido; tampoco hay resarcimiento de daños al patrimonio público.
En fechas recientes fue destapado un caso conocido como MochesGate relacionado con “obras fantasma” en Ciudad del Maíz, pagadas por diputados que, de acuerdo a trabajo de campo y con el apoyo de personal técnico, Ciudadanos Observando, Ganemos y el Frente Ciudadano Anticorrupción de aquel municipio pudieron constatar que no existían, estaban incompletas o presentaban sobre precio. Ya hay denuncias contra ocho diputados.
La información documental que han obtenido agrupaciones ciudadanas y periodistas la han conseguido a regañadientes, a base de la presentación de solicitudes de información y en muchos casos el Congreso se las han entregado incompleta.
En su más reciente informe trimestral, el Consejo Ciudadano de Transparencia del Poder Legislativo advierte que los diputados no tienen un compromiso real con la transparencia y rendición de cuentas, hay ausencia de información pública muy importante en el portal del Congreso ─que por ley está obligado a difundir de oficio─, hay erogaciones “absurdas y desproporcionadas” en ayudas sociales que no cuentan con un sistema que compruebe de manera clara y eficiente el destino y los beneficiarios de esos fondos. El Consejo reporta un gasto en apoyos sociales, hasta diciembre pasado, de 28.4 millones de pesos en dádivas que el Poder Legislativo no tiene facultades legales para entregar.
¿Donde ha estado la Auditoría Superior del Estado que ha dejado pasar todas estas irregularidades y muchas otras más? ¿De qué sirve que haya un órgano fiscalizador si no es capaz de detectar semejantes anomalías? ¿Los legisladores viven en un estado de excepción?, pues al parecer son los únicos en el sector público de San Luis Potosí que en los hechos no son sujetos de fiscalización.
Estos diputados ya pronto se van pero hay denuncias penales en contra de varios de ellos ─más otras que están pendientes─ ¿Se irán impunemente como se han ido tantos otros de legislaturas pasadas? ¿O por fin veremos a una nueva Fiscalía General y a una Fiscalía Anticorrupción “independientes” actuando con autonomía para que paguen sus fechorías legisladores y funcionarios que a todas luces se puede señalar que han saqueado el patrimonio de los potosinos?
Las preguntas son relevantes no sólo por los diputados y funcionarios involucrados en presuntos actos de corrupción sino porque de acuerdo a investigaciones de la organización Ciudadanos Observando, hay indicios de que varios de estos hechos que han salido a la luz pública se extienden a una red de corrupción que incluye a funcionarios y empleados de dependencias del gobierno estatal, de ayuntamientos y hasta de algún organismo autónomo, y porque los afectados seguirán presentando denuncias en forma creciente por recursos y apoyos que no recibieron o por obras que no fueron ejecutadas.
Veremos si por fin hay justicia o habrá de prolongarse el manto de impunidad que por décadas ha protegido a políticos potosinos.
