Por Victoriano Martínez
Cuando los problemas en una comunidad requieren de la coordinación de distintas autoridades, como en la crisis en el abastecimiento de agua potable a la ciudad, los altos funcionarios exhiben su nula condición de servidores públicos por tratar de sacar raja de popularidad y hasta para fines electoreros.
Antes que buscar juntos las alternativas para servir mejor a la comunidad, además de que cada uno emprende acciones aisladas por considerarlas generadoras de simpatía entre la población, se enfrascan en señalamientos mutuos, abiertos y velados, para buscar que la aprobación lograda se refuerce con desaprobación hacia el de enfrente.
El 30 de junio de 2022, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona sorprendió con el anuncio de que la ciudad tendría garantizado el abasto de agua potable por los próximos 125 años porque había logrado comprometer a la empresa concesionaria del acueducto de la Presa El Realito a invertir 150 millones de pesos para corregir las fallas que provocaban el desabasto.
Dejaba atrás a un alcalde incapaz de negociar con la empresa porque los directivos no lo atendían, incluso no lo atendieron cuando viajó a España. El centenario acto heroico del mandatario no fue más que un desplante propagandístico cuyos resultados parece que no podrán llegar ni en los próximos 125 años.
El 21 de marzo del año pasado, el alcalde Enrique Galindo Ceballos presentó ante el Congreso del Estado el Plan Emergente de combate a la crisis del agua sin la participación del Gobierno del Estado. Surgía un nuevo héroe que le regresaría el agua potable a los habitantes de la ciudad con acciones que históricamente dejó de hacer el Interapas.
Gallardo Cardona acusó a Galindo Ceballos de protagonismo, se deslindó del plan emergente y quedó muy claro que los dos niveles de gobierno que debían coordinarse para verdaderamente servir a la población difícilmente lo harían. Su prioridad es otra: figurar como los salvadores, así sea con acciones aisladas y efectistas, aunque nada resuelvan.
Un plan emergente que, aunque logró importantes avances en un aspecto del problema, más pareció una estrategia de propaganda, con informes esporádicos que antes que eso resultaban actos de promoción personalizada de un personaje autoproclamado héroe hídrico.
Obras de infraestructura que sin duda son necesarias, pero que tienen ese mismo sentido propagandístico como proclamarse visionario por reparar la cortina de la presa de El Peaje o anunciar como una contribución más a la solución del desabasto la construcción de la presa “Las Escobas”. Gallardo Cardona ya evitó ponerle plazo a la solución.
Una exhibición de acciones tan descoordinadas que, muy lejos de llevar agua a las viviendas de la ciudad, bombardean a los habitantes de la metrópoli con una propaganda fastidiosa que difícilmente les quita la sed y mucho menos sirve para cubrir otras necesidades que se atienden con el agua.
Esas intenciones promocionales han marcado de tal manera las determinaciones de las autoridades involucradas, que se han cerrado a escuchar las voces de los investigadores especializados de instituciones de educación superior y de organismos, como el Consejo Hídrico Estatal (CHE), que presentan alternativas libres de la contaminación politiquera.
Una omisión que por su egoísta intención impide que los potosinos puedan contar con un auténtico plan de gestión que, como señala Jonathan Abraham Quintero García, presidente del CHE, debe considerar varios aspectos caracterizados por una coordinación y no una competencia por el traje de héroes.
Y da algunos ejemplos: regular los pagos de los grandes deudores y la explotación y consumo de los recursos por parte de la industria de alta extracción hídrica, cada vez con mayor presencia en la región; vincular la Ley de Aguas y los programas de ordenamiento y crecimiento territorial, a fin de regular la especulación inmobiliaria que agudiza la crisis.
También considerar un abastecimiento equitativo ante las condiciones de desigualdad en el acceso al agua entre los distintos sectores de la población.
Quintero García describió lo que representa la mayor dificultad para resolver el problema del abastecimiento de agua potable en la ciudad ante las obras de infraestructura que realizan las autoridades cada una por su lado.
“No es que esté mal tener más infraestructura, lo que está mal es seguir construyéndola, pensando que es la solución sin querer abordar el origen del problema, en la gestión de los recursos hídricos y la especulación con el suelo y el propio recurso hídrico por parte de grupos políticos y grupos privados que se benefician por la explotación y manejo del suelo y el agua”.
Además del ingrediente politiquero, en la descripción quedan claros los intereses económicos involucrados en el tema en los que sí parece haber acuerdo entre las autoridades para no afectarlos, en perjuicio de la población en general.
El hecho es que, muy lejos de ser genuinos servidores públicos, tenemos autoridades que son aspirantes permanentes a la aprobación ciudadana, pero no por la vía de lograr su beneficio, sino por la de engatusarla con propagandas invasivas que, para colmo, son patrocinadas por los impuestos que la propia ciudadanía paga.
