Por Victoriano Martínez
Desde que la política se degradó a politiquería, quienes participan en procesos electorales parecen más empeñados en llevarla a una mayor degradación que en tratar de dignificarla.
Todo es conseguir votos. Tanto, que la prioridad es echar mano de cuanto recurso tengan disponible para hacer que cada persona mayor de edad se convierta en un voto a su favor. El padrón electoral no se compone de ciudadanos. Es una larga lista de votantes potenciales… no más.
Al ciudadano no lo puede ver como tal, porque tendrían que exponerle razones para merecer su voto. Es más fácil privarlo del derecho a información de calidad para que pueda decidir, y bombardearlo con apelaciones a su emoción que lo motiven a votar por ellos. Y hasta en eso cuentan con el apoyo de la autoridad electoral.
Con el ciudadano se razona. Con el votante potencial se recurre a la manipulación emotiva por cuanta vía sea posible.
Que la sociedad ha dejado de confiar en la palabra y hay que hacerle sentir que las promesas son confiables y en serio… a firmar los compromisos ante notario público.
Que la sociedad actual está inmersa en una tara consumista y las tendencias –sobre todo entre los jóvenes, esos potenciales votantes nóveles que son muchos– los hacen preferir la comida rápida… a equipararse con un combo para pasar del fast food al fast vote.
Que la sociedad vive en una situación precaria y de pobreza porque incumplieron promesas en sus cargos anteriores o, junto con sus antecesores, fueron incapaces de generar mejores condiciones de vida… a incurrir hasta en el delito electoral previsto en el artículo 25 de la Ley Electoral y a repartir despensas, a fin de cuentas la autoridad electoral se hace de la vista gorda.
Que entregar las despensas no les da una garantía de que el votante sienta la urgencia de darles el voto para poder acceder a lo prometido porque para el día de la elección ya las consumió… ¡pues a condicionar el cumplimiento de la promesa a que primero le otorguen el voto! ¡Qué importa si se viola le ley y se incurre en un delito! Ya está visto que la autoridad electoral se hace de la vista gorda.
No. No hay una carrera en la que los candidatos vean cómo evaden la vigilancia de una autoridad electoral celosa del cumplimiento de la ley, no es necesario. Lo que hay es una escalada en la gravedad de los delitos que están dispuestos a cometer para alcanzar la victoria electorera en la que la autoridad electoral se muestra cada vez más timorata.
Si un candidato comete una falta, la autoridad electoral calla. Si alguien denuncia la falta, la autoridad electoral justifica. Si la falta es mayor, la autoridad electoral vuelve a callar. No importa que cada vez sea más grave y burda la falta en la que incurran los candidatos, la autoridad electoral guarda silencio.
A 40 días de la elección, Ricardo Gallardo Cardona, candidato del PT-PVEM, lanzó la tarjeta “La Cumplidora”, con lo que inició la compra de votos en abonos y para comenzar a pagar cuando tenga el triunfo asegurado. Es decir, les comienzo a pagar su voto cuando ya me lo hayan entregado de manera ampliamente notorio.
Una compra de votos con garantía de entrega para el pago posterior claramente tipificada como delito en la fracción VIII del artículo 9 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que comete quien “durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral, solicite votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación”.
Un delito que, según esa disposición, se sanciona de cien a doscientos días de multa y prisión de dos a seis años, para el funcionario partidista o el candidato que lo cometa.
Pero si la autoridad electoral es incapaz de hacer siquiera un llamado público al orden, mucho menos se puede esperar que inicie o impulse las acciones que correspondan para que se respete la Ley, y menos aún que impida que la ciudadanía no se vea humillada con tal afrenta.
La política no sólo ha quedado degradada a una politiquería practicada por quienes se empeñan en degradarla más, sino que en su lucha por sus intereses mezquinos no tienen empacho de atentar contra la dignidad ciudadana, porque no hay autoridad que se atreva a ponerles un alto.
