Por Victoriano Martínez
Si algo ha caracterizado al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que desde la sociedad civil se advirtió que nació muerto, es el constante proceso de degradación a extremo putrefacción que, a su vez, es la clara imagen de la política de combate a la corrupción que ha ejercido el gobernador Juan Manuel Carreras López.
Desde el 6 de abril de 2017 –cuando legalmente se creó el SEA– a la fecha, en ningún momento ha contado con todos los entes participantes en el sistema integrados en su totalidad.
Un Comité de Participación Ciudadana permanentemente incompleto, una Comisión de Selección con vacantes, un Comité Coordinador sin todos sus integrantes, una Secretaría Ejecutiva sin poder ejercer su presupuesto, un Órgano de Gobierno con ausencias, una Comisión Ejecutiva que nunca ha sesionado… y una Fiscalía Anticorrupción que escasamente alcanzó dos años con titular.
Todas las medidas contempladas en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción que, en teoría, habrían de abatir e inhibir actos de corrupción en la administración pública, y que además abrían la posibilidad de que la sociedad pudiera participar en el combate a ese flagela social, quedaron anuladas en el galimatías de la estructura que se dio al SEA.
Si es del lado que corresponde a la participación ciudadana formal en el SEA, la falta de entendimiento y hasta los caracteres individuales de quienes integran la Comisión de Selección y el Comité de Participación Ciudadana resultaron elementos que hasta ahora han convertido en imposible la operación de esas instancias. ¿Así lo calculó Carreras López? Mucha perversidad.
Si es del lado de la representación de la parte gubernamental en el SEA, impedir que opere el sistema pasa por el bloqueo de las acciones de la parte ciudadana como no reconocer al Comité de Participación Ciudadana por no publicar sus nombramientos en el Periódico Oficial, hasta dejar acéfalas instancias como la Fiscalía Anticorrupción.
La falta de voluntad de la parte gubernamental para que funcione el SEA la encabeza, sin lugar a dudas, el gobernador Juan Manuel Carreras López y la muestra más recurrente y notoria la da en los nombramientos que le corresponde proponer, como el del Fiscal Anticorrupción, que no sólo retrasa, sino que se aferra a proponer incondicionales.
¿Cuántos diputados y cuántas veces se pronunciarán porque Carreras López envíe la terna para nombrar Fiscal Anticorrupción faltarán para que el mandatario se digne cumplir con su obligación?
¿Cuántos diputados más fingirán esa preocupación, como este miércoles lo hizo en comunicado de prensa, la diputada Sonia Mendoza, cuando no han sido capaces no sólo de dotar de autonomía constitucional a esa Fiscalía, sino de revisar el proceso de nombramiento que es el origen que convierte a esa instancia en un ente sumiso al gobernador?
Un proceso de degradación a extremo putrefacción del SEA en el que la simulación por la vía de declaraciones por parte de los diputados no significa más que un protagonismo hueco que, en el fondo, no representa nada para atender de fondo el tema del combate a la corrupción.
Les conviene. Los mantiene a salvo de un sistema que pondría sobre ellos una atención con tales obligaciones de hacer pública determinada información que los exhibiría un poco más como lo que realmente son.
Un proceso de degradación a extremo putrefacción del SEA en el que la disputa por la presidencia del CPC resulta irrelevante porque ya no es ninguna novedad, pero también porque los presidentes que ha tenido no han representado ninguna diferencia a favor de que opere el Sistema.
Un proceso de degradación a extremo putrefacción del SEA que cada día exhibe que su diseño institucional de origen se planeó para que no funcionara y, por tanto, muestra que el de Juan Manuel Carreras López pasará a la historia como el sexenio de la corrupción y la simulación de su combate.
